Debate Abierto

Criterios

Desde principios de este año, la Presidencia de la República informó una de las políticas de desarrollo social más importantes: la dirigida a los adultos mayores. Este programa, denominado Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual cuenta actualmente con un presupuesto de 100 mil millones de pesos, ya venía operando desde sexenios anteriores, pero en este nuevo gobierno se amplía con un aumento del apoyo a este grupo de mexicanos.

El ejercicio contempla un recurso de mil 275 pesos mensuales, mismo que se otorgará cada bimestre a los adultos mayores que pertenezcan a alguna comunidad indígena o al resto de la población adulta, a partir de los 65 y los 68 años de edad, respectivamente. Por ello llama la atención que hasta ahora se haya desatado un debate público sobre esta forma de “discriminar” que está aplicando el gobierno de México.

Tanto el asilo que otorgó México al expresidente de Bolivia, Evo Morales, como las recientes declaraciones del presidente López Obrador sobre los apoyos sociales a la población indígena, reavivaron el debate sobre los niveles de discriminación y racismo de los mexicanos.

Ha sido intenso el debate en redes sociales, unos a favor y otros en contra sobre el asilo que el gobierno de México le está brindando a Evo Morales, aunque muchos de los comentarios rechazan el apoyo y la presencia del boliviano sólo por su condición indígena. No hay nada que presumir en este tema, la población mexicana ha sido históricamente racista.

La Encuesta Nacional de Discriminación 2017, publicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, muestra que México es un país racista y por tanto, discriminatorio en su trato con sus semejantes.

Las trabajadoras del hogar son las que ocupan el primer lugar en discriminación (39.5%); le siguen personas con alguna discapacidad (31%) e indígenas (29.5%).

Puebla es el estado donde mayormente se discrimina a estos sectores. Aquí, el 56.5% de las  mujeres se ha sentido discriminado por su apariencia física; los hombres, en menor cantidad,  con el 51.3%. Sin embargo, más grave es la carencia de políticas que busquen erradicar estas conductas racistas, y sobre todo el abandono que por décadas han tenido las comunidades indígenas de la provisión de servicios públicos por los tres niveles de gobierno. Es ahí donde se ha incubado la brecha en bienestar y oportunidades de las comunidades indígenas que hay en la actualidad.

La Enadis muestra el nivel de racismo de la sociedad mexicana, pero eso no aplica a la política del gobierno federal, que realiza una discriminación positiva. Es decir, una política social que se aplica a grupos vulnerables que históricamente han sufrido discriminación. Así, se aplica un trato preferencial a ciertos grupos, como por ejemplo los indígenas de México, que históricamente han sufrido discriminación.

En 2015 había en México un poco más de 12 millones de indígenas, lo que equivale al 10.1% de la población del país. Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los estados donde concentran una mayor proporción de indígenas. Los perores indicadores sociodemográficos de México se concentran en la población indígena: 16.6% de la población indígena mayor de 15 año no tiene ninguna instrucción escolar; 12.8% de las viviendas indígenas carecen agua entubada; 27% no cuenta con servicio de saneamiento; 17.8% de la población mayor de 15 años es analfabeta, en la población no indígena el promedio es de 5.5%.

La población indígena de México se encuentra en los niveles más altos de pobreza y marginación, ya que las políticas públicas impulsadas durante las últimas décadas han ahondado esta brecha. La escasez en la provisión de servicios de salud, educación, infraestructura provocan que este sector tenga bajos niveles de escolaridad y de salud, lo cual se convierte en una obstáculo para obtener buenos empleos y remuneraciones.

Este círculo perverso en que se encuentran sólo puede romperse con políticas de equidad, concepto muy diferente al de igualdad. El entregar el apoyo económico a los indígenas desde los 65 años, en lugar de los 68 años, como se hace con el resto de la población adulta mayores es tratar las necesidades e intereses de forma diferenciada a personas que no son iguales y que históricamente se encuentran en desventajas frente a los otros grupos.

La política social que otorga un apoyo a los adultos mayores puede tener muchos defectos y por tanto puede ser perfectible, pero sin duda no es criticable que aplique una política diferenciada (discriminación positiva) a la población indígena de México.  Así como la brecha generacional entre población indígena y no indígena se fue abriendo durante varias décadas, cerrarla llevará igualmente muchos años. Claro, siempre y cuando se diseñen y ejecuten buenas políticas públicas y con presupuesto suficiente.