Por Claudia García Hernández
Diputada Federal, Distrito 7 de Tonalá
El Cerro de la Reina, ubicado en el municipio de Tonalá, es un espacio emblemático de nuestra ciudad por varios motivos:
-
Es un espacio histórico por la resistencia indígena encabezada por la Reina Cihualpilli Tzapotzinco, gobernante de Tonalá al momento de la llegada de los españoles en 1530, liderados por Nuño de Guzmán.
-
Es un punto clave de infiltración de agua, pues forma parte de la cuenca del río Osorio, la única cuenca a cielo abierto de la ciudad, que contribuye a la formación del Río Azul y otros afluentes.
-
Es también un espacio público, mirador natural y punto de convivencia familiar, adecuado para rutas de senderismo, eventos culturales y actividades nocturnas.
Sin embargo, en los últimos años, el Cerro de la Reina se ha convertido en un espacio de disputas entre quienes buscan urbanizarlo y privatizarlo, y quienes defienden su preservación como un lugar público, abierto y libre de proyectos urbanos.
En 2014, durante el gobierno municipal de Jorge Arana, se impulsó el “Centro Cultural Yolkan”, promovido por el Gobierno del Estado, el municipio de Tonalá y la Universidad de Guadalajara, institución que diseñó el proyecto. Este contemplaba infraestructura para fomentar la cultura, las artesanías, el diseño y el turismo, incluyendo pabellones comerciales, gastronómicos y hasta un teleférico que conectara el cerro con otras zonas de Tonalá. Sin embargo, nada de esto fue consultado ni socializado con ciudadanos, colectivos o la comunidad indígena nahua. Ante la fuerte oposición, el proyecto fue cancelado en 2016.
Más recientemente, se presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para ceder parte del cerro a la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. La propuesta fue rechazada por colectivos tonaltecas como Defendamos al Cerro de la Reina, quienes cuestionaron la falta de garantías para mantenerlo abierto al público, libre de privatización, con respeto a su carácter sagrado y bajo protección comunitaria. Además, exigieron respeto a la Recomendación 15/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que establece el reconocimiento de los colectivos ciudadanos como interlocutores en las decisiones sobre el cerro, y señalaron la ausencia de estudios formales sobre factibilidad, impactos, presupuesto y límites de uso.
En marzo de 2025, en un hecho sin precedentes, la comunidad indígena nahua, con apoyo de colectivos ciudadanos, publicó un decreto que declara al Cerro de la Reina como Área Natural Protegida y Espacio Biocultural. Este decreto busca blindar al cerro ante proyectos de urbanización y preservar sus valores culturales, naturales, ceremoniales, hidrológicos y patrimoniales. Su publicación fue posible gracias a la reforma constitucional al artículo 2, aprobada a fines de 2024 en el Congreso de la Unión, donde se reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derechos.
El 23 de enero de 2025, un amparo federal ordenó al Ayuntamiento de Tonalá respetar el derecho de consulta previa, libre e informada de la comunidad indígena sobre su territorio ancestral. El decreto fue publicado simbólicamente el 25 de marzo, en conmemoración del 495 aniversario de la resistencia indígena frente a Nuño de Guzmán.
Desde 2021, cuando fui diputada en el Congreso de Jalisco, hasta la actualidad, como diputada federal del Distrito 7 de Tonalá, hemos acompañado a los colectivos en la lucha por proteger este espacio con una figura jurídica que lo resguarde de los intentos de privatización. Más recientemente, se ha sumado a este esfuerzo la comisionada Claudia Gómez Godoy, designada por la presidenta Claudia Sheinbaum para restaurar la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Tenemos así una nueva aliada en la defensa del cerro, dado que, como ya mencioné, es parte de esa cuenca y una zona de recarga hidrológica.
Como diputada federal, como vecina de Tonalá —donde vivo desde hace más de 30 años—, como defensora de las comunidades indígenas y como aliada de los colectivos ciudadanos, apoyaré siempre la defensa del Cerro de la Reina como espacio público, sagrado, histórico y vital para la recarga de agua en nuestro municipio. Estoy convencida de que, como morenista fundadora, los servidores públicos tenemos la obligación de atender las demandas de la gente y preservar sus derechos.
