Reportaje especial
Uruapan, Michoacán. La gestión de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, enfrenta un acelerado desgaste político y social. A la falta de obra pública propia en el municipio se suman despidos masivos, cuestionamientos sobre su trayectoria académica y administrativa, y una red de acusaciones cruzadas por parte de actores políticos y familiares directos del exalcalde independiente Carlos Alberto Manzo Rodríguez, tras su asesinato.
La postura de la familia y el “negocio de la tragedia”
En entrevista nacional para Fórmula Noticias con la periodista Michelle Rivera, Juan Daniel Manzo, hermano del exalcalde, rompió definitivamente con la edil y con la cúpula del Movimiento del Sombrero.
“La muerte de Carlos se ha convertido en un negociazao para ellos. Negociazao en todos los aspectos. En cuanto hablan del legado, la verdad no han cumplido nada; han hecho todo lo contrario de lo que Carlos representaba”, aseveró Juan Daniel Manzo.
El hermano de la víctima cuestionó el vínculo entre Quiroz García y Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento —hoy detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio—. Denunció que Samuel “N” habría sido recomendado directamente por Grecia y que, tras el crimen, recibió un incremento salarial desproporcionado, pasando de ganar 20 mil a cerca de 70 mil pesos mensuales como funcionario de tercer nivel.
Asimismo, exigió formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación, señalando que existen inconsistencias, triangulaciones de nombres en los expedientes y una “cortina de humo” para encubrir al círculo cercano.
El punto ciego: Los teléfonos celulares
El manejo de la evidencia clave es el punto de mayor fricción. Reporteros locales cuestionaron a la alcaldesa sobre la negativa a entregar a la Fiscalía los teléfonos celulares que utilizaba Carlos Manzo, mismos que podrían contener registros de llamadas y amenazas previas al atentado.
-
La respuesta de la alcaldesa: Quiroz García sostuvo con molestia que su expareja solo utilizaba un teléfono, pese a las evidencias públicas donde se le observaba con múltiples dispositivos.
-
La postura del Movimiento: El diputado local independiente Carlos Tafolla defendió la retención de los equipos asegurando que entregarlos implicaría “dar un cheque en blanco” y arriesgar la información del movimiento político a manipulaciones.
-
La postura legal: El abogado penalista César Gutiérrez Priego advirtió que la negativa sistemática a entregar elementos clave de convicción puede configurar el delito de obstrucción de la justicia para quien retenga los dispositivos.
Por su parte, políticos de distintas fuerzas como el diputado federal Leonel Godoy y el senador Raúl Morón confirmaron haber rendido declaración ante la Fiscalía en calidad de testigos, demandando que las líneas de investigación no excluyan a nadie, incluyendo al círculo de escoltas y a los mandos de seguridad cercanos a la administración saliente.
NOTA DEL AUTOR
Nota de redacción: Este medio cuenta con los soportes de audio, grabaciones de entrevistas y respaldos de documentación administrativa referentes a las declaraciones citadas en este reportaje especial.
