mafias
Román Munguía Huato
III. Existen grupos de poder local que operan bajo formas semimafiosas parapetados en instituciones como en algunas universidades públicas. Hay pues, mafias “académicas”, “científicas” y “universitarias”. El uso discrecional, opaco, corrupto del erario público, ha permitido el enriquecimiento fabuloso de segmentos de la alta burocracia universitaria. En la mayoría de las instituciones de educación superior pública existen grupos de poder, camarillas o cacicazgos que lucran hábilmente con el presupuesto institucional. Ha habido escándalos públicos de universidades o de grupos de “científicos” por la malversación de fondos públicos. Es el caso de la “Estafa maestra” que involucró a universidades públicas, o más reciente el fraude de exintegrantes del Foro Consultivo del Conacyt en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
La “Estafa maestra” consistió en un fraude mayúsculo de 7 mil 670 millones de pesos orquestado por 186 compañías que recibieron tal cantidad del gobierno federal gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014. “Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma. El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol. Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador electo del Estado de México— al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas. También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.”
Fueron funcionarios de 21 instituciones educativas públicas del fraude entre las cuales están: la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos, la Universidad Popular Chontalpa, la Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, la Tecnológica de Tabasco, el Instituto Superior de Comalcalco, la Universidad Tecnológica de Salamanca y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
El más reciente escándalo es el de 31 investigadores y exfuncionarios del Conacyt quienes son acusados de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario público. Se les imputan delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Según la Fiscalía General de la República (FGR), los científicos recibieron más de 561 millones de pesos para gastos operativos y actividades que por ley le corresponden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pasado 9 de octubre acusó a directivos y académicos de las instituciones de educación superior por recibir cómodamente su salario sin dar clases presenciales y, en el caso específico de la UNAM, por la prevalencia de grupos de poder que dominan la vida interna de la máxima casa de estudios. La primera acusación es falsa, pues los docentes e investigadores si estuvieron laborando, pero la segunda es verídica. Más aún, alentó un movimiento de reforma, especialmente para transparentar el uso de recursos y avanzar en los procesos democráticos internos; pero este movimiento debe surgir de las propias comunidades universitarias, y mencionó la existencia de mafias que dominan a esas instituciones públicas. Declaró: “Y que no haya privilegios arriba y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan para la asignación de cargos académicos. Hay muchísimos investigadores que quieren ascenso o aspiran a ser tomados en cuenta y no pasan porque existen estos grupos de poder en la UNAM, lamentablemente sucede, y en todos lados”. Además, aseveró que el gobierno federal no puede meterse en esos asuntos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los alumnos y profesores, porque se dan casos de mafias –“no encontré otra palabra”, dijo– que dominan las universidades públicas. “Así como existen líderes charros –ya cada vez menos– en los sindicatos, así existen caciques que dominan en las universidades; ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber, y manejan el presupuesto a sus anchas en forma discrecional”, señaló.
Una vez más mencionó el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el control del “señor Padilla, que no es el rector, pero es el que manda, para hablar en plata”, y el de la UNAM, con el caso de los bajos salarios de los profesores de asignatura. Tiene mucha razón López Obrador en su acusación contra el exrector Raúl Padilla López (RPL), quien desde 1989 mantiene un control político absoluto con un cacicazgo. No mencionemos la supuesta extinción de los líderes charros, según él, porque precisamente uno de los senadores del partido gobernante Morena es un típico líder charro, es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Cierto, el cacique universitario más poderoso del país es Padilla López. La UdeG es la segunda universidad después de la UNAM con mayor población estudiantil y docente (310 mil estudiantes en nivel medio superior y superior; y más de 17 mil docentes), y su presupuesto de este año es 14 mil millones 400 mil pesos, cantidad mayor a la del presupuesto del municipio de Guadalajara, cuya área metropolitana es la segunda del país demográficamente. Este cacique encabeza uno de los más importantes grupos de poder local de Jalisco. A RPL le nombran El Licenciado, eufemismo de El Padrino… Su fortuna personal también se debe a las más de 15 empresas parauniversitarias que maneja discrecionalmente.
