Viernes 9 de octubre.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció y firmó este viernes 9 de octubre un decreto para promover entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, mediante restricciones al acceso a contenidos violentos, sexuales y otras publicaciones que puedan poner en riesgo su integridad.
Acompañada por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, la mandataria explicó que la medida busca que las plataformas digitales refuercen sus mecanismos de protección para los usuarios menores de edad. Sin embargo, reconoció que el decreto no contempla sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones.
El anuncio se produjo después del ataque con armas blancas ocurrido la semana pasada en una escuela de Torreón, Coahuila, presuntamente cometido por dos exalumnos, que dejó una persona muerta y cuatro lesionadas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que el Gobierno federal espera que las plataformas se sumen voluntariamente a las medidas de protección, cuya aplicación está prevista a partir de la publicación del decreto, posiblemente la próxima semana, una vez concluida su revisión jurídica.
Alcalde detalló que las empresas deberán implementar mecanismos para impedir el acceso de menores a contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios y acoso escolar, entre otras conductas.
Entre las acciones previstas también se encuentran la clasificación de publicaciones por edades, la eliminación de cuentas o contenidos que promuevan la violencia, la activación predeterminada de configuraciones de privacidad más estrictas y herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.
Asimismo, las plataformas deberán establecer canales permanentes de contacto con las autoridades investigadoras, preservar información relacionada con posibles delitos y alertar sobre contenidos que representen amenazas para la vida.
La presidenta reconoció que, si las empresas no atienden las medidas de manera voluntaria, su administración podría impulsar posteriormente nuevas disposiciones legales que establezcan sanciones. Para ello, la Consejería Jurídica prevé instalar mesas de trabajo con el objetivo de evaluar posibles mecanismos adicionales de regulación.
