Hay cifras que duelen, pero hay otras que deberían avergonzar a una sociedad entera. 54 muertes violentas de personas LGBTI. 54 vidas arrebatadas, 54 historias interrumpidas y 54 personas que tenían sueños, familias, afectos y un futuro que les fue negado. Recientemente, Cattrachas publicó en sus redes sociales una alerta sobre las 54 muertes violentas de personas LGBTI registradas en Honduras en el periodo del 01 de enero al 21 de octubre de 2026, según los datos del Observatorio de Violencia Social de Género de la red lésbica cattrachas, a través de su sistema TMIS. Una cifra que debería provocar indignación nacional, especialmente porque, sin haber finalizado el año, ya supera las cifras registradas en años anteriores. Y entonces me pregunto: ¿cómo es posible que sigamos superando cifras de años anteriores sin que exista una reacción proporcional a la gravedad de esta realidad? ¿Cuántas personas más tienen que morir para que la violencia contra la población LGBTI deje de ser vista como un problema que solamente nos corresponde denunciar a quienes formamos parte de esta comunidad?
Para muchas personas, aquella alerta pudo haber sido simplemente una publicación más en sus redes sociales, una cifra preocupante que genera indignación durante unos segundos y después desaparece entre otras noticias. Pero para mí no es así. Trabajo en Cattrachas, formo parte de la coordinación del Observatorio y soy un hombre trans. Eso significa que esta realidad me atraviesa desde dos lugares que no puedo separar: desde la responsabilidad de documentar la violencia y desde mi propia existencia como parte de la población que la enfrenta. Hay algo profundamente doloroso en registrar la muerte violenta de una persona sabiendo que detrás de ese expediente existía alguien que, como yo, tenía proyectos, aspiraciones y el derecho de construir su propia vida. Porque nuestro trabajo no consiste simplemente en ingresar nombres, fechas y lugares en un sistema; consiste en preservar historias, documentar hechos y evitar que esas muertes desaparezcan en el silencio. Sin embargo, mientras realizamos ese trabajo, también surgen preguntas difíciles: ¿quién nos prepara para documentar una y otra vez la muerte de personas de nuestra propia comunidad? ¿Cómo se aprende a convivir con cifras que representan vidas arrebatadas? ¿Por qué, después de tantos años de lucha por los derechos humanos, todavía necesitamos demostrar mediante estadísticas que nuestras vidas están siendo violentadas?
Y hay algo que me indigna profundamente: la facilidad con la que nuestra sociedad parece acostumbrarse a estas muertes. ¿En qué momento normalizamos que una persona LGBTI sea asesinada? ¿Por qué algunas muertes provocan conmoción nacional mientras otras apenas ocupan unos segundos en los medios de comunicación? ¿Acaso el valor de una vida depende de la orientación sexual o identidad de género de quien la pierde? Resulta todavía más preocupante observar cómo, en determinadas ocasiones, las víctimas son juzgadas incluso después de haber sido asesinadas. Se cuestiona dónde estaban, con quién se relacionaban, a qué se dedicaban o cómo vivían, como si necesitaran demostrar que eran personas intachables para merecer justicia. Nadie tiene que demostrar que merecía vivir. Ninguna persona pierde su dignidad por su identidad de género, su orientación sexual, su condición económica, su ocupación o sus decisiones personales. El derecho a la vida no puede depender de la aprobación moral de una sociedad que, demasiadas veces, parece más interesada en cuestionar a las víctimas que en exigir respuestas sobre los crímenes cometidos en su contra.
Como hombre trans, esta realidad también me obliga a pensar en mi propia existencia. En lo que significa vivir en un país donde todavía tenemos que explicar quiénes somos, defender nuestros nombres, justificar nuestras identidades y exigir derechos que deberían estar garantizados para todas las personas. Yo no quiero que algún día mi nombre aparezca en un expediente del Observatorio. No quiero que mi historia termine reducida a una fecha, un lugar y una causa de muerte. No quiero que mi identidad sea reconocida únicamente cuando ya no esté aquí para defenderla. Quiero vivir, envejecer, construir mis proyectos, amar, trabajar y tener la oportunidad de imaginar un futuro sin que el miedo sea una condición permanente de mi existencia. Y eso mismo merecían las 54 personas que hoy forman parte de este registro. Merecían llegar a casa, celebrar otro cumpleaños, abrazar a sus seres queridos y continuar sus vidas. ¿Quién responde por esos futuros interrumpidos? ¿Quién responde por las familias que esperan justicia? ¿Quién responde cuando una muerte violenta termina convirtiéndose en otro expediente sin respuestas?
