Las familias de las personas desaparecidas han hecho un gran trabajo en el Congreso de Jalisco para la elaboración de la Ley de Declaración Especial de Ausencia y la Ley de Personas Desaparecidas. Sin embargo siguen a la espera de que la Legislatura cumpla su responsabilidad para que existan normas claras, eficientes y producto del consenso entre los y las beneficiarias y las autoridades que las aplicarán.
Las familias están preocupadas ante las solicitudes de licencia de las y los legisladores por las campañas electorales que se avecinan, ya que temen que la discusión y aprobación de las leyes no concluya de forma adecuada y acorde con el contexto de urgencia de la entidad.
Este sábado 17 de enero se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Así congresos locales tenían 180 días ─seis meses─ para emitir ambas.
No obstante, el Congreso del estado tiene un vergonzoso atraso de 914 días ─casi tres años─ en la emisión de dichas leyes, esenciales para Jalisco.
En el estado todavía se trabaja en varias leyes que abordarán de manera integral la atención de las autoridades ante el grave problema de la desaparición de personas, así como la protección de sus familias. Una de ellas, la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, está lista para ser aprobada tras varios meses de trabajo. No así la Ley de Personas Desaparecidas, que está en proceso de revisión entre las familias, sus organizaciones aliadas, las autoridades que la aplicarán y los y las legisladoras.
Esta segunda ley ha sido causa de desconfianza, por la actuación de algunos legisladores. El 18 de diciembre de 2020, colectivos de familiares de personas desaparecidas junto con organizaciones aliadas clausuraron el Congreso de Jalisco, para evitar que se dictaminara y aprobara con prisa una Ley de Personas Desaparecidas que no han terminado de revisar. Ese día estaba previsto que se aprobara la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. Un día antes, el 17 de diciembre, las colectivas de familiares de desaparecidos advirtieron que habría un madruguete legislativo, como se le llama a la aprobación apresurada de las leyes.
Las familias buscaron al diputado Jorge Eduardo González Arana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso, así como al responsable del órgano técnico de la Comisión, Omar Ortiz, para pedirles explicaciones. No obtuvieron respuesta. Los rumores resultaron ciertos: mientras se realizaba la clausura simbólica del recinto legislativo y una manifestación pacífica en la calle, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de Jalisco se publicó que la Comisión de Derechos Humanos discutiría y aprobaría un dictamen de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.
Lo anterior causó gran desconcierto. Se trataba de un documento distinto al que todavía se está revisando en las mesas de trabajo o técnicas que incluyen a las familias, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y autoridades.
Es por esto que Las familias de las personas desaparecidas hacen un llamado para que el Congreso de Jalisco apruebe a la brevedad la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco y respete los acuerdos establecidos para la revisión de la Ley de Personas Desaparecidas en las mesas técnicas.
Según la plataforma de Sisovid, hay 9 mil 959 personas desaparecidas al 31 de diciembre de 2020. Es inaudito que las familias de personas desaparecidas además de buscar a sus seres queridos, tengan que buscar a las y los diputados para que cumplan con su obligación de legislar.
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