Puntos y Contrapuntos

Criterios

Como hongos después de la lluvia brotan, casi todos los días, ejemplos palpables que nos demuestran que la corrupción es el cáncer más agresivo y pernicioso que corroe las fibras más sensibles de la sociedad. Y que, enraizada profundamente en las estructuras del gobierno, pudre con singular eficacia todas las actividades sociales que en algún momento tienen contacto con las instituciones públicas.

La corrupción se alimenta, lubrica y fortalece con la impunidad, en un exasperante clima de flagrante, reiterada y temeraria vulneración sistemática de la legalidad y del Estado de Derecho.

Cómplices de tan singular desgaste son, tanto los poderes formales, como los fácticos, que de origen distorsionan el andamiaje jurídico que con sistemática tenacidad ha sido impulsado o diseñado desde diversos ámbitos de la sociedad, pero que una vez en las manos de los presuntos representantes populares, de pretenciosos, pero falsos y mayoritariamente ignorantes legisladores, es manipulado a conveniencia de intereses malsanos, que siempre dejan abierta una puerta trasera por la que pueden escabullirse luego de burlar la ley.

Ustedes tendrán presente que, en el ámbito federal, el 6 de julio de 2016, el Congreso de la Unión promulgó la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. De igual manera, por la misma ruta, el 18 de julio de 2017, el Congreso de Jalisco aprobó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SEA).

Muchas esperanzas quedaron plasmadas en esas normas, pero también quedaron marcadas por muchas insuficiencias, y por las recurrentes trampas o candados para hacerlas ineficaces, casi de origen, y poder burlarlas a discreción.

Aunque, incipientes, y en algunos casos frágiles, son la base para que ciudadanos independientes, en lo individual u organizados en grupos, presionen, aprieten y exijan, a los responsables de los tres poderes del Estado de Jalisco y de la República, que profundicen reformas que podrían ser la esperanza para combatir la corrupción y la impunidad con mejores herramientas jurídicas y con instituciones de fiscalización, procuración y administración de justicia, autónomas e independientes.

El camino es todavía muy largo y sinuoso.

EJEMPLO 1: EN CASA DEL JABONERO EL QUE NO CAE, RESBALA

Cito datos de una nota de Mural, publicada el reciente miércoles 31 de julio del 2019, firmada por el reportero Jonathan Compton.

Una llamada de atención se llevó Aimée Figueroa Neri, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por opacidad. Una persona solicitó nombres y grados académicos de quienes se postularon para ocupar tres direcciones vacantes: la de Coordinación Institucional, la de Desarrollo de Capacidades y la de Inteligencia de Datos.

El SEA reservó la información. Tras la negativa, el solicitante promovió el recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia del Estado (ITEI), que ordenó a la Secretaría Ejecutiva del SEA que dentro de 10 días hábiles emitiera una nueva respuesta y brindara la información solicitada.

Los responsables de la negativa fueron: Jorge Luis Reyes Bravo, encargado de despacho de la Coordinación de Transparencia y su jefa, Aimée Figueroa Neri, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Se clasificó como confidencial indebidamente (…), toda información que se derive de un proceso de selección o reclutamiento para acceder a puestos públicos (…) evidentemente es pública y por lo tanto no puede ser considerada como guardada o no accesible”, expuso Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del ITEI.

Pero no es el único caso que compromete el crédito de Aimée Figueroa Neri. En marzo pasado, las designaciones de los aspirantes a los mismos cargos fueron cuestionadas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, y por las organizaciones ¡Tómala! y Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), debido a que el proceso de selección era poco claro.

Los nombramientos se frenaron y se emitió una convocatoria pública para elegir a los principales responsables de la operación del Sistema Estatal Anticorrupción, que cerrará mañana miércoles 7 de agosto del 2019.

