Elemental

Criterios

El gobierno de López Obrador camina entre la bruma y las tensiones de una sociedad que quiere y exige reencauzar el rumbo del país, sobre todo encaminado a los valores. Los condiciones para hacerlo son difíciles de encontrar, porque es una combinación del deber ser y una realidad que agobia por la inmediatez y lo pragmático, sin descontar la polarizada posición de los distintos sectores, además del oportunismo de los intereses que buscan obtener ventaja, aspectos que podríamos llamar naturales en cualquier sociedad y democracia.

La acumulación de agravios y errores de los gobiernos, llevó a una sociedad frustrada a buscar alternativas a quienes mostraron incapacidad de cambiar la forma de administrar el país, que se tradujo en la voluntad manifiesta en el voto para Andrés López Obrador.

En un polo quedaron los segmentos sociales que siempre vieron en el electo su oportunidad de mejorar su forma de vida, incluidos entre ellos, quienes han obtenido privilegios a través de la manipulación y el chantaje de los gobiernos, como son los líderes sindicales que encontraron alojo en la propuesta de Morena.

En el otro extremo están quienes de siempre se opusieron a la llegada de López Obrador, incluyendo grupos que hicieron inmensas fortunas con la complicidad de los funcionarios en turno, que argumentan evidencias reales o imaginadas, de un personaje que se apoyó en una imagen carismática y la búsqueda del voto clientelar, mediante el cultivo de la persona. Como también se le señala la predisposición a halagar a los grupos populares con hechos de gobierno, lo que ha llevado incluso a favorecer el lumpen, que se confunde con la pobreza económica y la marginación social.

En la última elección quedó en medio un segmento social frustrado y agraviado, por los abusos sistemáticos de los gobiernos del PRI y del PAN, que se desentendieron de su labor de brindar servicios eficientes y dilapidaron los recursos públicos. Así corrientes sociales tradicionalmente reacias a postulados de izquierda, se inclinaron por López Obrador, más como hartazgo que convencidos de efectividad administrativa. Más como acto de desesperación que de convencimiento. Ese segmento se le puede ubicar como clase media, como el ilustrado que otorga estabilidad a un país, compuesto por grupos de distinto origen y con un alto contenido de información, conocimiento, capacidad de razonamiento y liderazgo social.

Esas corrientes sociales por sus características de formación, demanda honestidad y eficiencia, como condiciones irrenunciables de la administración pública. Es un segmento exigente, por lo consiguiente inestable políticamente, lo que obliga a los gobiernos a tener atención permanente de sus demandas, si desea mantener su apoyo.

En una clasificación básica, podemos ubicar una propuesta que pretende otorgar poder al segmento marginal, que lo acerca a la concepción religiosa, cristiana, o si se quiere franciscana, que asocia la pobreza a una virtud. En el otro extremo localizamos a los críticos de la concepción que llaman populista, en ella se encuentran reconocidos e ilustrados teóricos, con formación liberal y reconocimiento a su formación cultural y económica, para quienes el valor básico de cualquier sociedad es la libertad, incluyendo la de mercado. Consideran además como condición indispensable para el desarrollo de una sociedad, la formación cultural y académica.

El tema visto así abarca múltiples variables, desde las de origen religioso, hasta las que consideran como leyes inmutables las del mercado, desde la libertad mínima del hombre hasta que el Estado permita a los grupos de poder fáctico la libertad absoluta de operación. Otras exigen del gobierno alta eficiencia administrativa, de manera destacada en la seguridad pública, el crecimiento económico y la generación de empleo.

Otro ángulo lo encontramos en la propia Administración Federal, propiciado por abusos y corrupción endémica, la demanda de honestidad, que por su rigidez puede sesgar el resultado de resolver los factores que lastran el desarrollo.  También se sostiene desde ahí que solamente el gobierno debe administrar, para impulsar la economía y el desarrollo del país, alegando que los particulares se han aprovechado de las ventajas para obtener beneficios de grupo o personales,  olvidando el sentido social.

Sin que sea un propósito definido las posiciones antagónicas han adoptado esos dos postulados como frentes de su dialéctica, el gobierno actúa y decide en función de la honestidad como valor y objetivo final, por el otro los antagonistas le reclaman al gobierno decisiones en función de la eficiencia, destacadamente en los temas de economía y seguridad pública. En el centro encontramos a la mayoría de la población que desea una rápida solución a los problemas arrastrados, que se atienda a los sectores vulnerables y se actúe con honestidad y eficiencia en la prestación de los servicios.

La discusión no es nueva y tampoco es vano el temor de unos y otros de que se desvirtúe el sentido de gobierno y de administración pública, además ambos están convencidos que su propuesta es la solución en contra de la otra. Al final, todos tienen razón, el Estado es y ha sido pésimo administrador y los empresarios se han convertido en no pocos casos en vulgares negociantes que se aprovechan de las arcas públicas para beneficiarse.

Si reducimos los conceptos, podemos llegar a una conclusión básica, una sociedad necesita de los dos principios para avanzar. La honestidad como valor intrínseco y la eficiencia como razón ontológica de la administración. Como corolario se resolvería además la discusión estéril de los sectores opuestos. Si gobierno y corrientes se abocan a resolver en lo que coinciden, terminar con la deshonestidad y hacer eficientes los sectores público y privado, quedarían zanjadas las diferencias. Si ambos asumen su función constructiva más allá de reclamos y frustración y confluyen en un diálogo de afluentes, superaremos la deshonestidad y la torpeza para producir y administrar. Habremos avanzado en el sentido correcto en bién de toda la sociedad.