Alfredo Rico Chávez
23 de mayo de 2022.- Al interior de las universidades siempre han existido posturas divergentes a los grupos que mantienen el control institucional. En el caso de la Universidad de Guadalajara, existen grupos que no comparten la postura de la dirigencia y los espacios de dirección colegiados existentes, como el Consejo General Universitario.
Sobre esta disidencia, encuentro inconsistencias discursivas que explica de alguna manera por qué no tienen impacto ni eco entre la comunidad universitaria.
Pienso que su lectura de la realidad no empata con lo que ocurre en la casa de estudios. Si bien existe inconformidad por los ingresos del personal, también es evidente que eso responde a una política que afecta a los trabajadores de todo el país y el mundo, no sólo a los de la U. de G. Si echan un vistazo, por ejemplo, a la política salarial de la UNAM, encontrarán una realidad muy parecida, con la misma precariedad y desigualdad en los ingresos de sus trabajadores.
Dentro de su narrativa, la “disidencia” acusa a las autoridades universitarias de ser responsables de esa política salarial, sin tomar en cuenta el trato presupuestal que recibe las universidades públicas y en particular, nuestra Universidad: es la institución de educación superior con el presupuesto por alumno más bajo del país. Ellos deben saber que los responsables de esto son el gobierno federal y el gobierno de Enrique Alfaro, ambos supuestos aliados de la educación pública.
Es absurdo no reconocer que, a pesar de esta situación, la Universidad ha logrado crecer la cobertura más de 110 mil nuevos lugares en los últimos 10 años, llevando educación a todas las regiones del estado; incluso es la primera del país en lograr la admisión al 100% de aspirantes al bachillerato. Cabe decir que este crecimiento en la matricula no ha sido reconocido por el gobierno y se ha logrado sin aumento presupuestal. Tan sólo esto dos datos contradicen el discurso de que la universidad va en decadencia ¿Sobre qué argumentos sostienen su afirmación?
Otros de sus argumentos que se mueven en terreno pantanoso, es que la universidad es la peor en el trato a sus trabajadores y lucra políticamente con las plazas de los jubilados o fallecidos. Desconocen que la U. de G. fue la única en el país en otorgar un aumento especial a universitarios con menores ingreso (7% más), que benefició a más del 60% de los trabajadores; también ignoran que en la actual administración se han congelado las plazas “liberadas” ante los recortes presupuestales del gobierno federal y estatal.
En un desconocimiento total de lo que sucede en la vida pública, piden la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, cuando la U. de G. es la única que es auditada al 100%, tanto por la ASF como por la Auditoría del estado.
Mientras sigan enarbolando un discurso tan desfasado de la realidad, poco contribuirán a que nuestra universidad transite hacia la democratización, la calidad educativa y la mejora salarial. Por el contrario, serán cómplices de los gobiernos que maltratan y menosprecian a la Universidad pública. Enfocan bien su mirada o seguirá perdidos en el horizonte del siglo XXI, que reclama de los movimientos progresistas de hoy, inteligencia y creatividad.