EJEMPLO 2: JUSTICIA FRÁGIL, DE BRAZOS BALDADOS

El pasado viernes 2 de agosto del 2019, Mural documentó, antes que otros medios, un dato muy intrigante: Aunque debía cumplir una condena de 24 años de prisión por delincuencia organizada, de forma inexplicable y sigilosa fue liberado Martín Arzola Ortega, el presunto capo del narcotráfico ejecutado en el restaurante de hamburguesas Carl’s Jr., ubicado en Plaza Galerías, de Zapopan, el reciente miércoles 1 de agosto del 2019.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que Arzola Ortega, de 42 años, había sido detenido el 13 de julio de 2011, y sentenciado a 24 años de cárcel en octubre de 2015. Fue el Juez Tercero de Distrito de procesos penales federales, con sede en Toluca, Raúl Valerio Ramírez, quien lo halló culpable por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El nombre de Arzola Ortega está asociado con el del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues fue uno de sus fundadores, generadores de la violencia que se desató desde 2010, tras ser abatido el entonces jefe de plaza en Guadalajara, Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal.

Conocido como “El 53”, “El Negro”, “El Señor” o “El Gordo”, comenzó a destacar entonces en crímenes, mantas e indagatorias, junto a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” -actual poderoso jefe del CJNG-; Érick Valencia Salazar, “El 85”, y Gustavo Cardona Chardini, alias “El 52”.

El sábado 3 de agosto del 2019, el periódico El Informador desentrañó el misterio con respecto a la liberación del referido capo: El criminal Martín Arzola -alias “El 53”-, abatido el pasado miércoles 1 de agosto del 2019 en una plaza comercial de Zapopan y uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, salió de la cárcel pagando una multa de 5 mil 813 pesos tras no comprobársele sus nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tras la detención y entrada en prisión de Arzola Ortega en julio de 2011, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México le dictó sentencia condenatoria de 23 años en la cárcel el día 2 de agosto de 2015.

Sin embargo -explica El Informador-, el sentenciado interpuso un recurso de apelación alegando tortura, y la sentencia fue revocada por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, dependiente del CJF, en 2016. El procedimiento penal se repuso y el 25 de septiembre de 2018 se dictó nueva sentencia.

En esa fecha, el Ministerio Público del Estado de México no pudo corroborar los nexos de “El 53” con la delincuencia organizada. Sólo le comprobaron la posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, delito por el cual condenaron a Arzola a cuatro años de prisión y 100 días de multa (5 mil 813 pesos). Como ya había cumplido ese tiempo en la cárcel, lo dejaron en libertad.

EJEMPLO 3: MACHETAZO A CABALLO DE ESPADAS

Los datos son de una nota del reportero Francisco de Anda Argumedo, publicados en Mural el reciente viernes 2 de agosto del 2019.

La diputada federal de Morena por Jalisco, Lorena del Socorro Jiménez, fue señalada por el PRI estatal de cobrar “moches” para bajar recursos para obras en el municipio de Guachinango. Según Rubén Ramírez, coordinador de regidores del PRI en el estado, la legisladora por el Distrito 5, que tiene por cabecera a Puerto Vallarta, habría solicitado 165 mil pesos a cambio de etiquetar 40 millones de pesos para construir el tramo carretero Ciénega de Los Ahumada-Llano Grande.

Ese recurso se habría aprobado en sesión de Cabildo del 17 de mayo del 2019 y por adjudicación directa se asignaron 497 mil pesos al proyecto.

El denunciante explicó que, en otra sesión, el 23 de julio del 2019, el presidente municipal Domingo Veliz Peña, les habría pedido a los regidores que hicieran una enmienda al contrato previamente votado por 50 mil pesos, porque le tuvieron que dar ese “moche” a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y le habría descompletado el “moche” a la diputada.

Inclusive, el secretario de organización del PRI en Jalisco, el regidor Hugo René Ruiz Esparza, advirtió que el recurso destinado al pago de “moches” fue encubierto a manera de pago de asesorías en favor de Rafael Camarillo García y Francisco Santiago Castro, quienes habrían sido recomendados por la propia diputada federal de Morena.

EJEMPLO 4: MAGROS AVANCES

Con fecha del lunes 27 de mayo del 2019 el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción dio a conocer su Quinto Informe.

Claro y detallado, advierte en uno de sus puntos importantes: “En lo que toca a las condiciones de operación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que han mejorado desde su precario inicio, volvemos a señalar, como lo hemos hecho desde el segundo informe en agosto del año pasado, que a partir de la reforma anticorrupción se cometió el despropósito de encomendarle a la fiscalía especializada todos los delitos cometidos por servidores públicos”.

