La nueva arena política del presidente Andrés Manuel López Obrador es su cargada contra los organismos autónomos. La semana pasada dijo que enviará al Congreso federal su propuesta de modificación constitucional para sumar las actividades de esos organismos a las funciones del gobierno federal, sin afectar a sus trabajadores.
En la canasta de los organismos autónomos susceptibles de modificación se encuentran entre otros: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Federal de Competencia Económica, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Para entender la propuesta de la 4T, y eventualmente hacerle las modificaciones pertinentes, se impone abordarla desde dos aristas colocadas en terrenos diferente. Veamos.
Por un lado, las razones que ofrece López Obrador para modificar la naturaleza de los organismos autónomos son sus altos costos y su poca efectividad. En ningún momento habla de suspender o cambiar la esencia de sus funciones, pero si de reducir sus costos y volver más eficiente su operación.
Si bien, los organismos autónomos reciben muchos recursos de la Federación y han sufrido el secuestro sistemático por parte de los partidos políticos, quienes miran en esos organismos parcelas de poder que pueden regentear a su libre accionar para favorecer sus particulares agendas políticas, la incorporación de los organismos autónomos al gobierno federal no es la solución. Al contrario, urge su mayor autonomía política y presupuestal del Ejecutivo federal, así como sacarlos de la esfera de influencia partidista. De lo contrario, el gobierno regresaría a ser juez y parte eliminando un sistema que, aunque endeble, equilibra la concentración de poderes.
Aunque no podemos negar que estos organismos han perdido parte de la confianza de la población, antes de aceptar que el Ejecutivo federal absorba sus funciones con el aval del poder Legislativo, debemos hacer más eficiente su trabajo, exigir mejores resultados, sacarlos de la atmósfera de influencia partidista, y bajo ninguna circunstancia desaparecerlos o incrustarlos en el gobierno federal, de hacerlo estaríamos retrocediendo en las prácticas de regulación, evaluación y control del ejercicio gubernamental.
@contodoytriques
