Por: Eduardo Esquivel Torres
A partir de las primeras horas de este miércoles primero de abril, el bolsillo de los jaliscienses recibe un golpe seco: entra en vigor la nueva tarifa del transporte público, a 11 pesos y 5 para estudiantes.
Tras meses de negociaciones a puerta cerrada y un polémico aval del Comité de Tarifas, el costo del pasaje se oficializa en un contexto de profunda indignación social y un servicio que, para los usuarios, sigue quedando a deber en calidad, frecuencia y seguridad.
El ajuste, que el Gobierno de Jalisco ha intentado matizar bajo el argumento de la “inflación” y el “costo de los insumos”, es visto por colectivos ciudadanos como una traición al compromiso de no afectar la economía popular. Mientras la Secretaría de Transporte (Setran) presume la renovación de unidades, en las paradas de colonias periféricas de Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan la realidad es otra: tiempos de espera que superan los 40 minutos y unidades que operan al límite de su capacidad.
Voces en resistencia: “No al tarifazo”
La aplicación de este nuevo costo no ocurre en paz. Diversos colectivos y organizaciones civiles han manifestado su rechazo absoluto, señalando la opacidad en el manejo del Fideicomiso del Transporte.
Colectivos de usuarios y estudiantes han denunciado que el aumento es “ilegal”, dado que no se ha cumplido con la norma de calidad exigida por la propia Ley de Movilidad.
Organizaciones de derechos humanos advierten que el aumento impactará desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, como adultos mayores y personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras físicas en unidades que, pese al cobro extra, carecen de rampas operativas.
Antecedentes de una imposición
El camino hacia este primero de abril estuvo marcado por la controversia. Durante marzo de este año, las sesiones del Comité de Tarifas fueron señaladas por la falta de representación ciudadana real, privilegiando la visión de los empresarios transportistas sobre la de los usuarios.
A pesar de las clausuras simbólicas de estaciones de Mi Tren y las protestas en las calles de Guadalajara, la administración estatal optó por seguir adelante con el ajuste. Para los colectivos, este “mañanazo” no es más que la consolidación de un modelo de negocio que prioriza la rentabilidad de los concesionarios por encima del derecho humano a la movilidad digna.
Tarjeta única y resistencia
La implementación de la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”, operada por la empresa financiera Broxel, ha desatado una de las crisis políticas y sociales más agudas para la administración de Pablo Lemus.
La controversia no solo radica en el aumento de la tarifa a 11 pesos a partir de este primero de abril, sino en la obligatoriedad de ceder datos sensibles a una entidad privada para acceder al subsidio estatal.
Diversas organizaciones han encabezado las protestas, señalando que el esquema beneficia más a la financiera que a los usuarios, con ganancias estimadas para Broxel de hasta 16 millones de pesos mensuales.
La Fundación Somos Manos Tapatías, liderada por Jesús Salazar, ha sido punta de lanza en la organización de la resistencia civil. Critica que se condicione un apoyo social (el subsidio de 3 pesos) a la firma de contratos bancarios con una empresa privada.
La R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) ha denunciado la recolección de datos biométricos (rostro) y datos personales como requisito para obtener la tarjeta, calificándolo como una medida desproporcionada y un riesgo a la privacidad.
Colectivos estudiantiles y grupos de estudiantes de la UdeG han acusado que la tarjeta es una “trampa” recaudatoria. Señalan que la empresa ya tiene un historial de fallas en los vales de despensa de la universidad.
Ofensiva legal: amparos y victorias judiciales
La resistencia ha pasado de las calles a los tribunales, logrando frenar parcialmente las disposiciones del Gobierno del Estado.
Un tribunal otorgó la suspensión a 44 adultos mayores, permitiéndoles recibir los beneficios del transporte sin necesidad de tramitar la Tarjeta Única de Broxel.
Asimismo, un grupo de estudiantes logró un fallo judicial que prohíbe al gobierno obligarlos a ceder sus datos biométricos para mantener la tarifa preferencial de 5 pesos. El tribunal determinó que los apoyos deben entregarse con las tarjetas de Mi Movilidad ya existentes.
El amparo colectivo de “Somos Manos Tapatías” interpuso un recurso legal para desvincular el subsidio de la firma de contratos financieros, argumentando que el Estado no puede forzar a los ciudadanos a ser clientes de una empresa específica para ejercer su derecho a la movilidad.
Ante la presión y los reveses judiciales, el Gobierno de Jalisco se vio obligado a declarar, el 22 de marzo de 2026, que la tarjeta ya no será obligatoria para el pago general del transporte, aunque insiste en que es necesaria para ciertos programas sociales.