Explica que cerca de 7 de cada 10 carpetas que recibe y procesa la citada fiscalía tienen que ver con casos que no implican hechos de corrupción de manera directa. “Solicitamos a la Fiscalía Anticorrupción un inventario al respecto y este fue el resultado obtenido con cifras hasta el 17 de mayo de este año: de 1,817 asuntos recibidos, 92 por ciento no corresponden al ámbito específico del fiscal y sólo se ha concluido el 8%”.

Para subsanar esa fragilidad el Observatorio Permanente del SEA “hizo un nuevo llamado al Congreso del Estado para que se revise y se armonice el Título VII del Código Penal del Estado de Jalisco, con el fin de que esta Fiscalía, que como su nombre lo indica, debe atender sólo delitos de corrupción, no se vea sobrecargada con temas, delitos o asuntos que no le corresponden, pero sí dilatan su labor”.

Además, el observatorio hizo una muy pertinente observación: “Por otra parte, una carencia, no exclusiva de la Fiscalía Anticorrupción, sino que incluye a la misma Fiscalía General del Estado, es la inexistencia de una Unidad de Inteligencia Financiera, esencial en la lucha anticorrupción. No dotar a las fiscalías de los recursos necesarios para montar y organizar este instrumento básico, denota falta de voluntad para que funcionen adecuadamente”.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco establece en su Artículo 6 que “el Sistema Estatal se integra por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Social y el Sistema Estatal de Fiscalización”.

Agrega en su artículo 7 que el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y éste con el Sistema Nacional, y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción, implementación y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Describe en su artículo 9 que son integrantes del Comité Coordinador: Un representante del Comité de Participación Social, quien lo presidirá; el titular de la Auditoría Superior del Estado; el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; el titular de la Contraloría del Estado; un representante del Consejo de la Judicatura Estatal; el presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.

El artículo 10 de la referida ley pretende ser generoso: “Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, la presidencia del Comité Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Social”.

EJEMPLO 5: LA IGLESIA EN MANOS DE LUTERO

Ya se imaginará usted cuándo, el representante de los ciudadanos, el presidente del Comité Coordinador, que sería a su vez el presidente del Comité de Participación Social, tendría posibilidades de sumar en una votación difícil y complicada, al auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez cuya voluntad está hipotecada al Congreso de Jalisco y a los partidos que lo controlar en forma mayoritaria, Movimiento Ciudadano y PAN.

Sería muy difícil que el interés ciudadano pudiera conmover seriamente, en asuntos críticos de corrupción de funcionarios, la voluntad del fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, que carece de autonomía frente a un Fiscal General, Gerardo Octavio Solís Gómez, que a su vez depende del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez.

Difícil que la voluntad ciudadana pudiera condicionar a la contralora estatal, Teresa Brito Serrano, quien no mueve un dedo sin consultar al Ejecutivo estatal.

Imposible que las aspiraciones ciudadanas pudieran quedar depositadas en un representante del Consejo de la Judicatura, que en este caso sería Ricardo Suro Esteves, presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, que como cualquier otro miembro del Poder Judicial, está sujeto a presiones directas de poderes formales y fácticos, como por ejemplo, del cacique de la Universidad de Guadalajara, el exrector (1989-1995) Raúl Padilla López; del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; del padre del exgobernador y exmagistrado, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, y por supuesto, del gobernador en funciones, Alfaro Ramírez.

Difícil que pudiera responder con claridad y firmeza, en casos complejos de implicaciones políticas delicadas, al interés superior de los ciudadanos, la titular del Instituto Estatal de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, quien le debe su puesto al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y su permanencia en el cargo al actual mandatario Alfaro Ramírez.

Tampoco se podría poner mucha fe en el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, cuyos integrantes también llegaron al cargo con la marca predeterminada de algún interés partidista.

Para que el Sistema Estatal Anticorrupción tenga una oportunidad verdadera, la sociedad tendrá que luchar y presionar a los poderes formales, y combatir a los poderes fácticos con los reflectores de la denuncia y la verdad, para que les garanticen autonomía a las fiscalías, a las contralorías y a las auditorías superiores, por lo menos.

Todo lo demás es honrada, honesta, pero cándida buena fe. Hay lobos que caminan por la vida pública con piel de cordero. Eso los hace más peligrosos.