La Villa Panamericana: Por una historia diferente (II parte)

villa panamericana-partidero-guadalajara-convenio-juicios

Elemental

Criterios

 

Eduardo Reyes Lara*

 

No sé quién dijo que nuestra especie es capaz de tropezar con la misma piedra de forma indefinida, pero bien pudo haberlo concluido en la Perla de Occidente. Tenemos poca evidencia de  aprender de nuestros errores y nulo interés en corregirlos; no conformes con convertir en drenaje el río que atraviesa nuestra ciudad, hemos dañado de forma consistente las cuencas y nuestro subsuelo.

Hace alrededor de dos décadas, en nuestra ciudad se vivió un fuerte debate público en torno a la construcción del centro comercial Pabellón ubicado en el cruce de Av. Acueducto y Av. Patria, precisamente ahí, donde ahora las inundaciones son recurrentes en los meses del temporal de lluvias.

En un contexto muy diferente al actual, donde nuestras libertades estaban acotadas a la disposición eclesiástica. Guadalajara era  gobernada por César Coll Carabias, el mismo que llegó a prohibir el uso de minifaldas, cuando se gestaron los primeros pasos administrativos para que a la postre sus sucesores autorizaran la construcción y generaron los primeros pasos burocráticos para otorgar licencias comerciales, aún cuando múltiples investigaciones científicas demostraron la inviabilidad y sus consecuencias. Sin atender la advertencia, las autoridades municipales de aquel entonces permitieron una afectación importante al Parque, antes Bosque de los Colomos, se modificaron los parámetros legales de los planes parciales para afectarlo de forma irreparable, originalmente consistía en 248 hectáreas, y, hoy, solo tiene 138; porque obvio, después le siguieron edificios, cotos habitacionales de lujo y recientemente otro centro comercial, convirtiendo a la zona, paradójicamente, con la más alta plusvalía de nuestra ciudad. Parece que hoy, eso ya no lo recordamos.

Es en este contexto en el que de forma muy afortunada para nuestra historia, emerge de forma valiente la función institucional y pública de la defensa de los derechos humanos. Esa función de representar un contrapeso institucional para que las decisiones públicas siempre tengan, como punto de partida y como puerto de llegada, la construcción de condiciones sociales para que podamos disfrutar y ejercer todos los derechos para todos y para todas. Vale hacer una acotación leguleya, la institución ya existía, pero la función estaba reducida al mero trámite y conteo de expedientes.

La estructura que sostiene las convicciones de la labor del o la defensora de los derechos del pueblo está cimentada en la fuerza de la ética, la pasión en la búsqueda de la justicia y el respeto a la dignidad humana en presente, pasado y futuro; su belleza consiste en el ideal de lo humano y su esencia es la búsqueda del disfrute pleno de los derechos para ejercerlos en condiciones absolutas de paz; esto entendido como un parámetro mínimo para un juicio aplicable a una sociedad demócrata.

Los intereses comerciales de aquel entonces se convirtieron en un balazo en la rodilla derecha de la ciudad, el centro comercial y sus consecuencias ahí están a la vista, lo evidente no tiene más necesidad de explicación, sin embargo hay legados que deben ser retomados. La valiente participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el contexto de la construcción de la plaza comercial fue parteaguas para que la consciencia colectiva de la ciudadanía se apropiara de la defensa de sus derechos. La ausencia de la actual defensoría pública e institucional de los derechos humanos, a la que le invertimos tantos recursos, no puede continuar ajena al debate en torno a las Villas Panamericanas, es su obligación ética y legal encauzar el debate y las decisiones públicas con un sentido de respeto a los derechos humanos desde antes que los acontecimientos concreten afectaciones irreparables.

Histórica y paulatinamente los derechos van consolidando las condiciones para que podamos disfrutarlos cuando aprendemos a ejercerlos y, por tanto, a exigirlos. La participación ciudadana en la toma de decisiones de asuntos públicos es un derecho y las condiciones para ejercerlo han sido, en los últimos 10 años, institucionalmente fortalecidas. Obviar el goce de este derecho conquistado es dilapidar la inversión pública, social y política  que se ha realizado para tal consolidación.

Los procesos y la consolidación de la democracia tienen sentido cuando disfrutamos y ejercemos nuestros derechos, pero también cuando colectivamente somos capaces de organizarnos para defenderlos y exigirlos, así es cómo históricamente hemos venido escribiendo una historia diferente.

 

 

*Opinión de Eduardo Reyes Lara albergada en Elemental, espacio de Andrés Gómez.