Guadalajara, Jalisco.- En su camino para construir la Línea 3 del Tren Ligero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) compró a sobreprecio varias propiedades; muestra de ello es una finca que estaba valuada en 1 millón 182 mil pesos, pero al final se pagó por ella poco más de 10.2 millones, y lo peor es que el cheque fue entregado a una persona que ya no era propietaria.

El inmueble adquirido a sobreprecio funge como ingreso y salida de la estación elevada número 13 denominada CUCEI, por lo que de no pagarse al actual dueño, Carlos Torres Rodríguez – quien obtuvo la propiedad al ganar un juicio mercantil ejecutivo contra los propietarios iniciales–, clausuraría ese espacio.

El 7 de octubre de 2012, el director general del Centro SCT Jalisco, Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, firmó un contrato de promesa de compraventa con los esposos Graciela Rocha García y Edmundo Rojas Camarena de una fracción de 180.51 metros cuadrados de un inmueble ubicado en la esquina que conforman la calle 44 A con números400 y 398-C, y la avenida Revolución 1473, frente al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI).

El propósito de la compra del terreno era para destinarse al “Proyecto de Servicio de Transporte Masivo de Pasajeros en Modalidad de Tren Ligero, entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque”.

En cláusula segunda del contrato se menciona que el precio de la operación definitiva de la superficie será el que fije el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), “habiéndose expedido para efecto el avalúo número secuencial 01-15-265, número genérico G-101-ZNA”; en consecuencia, el importe total de la operación es de 1 millón 182 mil 387 pesos.

En la cláusula tercera se estableció que el precio convenido se cubrirá en 80%, equivalente a 945 mil 910 pesos, en un mes a partir de la firma del contrato, siempre y cuando se encuentre completo el expediente; el resto, 236 mil 477 pesos, al momento de la firma de la escritura definitiva.

El contrato no sólo fue signado por Bernardo Gutiérrez sino también por la jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos, Ana Rosa Murillo Aceves, y el subdirector de Transporte, Julio Tirado Cañedo.

Sin embargo, la SCT pagó sin justificación 10 millones 222 mil 489 pesos por el inmueble, por medio del cheque 5317 de la cuenta 00151031767 de BBVA Bancomer, con fecha 29 de febrero de 2016, pero se le entregó el 4 de marzo de 2016 a Salvador Carrillo Mora en su carácter de apoderado legal de los esposos y, a la vez, empleado de la pareja en el negocio que había en el lugar.

Las hipotecas

La SCT admite que tras entregar el pago, no inscribió el contrato de compra-venta ante el Registro Público de la Propiedad (RPP).

Ese fue uno de los errores que cometió la dependencia federal, puesto que en RPP está asentado que el inmueble cuenta con un historial de gravámenes.

De acuerdo con el folio 212688, con fecha 3 de febrero de 2009, quedó constancia de que el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) otorgó un crédito de hasta 9 millones de pesos, cantidad a pagarse en 36 meses, a los esposos Edmundo Rojas y Graciela Rocha. En garantía hipotecaron el 100% del inmueble.

El 27 de mayo de 2011, en el RPP quedó inscrito el oficio 2367/2011, emitido por el Juez Cuarto de lo Mercantil, Francisco Javier Rodríguez Cabrales, para informar que de acuerdo con el expediente 3912/2010 se “trabó el embargo” sobre el 100% del inmueble al tener la pareja un adeudo de 1 millón de pesos con BBVA Bancomer. A la fecha, la deuda creció a casi 1.9 millones de pesos.

El 20 de abril de 2012, el Juez Octavo de lo Mercantil, Ramón Ramírez Hernández, derivado del expediente 4204/2010, informó al RPP mediante el oficio 1484/2012, que la propiedad se embarga el 100%, debido a que Inveduc, S.A. de C.V. Rojas y Rocha, deben a BBVA Bancomer 791 mil 843 pesos. Hasta septiembre de 2018, el adeudo con intereses creció a 1 millón 790 mil 426 pesos.

El 26 de mayo de 2015 llegó otro aviso, ahora de la Juez Primero de lo Mercantil, Irma Ramírez Mendoza, para informar que tras el proceso que se realizó bajo el expediente 1430/2011, se determinó “trabar embargo” sobre la finca, al deber el matrimonio y Salvador Carrillo la cantidad de 755 mil pesos a Fojal.

Otra hipoteca

En 2014, el matrimonio recibió una oferta de Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. contratada por la SCT para la liberación del derecho de vía, para comprar una parte de la finca en 6 millones de pesos, puesto que necesitaban el espacio para la entrada y salida de la estación elevada del Tren Ligero, Línea 3.