Ciertamente este grupo “universitario” opera como una mafia caciquil cuyo poder político tiene alcances nacionales mediante la influencia en las cámaras de diputados y senadores, en el Congreso estatal, en muchos medios de comunicación local; además de relaciones con reconocidos intelectuales conservadores nacionales como Héctor Aguilar Camín, del grupo Nexos, y Enrique Krauze, del grupo Vuelta, incluyendo afamados escritores extranjeros ultraconservadores como Mario Vargas Llosa. Padilla López se hace del poder universitario después de vencer al viejo grupo FEG–Universidad, de estirpe ideológica priista, lombardista–estalinista, en el cual se formó el propio Padilla López. En esta disputa, RPL tuvo el espaldarazo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Este cacique lidera una camarilla burocrática controlando el Consejo General Universitario, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y los sindicatos blancos de administrativos y de servicios, y el de académicos (SUTUdeG y STAUdeG). Hoy día, RPL está asociado con la derecha panista-perredista y priista.
Ninguna hoja del árbol universitario se mueve sin la voluntad del cacique y la universidad con sus estructuras corporativas–clientelares autoritarias es de esta forma gestionada como un entidad privada pero con fondos públicos.
Claro que hay cacicazgos en otras universidades públicas como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), cuyo líder, Gerardo sosa Castelán, se encuentra encarcelado por malversación de fondos. También existió un cacicazgo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el clan familiar de José Doger Corte y José Enrique Doger Guerrero. En la UNAM existen grupos de poder con camarillas de académicos. El presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo López Betancourt, aseguró que es momento de iniciar un proceso de autocrítica en las instituciones educativas para reconocer que la corrupción ha impregnado diversos ámbitos académicos y administrativos. Destacó que es fundamental el respeto a la autonomía de las universidades expresado por el Presidente, sin embargo, eso no debe ser motivo para solapar malos manejos: “Con un sentido de autocrítica y de particularidad conocimiento aceptemos que la corrupción también ha invadido los ámbitos académicos. Lo dicho por el Presidente es una realidad que ya no se puede seguir ocultando; las mafias y grupos de poder se han incrustado de manera lamentable en la gran mayoría de las universidades públicas del país”, expuso. Pero mientras en la UNAM hay quienes reconocen el problema, en la UdeG nunca jamás veremos un principio de autocrítica, empezando por el mandamás y sus lacayos del séquito cortesano de la aristocracia universitaria.
En un excelente ensayo sobre Universidad y mafia: Una hipótesis sobre las actuales estructuras de poder de la universidad española, Francisco Garrido Peña explica cómo las instituciones educativas, sus poderosas camarillas, tienen a la institución mafiosa como modelo: “Los grupos de poder y presión que se enmascaran tras las escuelas y academias persiguen la invisibilidad legal y la omnipresencia fáctica, en esto coinciden también con los métodos y los objetivos de la mafia. Como dice Guy Debord: La mayor exigencia de una Mafia, allí donde puede estar constituida es, naturalmente, establecer que no existe… Este tipo de estructuras alegales y paralelas son propias de las organizaciones mafiosas. La mafia es posiblemente un modelo interpretativo útil para entender la naturaleza del poder académico en la universidad española de hoy… La mafia se organiza sobre la base de una estructura jerárquica, sobre un liderazgo sapiencial y gentilicio, con objetivos de autoayuda y un tipo de interés privadamente comunal o comunitariamente privado”.
El panorama actual de las universidades públicas mexicanas es un fiel reflejo de la situación nacional. La profunda crisis universitaria es una de las manifestaciones más visibles de la crisis generalizada que padece la mayoría de los mexicanos. Por supuesto, esta crisis también tiene sus orígenes varias décadas atrás durante los sexenios priístas y panistas. El impacto del neoliberalismo en la educación pública es de magnitud catastrófica: profundo deterioro de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles escolares, deserción de alumnos, alto déficit de unidades educativas, rechazo de cientos de miles de jóvenes estudiantes en las universidades, aumento de colegiaturas, acelerada privatización gradual y relativa de la educación superior, incremento de las escuelas y universidades “patito”, rezago salarial y bajas percepciones monetarias del magisterio en general, complicidad entre las burocracias académicas, administrativas y gremiales, escasa investigación científica y una creciente reorientación a las necesidades empresariales, corrupción sindical, aviadurías, fraudes y saqueos financieros, canonjías burocráticas (de los altos funcionarios), etcétera. A todo ello contribuyen las mafias universitarias cuyos principales representantes nunca han impartido docencia en su vida, pero si están graduados en desaparecer dinero público.
II de III partes.
