Guadalajara, Jalisco.-Cristina Cecilia Márquez Gutiérrez escribió una carta a mano al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, para solicitarle que “coadyuve” en su proceso de incremento a la pensión alimentaria para su hijo por parte de su exmarido, Rafael Castellanos Soto.
Cristina y Rafael se casaron y divorciaron en el municipio de Puerto Vallarta. Procrearon un hijo que al momento del divorcio tenía 2 años de edad.
En 1992, en el Juzgado Primero de lo Civil de ese municipio se realizó la sentencia y el juzgador estableció una pensión alimentaria de 800 pesos mensuales, y que continuara con el pago mensual de un departamento de interés social, ya que el enganche lo había pagado ella y él se quedaría a vivir en él.
Cristina dejó Puerto Vallarta y se vino a vivir a Guadalajara. Manifiesta a Partidero que la pensión alimentaria nunca dejó de llegar
para su hijo, pero su exmarido dejó de pagar el departamento; ante ello, vendieron el departamento para liquidar deudas y “parar las amenazas de embargo por parte del banco”.
Explica que “pasan y pasan los años y nunca hubo aumento a la pensión”. Él es médico y trabaja para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puerto Vallarta, donde “ha tenido varios cargos, de director, de coordinador, hasta fue líder sindical”, señala Cristina Cecilia Márquez.
En el Juzgado Primero de lo Civil se encuentra el expediente 1403/91. “Han pasado por ahí, jueces y jueces y jueces y ni uno resuelve”, lamenta.
“El abogado me estuvo checando que con lo que declara de impuestos (Rafael Castellanos) y su salario, él recibe alrededor de 100 mil pesos al mes; entonces, de que puede incrementar la pensión lo puede a hacer. Quizá no lo hace por orgullo, porque yo inicié con el proceso de divorcio”, dice.
Se informó con abogados para cerciorarse si procedía un incremento a la pensión alimentaria, y todos le dijeron que sí. “Lo intenté con un montón de abogados, pero el resultado siempre fue el mismo por parte de los jueces: que la firma no era mía, que necesito mandar más pruebas, o sea, puras artimañas”.
Incluso Cristina acudió a la Judicatura para que revisaran el expediente. Ahí le dijeron “que todo estaba normal. ¿Pero cómo, 800 pesos al mes sin incremento por más de dos décadas?”
–Hoy tu hijo tiene 29 años de edad, ¿aún requiere de la pensión?
-Yo lo que pido, y está en el expediente, es que se pague el retroactivo y la actualización de la pensión. He gastado más en abogados y viajes a Puerto Vallarta para darle seguimiento al caso que los 800 pesos de pensión que me da, pero no me quiero rendir, por orgullo no lo voy a hacer.
La carta que escribió Cristina para Alfaro Ramírez la recibió la oficialía de partes del despacho del gobernador; tiene sello y fecha de 26 de julio de 2019. Le explicaron que unos 15 días le darían respuesta.
