Guadalajara, Jalisco.-El posicionamiento del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio un giro este viernes 21 de noviembre al respaldar la decisión judicial que dejó en libertad a 32 de las 40 personas detenidas por los disturbios del 15 de noviembre en el Centro de Guadalajara, después de haber afirmado días antes que 17 de ellas eran “de alta peligrosidad” y que permanecerían en prisión entre tres y diez años.
“Yo respaldo la decisión autónoma de un juez de Jalisco de haber liberado a los otros 32 jóvenes… En Jalisco respetamos el derecho a la libre manifestación… Ocho patanes delincuentes están vinculados a proceso y se van a quedar años en la cárcel, que fueron los que golpearon a mujeres policías”, declaró.
El mensaje contrasta con su postura previa, cuando señaló que un grupo de 17 personas provenientes del Estado de México y Michoacán habría llegado a Jalisco como “golpeadores pagados” y que, por los daños cometidos, “se quedarían un muy buen rato en la cárcel”.
Aquel señalamiento se sustentó en la hipótesis de que los disturbios fueron provocados por un “grupo de choque” trasladado en camiones para desviar la atención de acontecimientos ocurridos ese mismo día a nivel nacional.
En este tenor, dio a conocer que dos policías tapatíos se encuentran bajo investigación por cometer “excesos” durante la manifestación.
“Equilibrio, justicia, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde”, concluyó.
En Jalisco hay justicia y cada quien recibe lo que le corresponde; respaldamos totalmente la decisión del juez que ordenó liberar a 32 personas y llevar a proceso a 8 que participaron en la marcha del 15 de noviembre.
Además, hay dos policías en proceso de ser sancionados por… pic.twitter.com/w7AeCRkaSN
— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 21, 2025
Se desdibuja la versión sobre los 17 detenidos de “alta peligrosidad”
Lemus Navarro sostuvo en días pasados que existían videos, testimonios y registros de transporte que confirmaban la presencia de un contingente externo que habría participado de manera directa en los daños al Palacio de Gobierno, la Catedral y otros inmuebles considerados patrimonio.
La postura de este lunes no hizo referencia a esa supuesta clasificación de riesgo ni reiteró la versión sobre el traslado en camiones ni el pago a manifestantes.
Tampoco mencionó la figura del supuesto “incitador nacional” apodado El Tarzán, a quien había atribuido participación en movilizaciones en otros estados.
El abogado y académico de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, recordó en la víspera que el titular del Ejecutivo “ni es juez ni agente del Ministerio Público” para anticipar condenas o clasificar peligrosidad.
“El veredicto final le corresponde al Poder Judicial y el mandatario ya los estaba sentenciando”, apuntó en entrevista para Canal 44.
