Guadalajara, Jalisco (ZETA).-Los cuerpos de personas fallecidas sin identificar se acumulan de una manera brutal en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en la zona metropolitana de Guadalajara, debido a la violencia que vive el estado de Jalisco.

No se diga la impresionante cantidad de bolsas con incontables restos humanos hallados en diversas fosas clandestinas tan solo en los últimos meses.

Se estima que a la fecha, después de la crisis forense de 2018 -tras el escándalo de los cientos de cadáveres apilados dentro de tráileres frigoríficos- se tiene una existencia en las morgues dependientes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de más de mil 500 cuerpos no identificados.

El pasado jueves 2 de julio se inhumaron 16 cadáveres no reclamados en el Panteón Municipal de El Salto, donde el gobierno de Jalisco adquirió 500 gavetas en septiembre de 2018. Después de ese acto, al que asistieron funcionarios del IJCF, de la Fiscalía General y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo quedan disponibles 28 gavetas.

Antes, autoridades encargadas de la procuración de justicia y forense, agotaron otras 400 criptas en panteones de Guadalajara adquiridas al mismo tiempo que las del cementerio de El Salto. Hasta donde se sabe, el gobierno  estatal no ha comprado nuevas gavetas.

Con este terrible panorama a la vista, además de la falta de personal y las presiones que sufría en su labor, la directora del Servicio Médico Forense, Martha Estefanía Robles Cervantes, presentó su renuncia en días recientes.

La disposición final de los cuerpos de las Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI) no ha tenido ni la celeridad ni la eficacia que demanda el acumulamiento de cadáveres y restos humanos en la morgue, principalmente la ubicada en las instalaciones del IJCF en Tlaquepaque.

Durante los meses de marzo y abril de 2020 se suspendieron las inhumaciones en el camposanto sáltense debido a la aparición de la pandemia de COVID-19 en la entidad y las medidas preventivas ordenadas por las autoridades sanitarias. Hasta que el 5 de junio se reanudó el traslado de cuerpos a su última morada.

De los más de mil 500 cadáveres no identificados, por lo menos más de 200 yacen en las morgues establecidas en al menos ocho regiones del estado de Jalisco, sobre todo en los puntos geográficos que registran mayor violencia como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Magdalena y Puerto Vallarta.

También se tiene registro de más de 50 restos de neonatos que fueron inhumados en una fosa de un cementerio particular ubicado en la delegación de Nextipac, en el municipio de Zapopan.

Poco resultado ha tenido para lograr la identificación de cadáveres de personas víctimas de la violencia el micrositio en internet (forenses.jalisco.gob.mx/registro_pfsi.php) creado por el instituto pericial a insistencia de colectivos que buscan a personas desaparecidas.

El portal cuenta con datos como fecha de ingreso del cadáver, número identificador, nombre probable en caso de que se tenga registro, sexo, edad probable, descripción de señas particulares, descripción de tatuajes, descripción de prendas e indumentarias y lugar donde se encuentra registrada la PFSI.

Hasta el momento se sabe que el 70 por ciento de los cadáveres no identificados corresponden a personas de sexo masculino, el siete por ciento al sexo femenino, y el 23 por ciento restante son cuerpos que, dado su grado de descomposición o condiciones en que fueron encontrados, no fue posible determinar su género.

Misión más que imposible se ha convertido la identificación de restos humanos localizados en decenas de fosas clandestinas, en bolsas de polietileno y en tambos, tanto en zonas urbanas, como rurales de Jalisco.

En cuanto a la renuncia de la última directora del Semefo, Martha Estefanía Robles, no se dieron detalles de los motivos que le obligaron a separarse del cargo, solo se confirmó la noticia. Sin embargo, trascendió que no contaba con recursos humanos y materiales suficientes para desempeñar adecuadamente su trabajo, ni sentía apoyo del director general del IJCF, Gustavo Quezada Esparza.

Las labores del Semefo se vieron rebasadas aún más ante el arribo a la morgue metropolitana de algunos de los cuerpos de personas fallecidas por coronavirus que no fueron reclamados por sus familiares en forma inmediata, lo que desató también la desconfianza y discriminación de los vecinos de dichas instalaciones hacia los servidores públicos.

El 3 de junio reciente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió la recomendación 06/2020 por el mal manejo de cadáveres por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La queja que originó el “jalón de orejas” a la dependencia está relacionada con aquellos tráileres con cadáveres del escándalo de 2018.

Una madre de familia buscó a un hijo desaparecido, durante más de un año. El joven fue atropellado en septiembre de 2017 y murió en un hospital, siendo enviado a la morgue. La mujer fue a buscarlo al Semefo pero le dijeron que ahí no estaba. Resulta que el muchacho estuvo en las gavetas y posteriormente en uno de los tráileres todo ese tiempo.

Un año después, la señora recibió una llamada del IJCF para notificarle que habían hallado el cuerpo de su vástago, que estaba en el tráiler apilado junto a otros 400 cadáveres. La recomendación emitida solicita al Gobierno de Jalisco la reparación del daño, y una investigación para que se deslinden responsabilidades entre servidores públicos del Semefo.

Incluso en abril de 2020 familiares de personas fallecidas entrevistadas por medios de comunicación señalaron que había corrupción en el Semefo, donde les habían solicitado dinero a cambio de “agilizar el trámite” de entrega de cuerpos a quienes los reclamaban, lucrando así con el dolor de los deudos.