24 de marzo de 2022.- En el estado de Jalisco, donde la cifra de desaparecidos ya rebasó los 16 mil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), emitió una recomendación a varios ayuntamientos y dependencias del gobierno estatal, principalmente la Fiscalía General, por su “deficiente actuación” en las investigaciones y seguimiento en torno a la desaparición de 14 personas durante 2019 y 2020.
“La CEDHJ acreditó la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o pocas acciones de búsqueda efectiva y localización, la victimización secundaria, y la intimidación y amenazas que han sufrido los familiares de 14 personas desaparecidas”, señala la CEDH a través de un comunicado.
Detectó la falta de personal y el excesivo trabajo de las dependencias, y como ejemplo puso que tan sólo en la Fiscalía de Desaparecidos, hay agencias que tienen a su cargo hasta 800 carpetas de investigación.
Por todo lo que consideraron violaciones en los procesos de búsqueda de estas 14 personas, la CEDH emitió recomendaciones de atención conjunta al fiscal del Estado, a la fiscal especial en Personas Desaparecidas, al director del IJCF, así como a las y los presidentes municipales de Chapala, El Salto, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.
Fueron desapariciones denunciadas, cinco ocurrieron en 2019 y nueve más en 2020 y se refieren a dos mujeres y 12 hombres; asimismo, de las catorce personas desaparecidas, sólo cuatro han sido localizadas, lamentablemente sin vida.
En dos de los casos existió el señalamiento sobre la posible intervención de servidores públicos de la policía estatal, municipal o de la Fiscalía del Estado, según la CEDH.
En todos los casos se observaron una serie de irregularidades que asegura la CEDH, hasta el momento han impedido la localización de 10 personas, así como la identidad y el paradero de algunos responsables de las desapariciones, así como de la muerte de cuatro personas localizadas; “por tanto, se ha faltado al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño”.
Son varias las omisiones e irregularidades que argumenta la CEDH, por lo que se dedujo que faltan condiciones óptimas para el trabajo de los servidores públicos involucrados.
La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en 2021 contaba con 14 agencias del Ministerio Público integradoras, una de litigación y tres más en Protocolo Alba para atender los asuntos del Distrito Judicial I, correspondiente al área metropolitana de Guadalajara, y 13 agencias en los distritos judiciales del interior del estado, “es decir, 30 agencias que atienden 11 117 indagatorias, según las carpetas de investigación que reporta el Sisovid al 31 de diciembre del año pasado”.
“Con lo anterior se concluye que cada agencia tiene a su cargo, en promedio, 370 investigaciones. Sin embargo, el personal de la Fiscalía Especial manifestó que en el Distrito Judicial I hay agentes que tienen a su cargo hasta 800 carpetas de investigación, mientras que en otros distritos judiciales hay personal ministerial que tiene asignadas hasta 500”, señaló la CEDHJ.
El 9 de marzo de 2021, el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó, mediante oficio, que, al 5 de febrero de ese año, se tenían 890 cuerpos, 1 658 secciones anatómicas y 283 restos óseos bajo resguardo de esa institución en sus diferentes delegaciones.
“Esta situación ha generado una excesiva carga laboral en las diferentes áreas del IJCF que tienen la obligación de elaborar los dictámenes periciales de identificación humana, principalmente en el laboratorio de genética, donde se ha generado retraso en la labor pericial para la emisión de perfiles genéticos de los familiares de personas desaparecidas”.
Lo anterior se ha visto reflejado en el incremento de quejas presentadas ante la Comisión por el retraso de hasta casi dos años para lograr la plena identificación o conformación de los cuerpos segmentados y, por consiguiente, la entrega a sus familiares.
