En Honduras, la violencia dejó de ser noticia para convertirse en parte de la rutina diaria. A apenas 100 días del gobierno de Nasry Asfura, las cifras estremecen y retratan una realidad imposible de ignorar: 91 mujeres asesinadas y 18 personas LGBTTI víctimas de muertes violentas. Son 109 vidas apagadas en apenas los primeros meses de una nueva administración, mientras el país continúa esperando respuestas concretas, acciones reales y una estrategia capaz de detener una violencia que parece avanzar sin límites. La pregunta es inevitable: ¿dónde están las políticas de prevención?, ¿dónde están las investigaciones efectivas?, ¿dónde están las capturas y las condenas? Porque detrás de cada número hay una familia destruida, una historia interrumpida y un Estado que sigue llegando demasiado tarde.
Cada asesinato representa mucho más que una estadística. Son mujeres que tenían sueños, hijos, metas y familias. Son personas LGBTTI que crecieron y sobrevivieron en un país donde, muchas veces, existir ya implica vivir en riesgo. Honduras sigue siendo un territorio hostil para quienes son diferentes, para quienes desafían el prejuicio y para quienes únicamente intentan vivir con libertad y dignidad. La situación ha llegado a niveles tan alarmantes que desde la Red Lésbica Cattrachas se emitió una alerta regional ante el incremento de muertes violentas contra personas LGBTTI, una advertencia que vuelve a colocar a Honduras como el país más violento de América Latina y el Caribe para la diversidad sexual. Y entonces surge otra pregunta inevitable: ¿cómo llegó Honduras a convertirse en el lugar más peligroso para las personas LGBTTI en la región? ¿Quién está fallando? ¿El sistema de seguridad, la justicia o el Estado entero?
En medio de esta crisis, la diputada Lissi Cano presentó ante el Congreso Nacional una moción para la creación de una comisión especial encargada de revisar todos los casos de femicidios y promover mecanismos de protección para las mujeres en el país. La propuesta recibió respaldo de distintos sectores que reconocen la gravedad de la violencia que enfrentan miles de hondureñas y la urgencia de actuar antes de que las cifras continúen creciendo. La iniciativa representa un paso importante para visibilizar una crisis que durante años ha golpeado a las mujeres hondureñas.
Sin embargo, mientras se anuncian acciones para atender los femicidios, las personas LGBTTI seguimos esperando respuestas concretas del Estado. Seguimos esperando cambios reales, medidas efectivas y el cumplimiento de compromisos históricos asumidos con las personas LGBTTI. Seguimos esperando avances en el cumplimiento de la sentencia de Vicky Hernández y Leonela Zelaya contra el Estado de Honduras. Seguimos esperando garantías de no repetición, protección para las personas LGBTTI y acciones que demuestren que nuestras vidas también importan.
Lo más alarmante es el silencio institucional. Mientras las cifras aumentan, la indignación pública parece durar apenas unas horas antes de desaparecer. Luego todo continúa igual. Los crímenes quedan atrapados en la impunidad y las víctimas terminan convirtiéndose en nombres olvidados dentro de largas listas de violencia. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar las personas LGBTTI para que el Estado cumpla con sus obligaciones? ¿Hasta cuándo las resoluciones internacionales serán tratadas como simples documentos y no como compromisos reales de derechos humanos? ¿Por qué las víctimas LGBTTI siguen esperando justicia incluso después de sentencias históricas? La violencia avanza más rápido que las respuestas oficiales, y eso refleja una realidad dolorosa: en Honduras todavía hay sectores de la población cuya vida parece valer menos.
No se trata únicamente de seguridad. Se trata de derechos humanos, de dignidad y de la obligación del Estado de proteger la vida. Porque cuando asesinan a 91 mujeres en apenas 100 días, no estamos frente a hechos aislados; estamos frente a una emergencia nacional. Y cuando 18 personas LGBTTI son asesinadas en el mismo periodo, la pregunta se vuelve todavía más incómoda: ¿qué tan poco vale la vida de las personas LGBTTI en Honduras? La población merece respuestas claras y no discursos vacíos. Merece políticas públicas reales, protección para los sectores más vulnerables y un sistema de justicia que deje de actuar únicamente después de cada tragedia. Honduras no puede acostumbrarse a contar muertos cada semana, porque el peligro de normalizar la violencia es perder también la capacidad de indignarnos.
Porque al final, un Estado no se mide por sus discursos ni por sus promesas. Se mide por las vidas que logra proteger. Y hoy Honduras le está fallando a las mujeres, le está fallando a las personas LGBTTI y le está fallando a quienes viven con el miedo constante de no regresar a casa. Cada femicidio sin justicia y cada crimen de odio sin resolver son heridas abiertas que también condenan al Estado. Honduras todavía está a tiempo de decidir de qué lado quiere quedar en la historia: del lado de las víctimas y los derechos humanos, o del lado del abandono, el miedo y la sangre. Porque mientras Honduras siga enterrando mujeres y personas LGBTTI, ningún gobierno podrá hablar realmente de seguridad, de paz ni de democracia.
Alex Izán Hernández
Coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género
Red Lésbica Cattrachas
alexizanhn@gmail.com
Cattrachas
