Domingo 24 de septiembre de 2023.- La tarde de este sábado, la presidenta municipal panista de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa fue privada de su libertad en las confluencias del centro comercial Andares en Zapopan, Jalisco, por presuntos integrantes del CJNG, según reportes de medios nacionales.

El hecho, que ya se investiga por las autoridades de Jalisco y Michoacán, sucedió alrededor de las 18:00 horas, cuando la alcaldesa -con dos familiares mujeres- salía del centro comercial y en un taxi, aparentemente se dirigían al hotel donde se hospedaba.

Cuando iban en el auto de alquiler en el Boulevard Paseo Andares, varios sujetos armando en un auto y una motocicleta, interceptaron el taxi, bajando a la alcaldesa y a una de las acompañantes, ya que la otra logró huir en el mismo. Minutos después abandonaron a la otra mujer en un parque pero a la presidenta municipal se la llevaron, según reportes periodísticos.

El Gobierno de Jalisco emitió un comunicado confirmando el hecho e informó que ya se coordina con sus homólogos de Michoacán para investigar el hecho a través de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

La alcaldesa ya había sido amenazada

Según publicación de El Universal, desde abril pasado la presidenta municipal ya había recibido amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para que cediera espacios de la corporación de la Policía municipal a hombres coludidos con su organización criminal.

Al negarse y hacer incluso lo contrario la alcaldesa, reforzando la seguridad y pidiendo el apoyo del Ejército Mexicano, a a las dos semanas integrantes del CJNG lanzaron un ataque con explosivos en la comandancia de la Policía, lo que dejó dos elementos de seguridad muertos.

El mismo diario recuerda cómo el pasado 03 de mayo, estando Yolanda Sánchez Figueroa en su despacho de la alcaldía, junto con su director de Seguridad Pública, llegó un comando de al menos 60 hombres, fuertemente armados, entre ellos presuntamente integrantes de la Guardia Civil y un exmando de la Seguridad estatal, hasta la presidencia municipal.

Desarmaron y encerraron a los policías municipales y al salir ella para que se identificaran, uno le pasó un teléfono con una llamada en altavoz, de alguien que se habría identificado como del Cártel Jalisco Nueva Generación, advirtiéndole que ellos ya tenían al nuevo titular de Seguridad.

“Y le decían que de inmediato quitara al director de Seguridad Pública municipal y que ellos traían la consigna de poner a otro que traían, para que esté al servicio de ellos”.

Así recuerda las palabras de un policía que ofreció su testimonio anónimo – según El Universal -.

El oficial señaló que entre las advertencias a la presidenta, era que los policías municipales y su director tenían que irse “o iban a salir con las patas por delante”.

“Insistieron que nos fuéramos a chingar a nuestra madre y la verdad sentimos la amenazas, el miedo, porque éramos pocos compañeros y ellos eran cerca de 60, entre uniformados y civiles armados”, describe el elemento.

En medio del intento violento de apoderarse de la dirección de Seguridad Pública Municipal, hubo momentos de tensión en que impusieron a quien señalaron -según el secretario de Seguridad de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes-, un ex jefe policial de un municipio aledaño.

“El 18 de Abril, se encontraba a cargo de la seguridad pública del municipio, una persona que días antes había renunciado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cojumatlán de Régules”. Llegó e impuso a otros policías.

Esa persona al mando, presuntamente era quien había llegado la noche anterior acompañado de personas armadas, para posesionarse como Director de Seguridad Pública Municipal y que la alcaldesa enfatizó, que ella no lo había invitado a desempeñar ese cargo, relata el diario.

La acción de imposición de mandos policiales de Ortega Reyes, fue criticada por diferentes juristas y políticos, quienes la fundamentaron como inconstitucional.

El funcionario tuvo que retirar a sus “mandos” impuestos y respetar la autonomía del gobierno municipal constitucional, concluye El Universal.