El Rincón de Clío
Criterios
“Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”, reza una máxima de la clase política mexicana. Una clase política que no quiere renunciar a los inmorales privilegios económicos y políticos impuestos por ellos mismos a los miembros de su propia grey.
La sociedad civil y política de este país debe entender que las cosas no pueden seguir como hasta hoy. Si realmente estamos ciertos del cambio que debe darse en nuestro país debemos realizarlo en todas las trincheras. No es momento de pedir que los cambios se realicen en los “otros”, sino aceptarlos en nosotros mismos, sea que estemos en el gobierno o fuera de él.
A no dudar, una de las grandes ofensas hacia la ciudadanía es el elevado estipendio que reciben los funcionarios gubernamentales, sobre todo, los miembros de los niveles más altos de gobierno. No solo se asignan altísimos salarios, sino que reciben diversas compensaciones que elevan en ocasiones al doble su salario nominal.
Es en este contexto, y no en otro, que cobra relevancia la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (conocida como Ley de Salarios Máximos), promulgada el 31 de octubre, que busca hacer respetar la fracción II del artículo 127 de la Constitución, según la cual “ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”. Nada más, pero nada menos.
Nada les ha dolido más de las nuevas disposiciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del Congreso de la Unión dominado por Morena, que amaguen con adelgazar sus robustos sueldos. Así, más temprano que tarde comenzó la rebelión de los juzgadores dorados y sus matraqueros que miran la posibilidad de beneficiarse de lo que puedan conseguir los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación.
Los primeros en levantar la voz en pecho fueron los senadores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC); ellos fueron secundados el viernes 7 de este mes por el ministro Alberto Pérez Dayán cuya resolución establece la inconstitucionalidad de la ley de Remuneraciones, para que la SCJN pida la suspensión provisional de la ley.
No van ni quince días del nuevo gobierno y ya apareció el primer encontronazo entre los tres poderes de la Unión. Históricamente el poder judicial ha permanecido al margen de los reflectores políticos cuidando ferozmente sus intereses particulares; alejado de la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Es sin temor a equivocarme, el poder más opaco en la República.
La rebelión contra la disposición legislativa para que reciban menores salarios los ha irritado sobre manera. Están dispuestos a defender sus millonarios ingresos así sea en contra de la sociedad misma. No les interesa abonar para construir un reparto equitativo de las riquezas y las oportunidades en el país. Lo que los mueve es el amor a su cartera y a los ceros que contenga su chequera. No le demos vueltas al asunto.
La esencia de la Ley de Remuneraciones no es la vulneración del Poder Judicial a manos de los poderes Legislativo y Ejecutivo, sino la reducción de los altos salarios de la burocracia dorada. Si la SCJN se siente vulnerada por la Ley, entonces que sean ellos mismos quienes promuevan la reducción de sus salarios, sin escudarse en la intromisión de su poder. De actuar de manera contraria, estarían demostrando que la supuesta intromisión a su poder es solo un pretexto jurídico para no perder sus millonarios salarios.
@contodoytriques
