Felix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. Foto: Especial.

Elemental

Criterios

La construcción de la seguridad pública en el  país ha pasado por una tortuosa ruta para crear un sistema racional, que conduzca a la solución con cuerpos policiacos profesionales y eficientes. El desmantelamiento de lo que en la década de los ochenta se conoció como el Cártel de drogas de Guadalajara , que operaba con total impunidad, connivencia y protección de los gobiernos federal y estatal, bajo la enorme presión que ejerció el gobierno norteamericano, generó secuelas de delitos, propiciados por los grupos que quedaron a la deriva, sin los recursos de que habían dispuesto y el rompimiento de las cadenas de transporte y venta.

Como consecuencia la delincuencia derivó al secuestro de personas y al asalto y robo en las carreteras del país, entre otros, mismos que generaron inconformidad social que obligó al gobierno federal a actuar. Como fenómeno complementario se presentaba la saturación de los reclusorios del país, con motines constantes, autogobiernos y violencia. Eran lugares en los que recluían a peligrosos delincuentes federales en convivencia con los del fuero común, que los convirtió en un polvorín de constantes explosiones.

Paralelo al fenómeno anterior y con mucho consecuencia de la corrupción que se acentuó en el periodo de Miguel de la Madrid, una de las decisiones más criticadas de Carlos Salinas en su momento, fue el nombramiento de Enrique Alvarez del Castillo Procurador Federal. Completó el cuadro otros funcionarios impresentables como el subprocurador encargado de atender la delincuencia organizada, Javier Coello Trejo, que operó una Policía Judicial que violentaba con total impunidad los derechos humanos, plagada de delincuentes y violadores de mujeres. Incorporó además de sus comandantes y policías delincuentes, a enemigos de los líderes del Cártel de Guadalajara lo que originó además de la ejecución de el primer círculo de Félix Gallardo,  la creación de una nueva célula delictiva que con el tiempo dirigió Joaquín Guzmán Loera.

Fueron varias acciones las que se tomaron en la década de los noventa como respuesta a un diagnóstico elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La primera de ellas fue la desaparición constitucional de la prueba confesional como núcleo del proceso penal, para desincentivar la tortura como método de investigación, otras la generación de un programa de construcción de centros de detención federal de mediana y alta seguridad, acciones concretas como patrullaje intenso en carreteras para frenar los robos, crear y capacitar grupos especiales en los estados y en el gobierno federal, para investigar y acabar con la industria del secuestro.

Desde la campaña de 1988 se habían presentado algunas propuestas para atacar el problema de seguridad pública, entre otras aparecía la creación de un Centro Nacional de Información que aglutinara la información delincuencial del país, al que pudieran acudir a consulta todos los órganos de seguridad pública.

El débil gobierno de Zedillo no logró avances de consideración, salvo la creación equivalente a una Policía Preventiva Federal, que fue construida con personal y equipamiento militar, así se construyó una improvisada valla para contener el creciente fenómeno delincuencial.

Al final del gobierno de Vicente Fox y en un aparente intento de frenar lo que el mismo régimen había creado, el crecimiento incontenible de grupos como fue el caso de los violentos y temidos Zetas, desde luego con la complicidad de policías, militares y familiares de quienes administraban el país, se hizo el primer esbozo de un Sistema de Seguridad Pública.

Fue con Felipe Calderón en que se dio forma a lo que terminó por llamarse Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este sistema se construyó con el apoyo del Departamento de Estado Norteamericano y con una fuerte inversión del Plan Mérida para lo que se tomaron las experiencias de Colombia y sistemas policiacos internacionales exitosos.

El sistema abarca desde la prevención de la delincuencia, la investigación y persecución del delito, la administración penal de justicia y como última etapa la readaptación del infractor. Para atender ese complejo universo se hicieron reformas constitucionales y de leyes, federales y estatales, que dieran soporte a las estrategias y acciones que se creaban.

El sistema comprendía la participación de todos los poderes federales y de las entidades estatales y los municipios en su consulta y su participación. La forma orgánica comprende un centro Nacional de Información que alimentan todos los organismos preventivos y de investigación, procuradurías o fiscalías, tribunales de justicia y reclusorios.

Tiene además varias vertientes por ejemplo una es la información de delincuentes y delitos, otra es de policías y ex policías, que se le llamó Plataforma México. El Sistema Nacional tiene a su cargo el Sistema de Desarrollo Policial en el que se incluyen evaluaciones y capacitación con un Centro especializado para evaluar así como academias, con procesos rigurosos de certificación de las mismas y todo un esquema para selección y promoción del personal.

El sistema arrancó en 2009, y fue hasta 2010 en que logró consistencia, se desarrolló hasta parte de 2012, en que viene el cambio de gobierno con la llegada de Peña Nieto. Aun en embrionario proceso lo toma el nuevo régimen que si bien no presentó oposición a su funcionamiento, tampoco hizo mucho por consolidarlo. Parte de ese desinterés generó fricciones con el presidente norteamericano Barack Obama, a quien le molestó se dejara abandonado el enorme gasto que el departamento norteamericano había hecho, para apoyar la seguridad pública en México. Ese es el marco en que ahora se injerta un esqueje de distinta especie al que han llamado Guardia Nacional, producto de la imaginación del actual gobierno federal y del que se desconoce si será efectivo o solamente una nueva ocurrencia en la errática ruta de la seguridad pública.