Partidiario

Criterios

Tras la explosión de los principales colectores de Guadalajara aquel miércoles de Pascua (22 de abril) de 1992, que dejó una estela de muertos –muchos más de los 212 oficialmente reconocidos–, heridos y damnificados que nunca fueron cabalmente indemnizados por las autoridades locales y federales, se dijo que era una tragedia que jamás se olvidaría, independientemente de que tardaría muchos años en sanar la herida.

Ahora, 27 años después, son cada vez menos quienes recuerdan el siniestro y sus consecuencias. Incluso, hay muchos jóvenes jaliscienses –muchos más de los que nos imaginamos– que ni siquiera tienen noción de lo ocurrido a causa de la famosa “negligencia criminal”, calificada así por el propio presidente del país, Carlos Salinas de Gortari, para incriminar sólo a las autoridades municipales y estatales.

Por lo general, en las escuelas no se informa siquiera de lo sucedido en la mayor parte del Sector Reforma y que, de alguna u otra forma, afectó directamente a miles de personas; en tanto, muchos padres de familia, sobre todo de las zonas del oriente de la ciudad, que únicamente se enteraron por los medios de comunicación porque jamás fueron al lugar de los hechos, no han dicho a sus hijos lo ocurrido.

Peor aún: el pasado lunes 22, los mismos medios informativos no dieron el despliegue que antaño acostumbraban al recuerdo de la tragedia. Hubo un diario, por ejemplo, cuya portada principal la dedicó al tráfico de animales, acompañada de una foto de caballos que jalan las tradicionales calandrias, compadeciéndolos por el calor. La segunda foto en importancia, allá, muy abajo, era la del atentado en Sri Lanka, pero sin la nota correspondiente, pese a los más de 300 muertos y muchos heridos en tan señalada fecha, como el día de Pascua, y en tan significativos lugares como lo son los templos cristianos.

Nada sobre el 22 de abril

Así, la memoria colectiva se ha ido borrando de la sociedad tapatía misma, no digamos del resto de los habitantes siquiera de Jalisco.

Oficialmente, las autoridades priistas trataron de esconder lo más posible la tragedia y regatearon siempre, por tacaños, lo que les correspondía a los damnificados. No querían asumir su responsabilidad, ni reconocer sus errores y negligencias –el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri se la pasaba mucho tiempo en la Ciudad de México, y allá lo sorprendió la noticia–, porque manchaba su imagen y estaba de por medio su futuro personal y el de su partido, al menos en el estado, tal como pasaría a la vuelta de los días, pues el 30 de abril el gobernador se vio obligado a solicitar licencia.

En tanto, un pequeño puñado de funcionarios encabezados por Enrique Dau Flores, recién estrenado como presidente municipal de la capital jalisciense, y Aristeo Mejía Durán, responsable del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), fueron los únicos que pararon en la cárcel.

De esta forma, Salinas buscó exonerarse a sí mismo y, de paso, al principal causante del estallido: Petróleos Mexicanos (Pemex), que, por la fuga de cientos de miles de litros de gasolina Nova a los drenajes durante días,  hizo volar por los aires casas, carros y, sobre todo, a humanos, que por igual quedaron sepultados bajo toneladas de escombros.

La explosión primero y al año siguiente, el 24 de mayo de 1993, la ejecución en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, vinieron a conjuntar una gran inconformidad en la sociedad en contra de los tricolores y sobrevino su propia catástrofe. Los panistas ganaron las elecciones de cabo a rabo. Éstos, inocentes o ególatras y soberbios, creyeron que el triunfo fue por sus propios méritos y por su propuesta de honestidad que, al paso del tiempo, terminó como terminó, tan cuestionado el panismo.

Recordaba hace 21 días (el 4 de abril) en este mismo espacio, que el primer culpable del gran siniestro fue Pemex y que, para salvarse, Ignacio Morales Lechuga, a la sazón procurador general de la República, le echó la culpa a una empresa privada de químicos.

En esa postura se mantuvo durante mucho tiempo, al menos en tanto fue funcionario público y hasta embajador en Francia como premio al servicio que dio a Salinas de Gortari. Después, un tanto caído en desgracia, reconocería que fue Pemex.

En un amplio reportaje que publicamos en Proceso en esas fechas Francisco Ortiz Pinchetti y quien esto escribe, señalábamos que “desde hacía días, los manómetros de la estación de Pemex en La Nogalera estaban descompresionados, lo que significaba que había fugas de combustible”.

En efecto, alguien había perforado el gasoducto a poca distancia de la planta para robarse el combustible. En Pemex lo sabían pero nada hicieron para evitarlo y sobrevino la tragedia.

Era ya la presencia del huachicoleo, aunque a escala menor que a la de hace poco tiempo. Morales Lechuga, al frente de la PGR entonces, nada hizo por investigar. Si lo hizo, el presidente le impidió darlo a conocer.

En la ceremonia conmemorativa del 22 de abril, realizada el pasado lunes en San Sebastián de Analco, epicentro de la explosión, el gobernador Enrique Alfaro dijo que Pemex debe responsabilizarse de los daños causados, y que lo que al menos debe a Jalisco es una disculpa, al tiempo que se comprometió a “cerrar todos los capítulos pendientes para que esta historia no quede como una más de olvido y de abandono (…) Aquí termina esa historia de negligencia y de irresponsabilidad”.

Ojalá que sea cierta la promesa.