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Los “inútiles” que recién cerraron la puerta en Jalisco

Los “inútiles” que recién cerraron la puerta en Jalisco

Puntos y Contrapuntos

Criterios

 

La incuria de los presuntos servidores públicos puede ser tan grave como la misma corrupción. Porque la negligencia suele causar graves quebrantos a las instituciones públicas, que en la mayoría de los casos no pueden ser reparados porque el tiempo, insumo no renovable, se lleva tanto las ilusiones como las oportunidades. La amnesia es el mejor bálsamo para los pecados mayores.

La conducta de los funcionarios públicos negligentes debe ser severamente censurada y sancionada por la ley, cuando existan herramientas jurídicas para hacerlo; pero no hay que perder de vista que este desgano de la voluntad para afrontar las responsabilidades del servicio público, regularmente está vinculado a los apetitos de la corrupción que se nutre con el dinero fácil de los negocios turbios y ventajosos.

El pasado miércoles 15 de mayo del 2019 el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, experimentó una catarsis, entre la frustración y el reproche a la pasada administración 2013-2018, que encabezó el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a la que responsabilizó de la pérdida de 2 mil 500 millones de pesos de fondos federales que no fueron gestionados y utilizados con oportunidad y pertinencia para infraestructura educativa en la entidad.

Fue duro con sus antecesores: “Y saben ustedes, el sexenio pasado los inútiles, porque eso eran los que gobernaban este Estado y los inútiles que manejaban la Secretaría de Educación, ¿cuánto dinero perdieron, desperdiciaron? Dejaron ir de recursos federales para infraestructura educativa más de dos mil 500 millones de pesos en seis años, dos mil 500 millones”.

El “inútil” que fue responsable de la Secretaría de Educación en la pasada administración tiene nombre: Francisco de Jesús Ayón López. Y también tiene muchas explicaciones que ofrecer y cuentas que aclarar. Lo mismo que quien fue su jefe, el mandatario estatal priista, Sandoval Díaz.

El exabrupto del gobernador Alfaro Ramírez no debería quedar sólo como una pintoresca y explosiva declaración, para concitar el reconocimiento y el aplauso de las galerías. Debería aprovechar que la contralora de Jalisco, María Teresa Brito Serrano, viene trabajando en esa dependencia desde la pasada administración, cuando relevó, durante el gobierno de Sandoval Díaz, al primer contralor, Juan José Bañuelos Guardado, el miércoles 27 de abril del 2016.

Brito Serrano fue ratificada por Alfaro Ramírez a partir del pasado jueves 6 de diciembre del 2018 y debe tener suficiente información para apuntalar las investigaciones del fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez, en caso de que decidan someter a escrutinio al exsecretario de educación, Ayón López, quien también fue presidente de los consejos de administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), donde dejó algunos pendientes.

 

ENCARGO

En la desmemoria de la sociedad se abrigan las esperanzas de los irresponsables, los abusivos, los cínicos y los corruptos. La amnesia lubrica los círculos viciosos y perversos que fortalecen las complicidades y la impunidad.

Luis María Gutiérrez Muñoz, entonces presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación (Careintra), acusó al Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (INFEJAL) de dejar fuera a la mayoría de los competidores, al lanzar una licitación para comprar mobiliario escolar con cambios en algunas especificaciones y sin tiempo para aplicarlos, publicó Mural el 22 de marzo del 2017.

Se quejaba de que las bases de la licitación para surtir muebles a escuelas públicas en Jalisco durante 2017 y 2018, por un monto de 75 millones de pesos, estaban elaboradas de manera tan específica, con plazos muy cortos, que sólo podría ganar un fabricante que ya contara, por anticipado, con los moldes para cumplir con los nuevos requisitos.

La queja de Gutiérrez Muñoz no era la primera que se planteaba en contra de los muy cuestionables y sospechosos modos de licitar del INFEJAL.

“Entrega el INFEJAL obras mal y tarde. Reporta UdeG fallas o rezagos en proyectos de cinco planteles. En algunos casos han contratado a otras empresas para reparar”, advertía otra nota de Mural publicada el 22 de noviembre del 2016.

Pero también entre enero y febrero del 2015 el mismo medio de comunicación exhibió graves irregularidades en compras millonarias realizadas por el INFEJAL a empresas fantasmas y a sobreprecio.

Fue célebre el caso reseñado el 5 de enero del 2015 referido a la asignación que hizo el INFEJAL por 38.4 y 31.1 millones de pesos a las empresas HG Concepto y a Operadora Tualf, respectivamente, que registraron direcciones falsas.

La historia que publicó el mismo periódico el 24 de febrero del 2015 también fue alucinante, pues documentó que una persona muerta fue quien “firmó” un poder al representante de la empresa Operadora Tualf, la cual ganó una licitación para surtir 48 mil 866 sillas con paleta lateral al INFEJAL.

Habría que recordar que el administrador general único de Operadora Tualf, Abraham Corona Ramos, fue quien otorgó –a los tres días de muerto– un poder a Gustavo Enrique López Vázquez.

La tan mencionada dependencia, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco, era dirigido entonces por Josué Lomelí Rodríguez y estaba sectorizado en el ámbito de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), que encabezaba Francisco de Jesús Ayón López.

