La reducción del 50 por ciento en los presupuestos de publicidad oficial que hasta la fecha ha ejercido en forma discrecional la administración federal de Enrique Peña Nieto (2012-2018), tiene muy preocupados a los dueños de importantes empresas o grupos editoriales, que integran un sistema de medios de comunicación que en México se ha acostumbrado a vivir, mayoritariamente, de los subsidios que los gobiernos federal, estatales, municipales y dependencias de la más diversa naturaleza pagan año con año para comprar voluntades, lealtades y complicidades.
“El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que en su gobierno se concentrará en una sola oficina la política de comunicación social y que se reducirá 50 por ciento el gasto en publicidad gubernamental”, publicó La Jornada el pasado miércoles 22 de agosto del 2018.
“El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que ante su decisión de reducir en 50 por ciento el presupuesto para publicidad oficial, los medios de comunicación ‘están actuando a la altura de las circunstancias’, pues ‘ya han entendido que estamos viviendo tiempos nuevos y nadie me presiona, nadie me está pidiendo convenios de publicidad’”, reseñó Proceso el pasado lunes 15 de octubre del 2018.
El golpe será brutal para muchos medios de comunicación o grupos editoriales que no han sido capaces de generar, de manera profesional y honrada, ingresos legítimos que les permitan ser autosustentables, independientes y aspirar a cumplir con integridad y libertad los imperativos éticos que les comprometen con la verdad, con la libertad de expresión y con el derecho a la información de sus lectores o audiencias.
Una dimensión aproximada del problema la explicó el sábado 26 de septiembre del 2015, Antonio Martínez Velázquez, vocero internacional de la organización Artículo 19, quien dijo en el cierre de la Semana de Innovación y Emprendimiento, organizada por el Tecnológico de Monterrey, campus Puebla: “En México el 60 por ciento de los recursos económicos que obtienen los medios de comunicación provienen de publicidad oficial”.
La publicidad oficial “se distribuye principalmente conforme a criterios políticos e intereses privados y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como censura sutil o indirecta”, señala el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas 2012, presentado el martes 1 de abril del 2013 por las organizaciones Artículo 19 y Fundar, promotoras de las buenas prácticas de Gobierno y defensoras de la libertad de expresión y del derecho a la información.
Artículo 19, organización no gubernamental impulsora y defensora de la libertad de expresión y del derecho a la información, documentó que entre 2013 y 2017, la administración de Enrique Peña Nieto pagó 40 mil 597 millones de pesos en publicidad oficial a medios de comunicación, para tratar de mejorar su imagen y la de su gobierno.
“Es importante destacar que del total del gasto pagado de enero de 2013 hasta diciembre de 2017 (40,597 millones de pesos), el 55.96% fue destinado únicamente a 20 medios de comunicación y el 44.04% restante a un total de 3,108 medios de comunicación. Por su parte, Televisa concentra el 16.45% del gasto y Estudios Azteca 9.70%.
En Jalisco, durante 2017, el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz gastó en publicidad oficial en medios de comunicación -periódicos, radio, televisión e internet- 290 millones 24 mil pesos.
La Universidad de Guadalajara presupuestó para el año pasado 184 millones 162 mil pesos a su secretaría de Vinculación y Difusión Cultural, adscrita al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y para este año tiene considerado un gasto en la misma dependencia de 228 millones 505 mil pesos. La UdeG es la dependencia educativa de gobierno que más dinero gasta en publicidad, lo que le confiere una singular influencia en el sistema de medios de comunicación de la entidad.
En política hay una sentencia que advierte que todo lo que tiene precio es barato. Y durante décadas, a los políticos les ha resultado más barato -y fácil- domesticar con jugosas pautas publicitarias a medios de comunicación, sin tener que asumir la responsabilidad y la preocupación de hacer buenos gobiernos.
Vale la explicación de Artículo 19 en su informe “Democracia simulada, nada que aplaudir”, presentado el reciente martes 20 de marzo de 2018 en la Ciudad de México: “Hay muchas formas de censurar a la prensa y de controlar la información. Algunos de esos mecanismos son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza; la violencia extrema es un nuevo ingrediente”.
Agrega: “El cómo se hará callar al periodista depende de su región, de qué tan famoso es, de qué tan vulnerable sea su economía o contactos políticos. Las represalias van desde una demanda por daño moral hasta el asesinato y desmembramiento del cadáver del comunicador con el objetivo de paralizar de terror a sus colegas. La autocensura por miedo es muy barata y eficaz”.
Al final, en ese esquema perverso y corrupto que vincula a un amplio segmento de los medios de comunicación con el gobierno, se cumple una vez más, fatalmente, la premisa de que siempre que hay empresas y empresarios ricos, hay empleados muy pobres, en este lastimoso caso, los periodistas.
Foto: Cuartoscuro