Ciudad de México.-Al cumplirse 13 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador por ser “corresponsable” de los hechos por “mantener y dilatar cada vez más el acceso a la verdad y la justicia en el caso”.

El comité enfatizó que el mandatario federal cuenta con información sobre la desaparición de los eperristas, presuntamente a manos de militares y policías estatales de Oaxaca, aún previo a ser presidente de la república, pero a un año de tener “toda la oportunidad del caso y tener la oportunidad de demostrar en los hechos que es distinto”, se ha sumado a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en mantener la impunidad que hay alrededor del caso.

Tras reprochar al actual presidente  “no ha cumplido con su compromiso de encontrar a los miles de detenidos desaparecidos del país y mucho menos de enjuiciar y castigar a los responsables”, el Comité Hasta Encontrarlos acusó la falta de voluntad para “terminar con la cadena de impunidad sistemática”.

Insistió que “aunque se diga que este gobierno es diferente, en los hechos mantiene la misma política de cubrir con la impunidad y dotar de mayor poder a quienes por años han reprimido y cometido los peores crímenes en contra del pueblo: al ejército”.

La organización enfatizó que “si bien López Obrador no participó ni ordenó la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, sí lo hicieron mandos miliares y policiacos que hoy están en funciones y en retiro, y que el gobierno federal sabe perfectamente quiénes fueron los perpetradores materiales e intelectuales”. ejército

Agregó que “mantener la impunidad es un crimen que le corresponde enteramente al nuevo gobierno”, y que evidencia que “no se busca terminar con la comisión de este crimen de lesa humanidad sino asegurar la permanencia de los perpetradores en las esferas de poder”.

El Comité apuntó que en el primer año de gobierno de López Obrador “en reiteradas ocasiones, se le notificó de los últimos avances del caso, y de la reciente petición del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atrajera el caso”.

A través de su comunicado recordó que hace seis años un juzgado de Distrito ordenó buscar a los eperristas en cuarteles militares y crear una comisión especial de búsqueda, la cual fue impugnada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y en la revisión, hace cuatro meses el Tribunal Colegiado determinó solicitar a la SCJN la atracción del caso; hasta la fecha no hay una resolución.

Al acusar que hasta ahora el presidente “no ha hecho nada para agilizar y garantizar el verdadero acceso a la justicia para las víctimas”, el Comité aseguró que el actual gobierno será indicado como uno “más de los victimarios que se sustentan en el poder para garantizar la impunidad de ellos mismos y sus cómplices”.

Con información de Proceso