El lunes 23 de abril del 2018 el periódico Reforma publicó que funcionarios del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco eran algunos de los corruptos que el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Alfaro Ramírez, decía tener en la mira. Al presentar su propuesta en materia educativa, el emecista acusó: “Si quieren una pista de en dónde están algunos de esos pillos, échense una vuelta al INFEJAL, tienen en algunos casos sobrecostos del 40 por ciento del valor de las obras”.

 

MEDICAMENTOS CAROS

El asunto llamó la atención de la Contraloría del Estado de Jalisco porque se realizó una compra de medicamentos a una empresa comercializadora intermediaria, lo que encareció el precio de algunos productos. Eso, se analizó en su momento, podría haber implicado un posible quebranto a las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el que estarían implicados funcionarios de esa dependencia.

En este caso en particular se tendrían que haber aclarado compras realizadas a la Distribuidora Médica Zeus por 80 millones 992 mil 725 pesos con 64 centavos, de los cuales, por lo menos 64 millones 511 mil 961 pesos con 56 centavos fueron facturados en forma fraccionada, presumiblemente irregular.

“Se observó que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco adquirió los medicamentos a Distribuidora Zeus, empresa comercializadora de medicina y no a los fabricantes, generando en consecuencia que los precios pagados por la medicina son más altos que si los hubiera cotizado y/o adquirido directamente de los laboratorios, generando con ello una mayor erogación provocada por el intermediarismo comercial, impidiendo obtener mejor precio y como consecuencia obtener un ahorro para el Organismo y evitar un posible daño patrimonial”, advertía la denuncia que presentó la Contraloría de Jalisco, encabezada entonces por María Teresa Brito Serrano, el martes 27 de febrero de 2018.

La denuncia hacía referencia al Artículo 15 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco: “Las adquisiciones de bienes y servicios no podrán fraccionarse para simular topes establecidos en esta ley, su reglamento y el presupuesto de egresos del Estado”.

“Por lo anterior –advertía la denuncia–, se desprende que se llevó a cabo con toda intención, respecto a la compra fraccionada al mismo proveedor, se refleja el propósito que se tuvo de beneficiar a este proveedor, sin que se sometiera a concurso, voluntad y resultado indebido adverso al legítimo interés de ese Instituto, con el propósito de beneficiar a tal proveedor y poder obtener una dádiva o lucro indebido”.

Se violaron en estas transacciones, consideraba la Contraloría del Estado, disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

La presunción era que se había cometido el delito de “desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades”, y se señalaba como posible responsable al titular de la Dirección General de Administración y Servicios.

En ese entonces la titular de esa dirección era Adriana Gabriela Ceja Palacios. Ella dependía, por jerarquía, del director general del IPEJAL, Fidel Armando Ramírez Casillas, y éste, a su vez, estaba bajo la autoridad directa del entonces presidente del Consejo de Administración, Francisco de Jesús Ayón López, también secretario de Educación y presidente del Consejo de Administración del SIAPA.

Ayón López renunció a la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y a todas sus otras responsabilidades el miércoles 29 de noviembre del 2017. El martes 12 de diciembre del 2017 se registró como precandidato del PRI a una diputación local por el Distrito 8 de Guadalajara, aspiración a la renunció el 18 de marzo del 2018, al no tener el respaldo pleno de su amigo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Tampoco fue, como lo pretendió en algún momento, candidato a diputado local plurinominal para los comicios del domingo 1 de julio del 2018.

Para la Contraloría del Estado no había duda y pedía el ejercicio de la acción penal, una vez que “se realicen todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias tendientes a acreditar la o las conductas que resulten ilícitas, asimismo se ordene la comparecencia de la o las personas probables responsables”.

 

POZO OSCURO

El actual director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Iván Argüelles Sánchez, informó el lunes 4 de marzo del 2019 que presentó una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables de un presunto quebranto financiero en perjuicio de esa institución, que ascendería a 603 millones de pesos por la compra de bonos, cuyo valor estaba a la baja, a la empresa española Abengoa, que meses después se declaró en quiebra.

Pero está pendiente también que Argüelles Sánchez promueva las acciones necesarias para que, por un lado, la Contraloría del Estado, y por otro la Fiscalía General de Jalisco, escudriñen con más detalle en el caso de los 515 millones de pesos que el IPEJAL invirtió en la Villa Panamericana 2011, fondos que todavía no se recuperan ni rinden utilidades.

También podrían investigar para clarificar el curso que ha tomado la inversión de 89 millones de dólares que IPEJAL aportó para el proyecto turístico de Chalacatepec en la costa de Jalisco, que ascenderían actualmente a 1 mil 780 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar, y, por supuesto, faltan aclaraciones sobre otros mil 600 millones de pesos en riesgo de no ser recuperados que funcionarios de IPEJAL invirtieron en Transportes Marítimos Mexicanos.

 

EPÍLOGO

Hay razones suficientes para que gobernador Alfaro Ramírez instruya a su contralora María Teresa Brito Serrano, y a su fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, para que escudriñen en los profundos pozos de las presuntas irregularidades y potenciales delitos en los que podría tener presumible responsabilidad Ayón López, bien sea por acción u omisión, en el cumplimiento de sus responsabilidades y en el ejercicio de sus facultades.

Como responsable del Estado y por haber puesto a Ayón López en los importantes puestos que le confió, sería saludable saber hasta dónde sus pecados fueron compartidos por el exgobernador priista Sandoval Díaz.

¿Se animará Alfaro Ramírez a pasar de los dichos a los hechos?

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