Edmundo Rojas, al enterarse que recibiría esa cantidad, pidió un préstamo personal el 21 de agosto de 2015 a Carlos Torres por 3 millones 550 mil pesos, como aval quedó uno de sus empleados, Salvador Carrillo. Se comprometió Rojas con Torres a liquidar el pagaré el 22 de febrero de 2016, en cuanto recibiera el cheque de la SCT, pero nunca lo hizo.

El 22 de septiembre de 2016, Carlos Torres presentó un juicio mercantil –expediente 2410/2016– que se radicó en el Juzgado Primero de lo Mercantil contra Salvador Carrillo por el pago total del préstamo, más 124 mil 250 por concepto de intereses. El 18 de octubre de 2016 la secretario del Juzgado, Norma Celina Aguirre Plascencia, ordenó el embargo del inmueble.

El 17 de abril de 2017 la juez Primero de lo Mercantil, Irma Ramírez Mendoza, reiteró que en el RPP se añadiera que se “trabó embargo” del inmueble al deber Salvador Carrillo, en su calidad de aval, 3 millones 550 mil pesos a Carlos Torres.

El 14 de junio de 2018, Irma Ramírez condenó a Salvador Carrillo a pagar el adeudo; en caso de no hacerlo, ordenó rematar el bien embargado.

Los juicios

El 29 de agosto de 2016, dentro del juicio 1430/2011, se realizó una audiencia de remate de la finca y se acordó adjudicarla a Salvador Carrillo. El representante legal de Fojal, Víctor Rodríguez, que estuvo presente ese día, no manifestó ningún desacuerdo.

El 18 de septiembre de 2018, Irma Ramírez efectuó una audiencia de remate del inmueble, tras corroborar que ahora era sólo propiedad de Salvador Carrillo; lo adjudicó a Carlos Torres, con lo que cumplió la sentencia de junio pasado.

Casi un mes después, el 17 de octubre, la juez Irma Ramírez requirió al demandado, Salvador Carrillo, la entrega y desocupación del inmueble, y “en caso de no hacerlo voluntariamente, procédase al lanzamiento”.

Para conseguir una indemnización, Carlos Torres presentó un juicio de amparo –expediente 2762/2017– en el que explica que la empresa Constructora de Proyectos Viales, S.A. de C.V., inició, “sin tener previamente el proyecto ejecutivo, sin haber sido liberado el derecho de vía, ni haber realizado pago indemnizatorio alguno” del inmueble del cual es acreedor mediante “dos embargos trabados, lo que se traduce en la nulidad absoluta del procedimiento administrativo”.

El 11 de julio de 2018, el Juzgado Sexto en Materia Administrativa y de Trabajo recibió la respuesta de Guillermo Nevárez Elizondo, director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT, ante la demanda interpuesta por Carlos Torres.

El funcionario federal manifestó que “no son ciertos los actos reclamados en la forma y términos que refiere” el quejoso, puesto que el inmueble, con una superficie de 262 metros cuadrados, fue “objeto de un contrato de promesa de compraventa, de fecha 7 de octubre de 2015”, celebrado entre la SCT, representada por Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro –quien fue removido de su puesto de delegado el 17 de octubre de 2016– y los “legítimos propietarios otorgaron la posesión”.

Indicó Guillermo Nevárez que “el inmueble ya había salido del patrimonio de los demandados del hoy quejoso, cuando éste trabó el embargo que alude en su demanda de amparo (…) no es materialmente posible que se realice un acto de desposesión en contra” de la SCT, “puesto que el terreno que defiende simplemente no le pertenece”.

El Juzgado decidió sobreseer el amparo en que se solicitaba, esencialmente, el pago de una indemnización, en virtud de que “esta autoridad no ha emitido, dado, recibido y/o ejecutado orden alguna para desposeer” de la propiedad al quejoso.

Estaban enterados

El director general Adjunto de Regulación Económica, Juan Manuel Anaya, recibió el 25 de octubre de 2017 un escrito de Carlos Torres, en su calidad de “acreedor preferente desde el 16 de octubre de 2016”, para pedir la intervención del funcionario federal en el “conflicto de propiedad e intereses”, puesto que en el lugar “se comenzará con los trabajos de construcción” de la estación, sin que “se me hubiese informado o notificado de pago indemnizatorio alguno”.

Junto con el escrito, presentó los certificados de gravamen registrados a su favor ante el RPP.

El 26 de octubre del año pasado, entregó el mismo escrito a Guillermo Nevárez y a Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública. Nunca obtuvo respuesta.

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