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¿Luz al final del túnel pensionario?

¿Luz al final del túnel pensionario?

Por más vueltas que le damos a lo de la injusticia en lo de las pensiones, implantada por los plutócratas en 1997, no se le halla cuadratura al círculo. No es por falta de información; o porque se nos complicara con la explosión demográfica; o por el cambio de una sociedad agraria a otra de corte industrial; y menos porque no hallarle traza a eso de los estudios actuariales o más dagas de discurso monetarista, con que se nos atiborra todos los días.

El asunto es meridianamente simple. Nuestra población económicamente activa (PEA), subsumida en el garlito de la informalidad, está excluida de este beneficio futuro. Como no posee una cuenta corriente en los bancos autorizados para manejarlas (lo que conocemos como Afore), pues cuando el trabajador informal envejezca no recibirá recurso pecuniario alguno para que viva con dignidad su período de la tercera edad.

Este simple hecho, así, en crudo, reclama a ser corregido. Sobre ningún ser humano debe pesar la condena de ser recluido a un estado de inanición fortuita, para que se muera y deje de dar lata. Todos tenemos derecho a respirar y a vivir hasta que la muerte le meta corte a nuestro listón vital. Esto se nos ha dicho y enseñado en todos los tonos y en todos los tiempos, aunque luego este derecho declamatorio a la vida no sea atendido en los hechos. A nadie se le hundirá en el pozo del hambre o de la ausencia de insumos, para que su desaparición física se agilice. Nuestro derecho a la vida es universal y no será arrebatado por otro u otros seres humanos. Así hay que proceder.

Dentro del esquema pensionario que se nos estableció con la autorización de las Afore, los que se desempeñen laboralmente en el área de la informalidad están excluidos en automático de este beneficio. Nuestra economía es defectuosa. Por tal razón, el formato de las Afore, pernicioso al parecer sólo para unos cuantos, se centuplica. Laboran en el mundo de la informalidad más de 30 millones de mexicanos. Eso declaró hace unos días don Abraham Vela Dib, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Treinta millones es un titipuchal, como dicen en mi pueblo. Tenemos año y medio escuchando esta misma cifra, en muchos casos ostentada hasta de manera pretensiosa, cuando se hace referencio a los votos que llevaron a AMLO a la presidencia. Aunque haya muchos opositores que busquen rebajarle su amplitud, son demasiados votantes. Ya se ha dicho en muchos espacios que son números que le dan al presidente actual una muy firme legitimidad. Y así es. Pero traigamos estos mismos números a campo pensionario.

Suele ocurrir que el hombre trabajador y honrado medio tiene junto a él dos o tres dependientes económicos. Si fueran tan sólo él y otro, ya estaríamos hablando de 60 millones de mexicanos puestos en situación de precariedad inmerecida. 60 millones andan siendo la mitad de la población nacional. Si no nos queda claro el desastre, no sé qué más recursos habría que traer a la mesa para al menos iniciar un debate para la corrección de modelo tan injusto.

Urge entonces sentar a la mesa a los ganones, a los beneficiarios directos e indirectos de estos formatos contables, para que les estalle de frente el polvorín y se dejen de hacerle más al tío Lolo. Dice AMLO que el barril le estallará al titular del ejecutivo del siguiente período. Pero si ya lo estamos visualizando desde ahora, ¿para qué esperar a que volemos todos por los aires? ¿Por qué no ensayar a desactivar la bomba desde este momento, antes de que no hallemos la puerta por la cual salir y nos atropellemos en la barahúnda que provoque?

Porque hay todavía más deficiencias por agregar a este punto, que lo tornan más terrorífico aún. En noviembre del año pasado, el senador por Morena Napoleón Gómez Urrutia subió al pleno del senado una iniciativa para regular o en su caso derogar, si era conveniente, la subcontratación laboral, también nombrada en inglés (outsourcing). Entre los tétricos números que manejó el senador, sostuvo que hay una franja de 8 millones de trabajadores, inscritos en la formalidad, para quienes esa práctica dolosa expone al riesgo de perder sus prestaciones y su futura pensión. ¡8 millones de los que aparentemente están a salvo del riesgo de no ser pensionados, cuando lleguen a viejitos! Esta iniciativa fue enviada a la congeladora y probablemente no prospere. ¿A qué juego pernicioso están apostando nuestros legisladores?

A media semana, del gremio de los empresarios (la CCE), salió una noticia que propone alguna solución viable, sin romper desde luego con el modelo de Afore. Reconocen nuestros ricardos que los trabajadores no pueden ahorrar más en su cuentita para el retiro simplemente porque no ganan lo suficiente ni para sostenerse, mucho menos para andarse previniendo para su vejez. Nos dijeron que propondrán que se reduzca, primero, el requisito de las 1 250 semanas de cotización a tan sólo 650. Esto ya suena más razonable.

Suena aún más sensata su propuesta de cotizaciones para el ahorro. Actualmente cada trabajador aporta a su cuenta el 6.5% de su salario mensual. Desglosando la cantidad, el patrón pone el 5.15%; el trabajador el 1.125% y el estado se mocha con el 0.225%. Sugieren ellos que la tasa total de esta aportación se aumente al 15%, donde los dueños de las empresas recorran con el 13.65% y las otras dos partes se mantengan como están. Al menos parece que ya nos está entrando el peine. Habrá que ver si salimos adelante. No hay que cejar en el asunto, pues el problema es realmente grave.

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Publicado por Enrique Alfaro Ramírez en Sábado, 30 de mayo de 2020

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