Desde el Observatorio de Cattrachas documentamos estos hechos y damos seguimiento a los procesos de investigación y judicialización, porque entendemos que cada registro representa una vida humana y una responsabilidad de preservar su memoria. Pero también debemos reconocer algo fundamental: documentar la violencia no significa que estemos logrando prevenirla. Esa responsabilidad corresponde al Estado hondureño, que tiene la obligación de garantizar la protección de todas las personas sin discriminación. Por eso es necesario cuestionar: ¿qué medidas concretas se están implementando para prevenir nuevas muertes? ¿Cuántos de estos casos han sido esclarecidos? ¿Cuántas familias han encontrado justicia? ¿Se están investigando adecuadamente las posibles motivaciones relacionadas con prejuicios por orientación sexual o identidad de género? Aunque no podemos afirmar que todos los casos registrados fueron motivados por odio sin que las investigaciones lo determinen, tampoco podemos permitir que esas posibilidades sean ignoradas. La ausencia de investigaciones exhaustivas y la impunidad, cuando existen, no solamente afectan a las víctimas y sus familias, sino que debilitan la confianza en las instituciones y pueden favorecer la repetición de la violencia.
También necesitamos cuestionar la responsabilidad social. Porque la violencia no comienza necesariamente con un asesinato; puede alimentarse mucho antes, cuando se normalizan las burlas, cuando se justifica la discriminación, cuando se utilizan discursos para deshumanizar a las personas LGBTI o cuando nuestras identidades son presentadas como una amenaza. ¿Qué estamos enseñando cuando permitimos que una persona trans sea humillada por su identidad? ¿Qué responsabilidad tienen quienes utilizan espacios de influencia para promover el rechazo hacia la diversidad sexual? ¿Cómo podemos hablar de respeto por la vida mientras seguimos discutiendo si determinadas personas merecen ejercer sus derechos? No podemos normalizar el desprecio y después sorprendernos ante las consecuencias de vivir en una sociedad atravesada por la discriminación. Tampoco podemos defender los derechos humanos únicamente cuando las víctimas piensan, creen o viven como nosotros. Los derechos humanos no son privilegios que se conceden según las convicciones personales; son garantías inherentes a todas las personas.
No se trata de competir con el pasado ni de establecer qué período fue más doloroso, porque ninguna vida puede compararse con otra. Se trata de comprender que cada aumento representa personas que ya no están y que, mientras seguimos documentando, la violencia continúa siendo una amenaza. Me duele pensar que no existe ninguna garantía de que esta cifra permanezca en 54 cuando termine el año. Me indigna que, mientras las organizaciones seguimos registrando, investigando y denunciando, todavía tengamos que insistir en algo tan elemental como nuestro derecho a vivir. No quiero que el trabajo del Observatorio se mida únicamente por la cantidad de muertes que logramos documentar; quiero que algún día podamos hablar de menos violencia, de justicia efectiva y de personas LGBTI que pueden vivir con dignidad y seguridad. Porque somos mucho más que las estadísticas de violencia: somos personas que estudian, trabajan, aman, crean, defienden derechos y contribuyen diariamente a construir este país.
A quienes vieron la alerta publicada por Cattrachas quisiera hacerles una pregunta: ¿qué sintieron cuando leyeron que 54 personas LGBTI habían muerto violentamente? ¿Indignación, tristeza, preocupación o simplemente continuaron deslizando la pantalla hacia la siguiente publicación? No se trata de señalar individualmente a nadie, sino de cuestionar la indiferencia colectiva. ¿Cuántas alertas más tienen que publicarse para que Honduras comprenda que no estamos hablando de números, sino de vidas humanas? ¿Cuántos expedientes más tendremos que abrir para que la prevención sea una prioridad? ¿Cuántas familias más tendrán que esperar justicia?
Hoy son 54 muertes violentas. Mañana no debería ser una más. Porque no nacimos para convertirnos en estadísticas: nacimos para vivir. Y ninguna sociedad debería necesitar 54 vidas arrebatadas para comprenderlo.
