Ciudad de México.-México y Estados Unidos realizaron en Washington la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG), un mecanismo bilateral en el que ambos gobiernos reiteraron como prioridad atender la crisis del fentanilo mediante la aceleración de extradiciones y la transferencia de objetivos de alto valor vinculados a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT).
El encuentro se llevó a cabo el 23 de enero y reunió a representantes de seis agencias del gobierno estadounidense junto con sus contrapartes mexicanas, con el objetivo de impulsar “resultados inmediatos e impactantes” en materia de cooperación en seguridad, informó el Departamento de Estado.
De acuerdo con la dependencia, además del combate al tráfico de drogas sintéticas, ambas delegaciones acordaron fortalecer las acciones conjuntas para desarticular las redes de financiamiento ilícito que sostienen tanto al crimen organizado como a estructuras vinculadas con el terrorismo. También se estableció como línea prioritaria intensificar los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a lo largo de la frontera común.
En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que, “previo a importantes eventos deportivos”, México y Estados Unidos acordaron dos iniciativas clave y definieron la ruta para su implementación con el fin de combatir el uso ilícito de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS), una modalidad que ha cobrado relevancia en actividades criminales transfronterizas.
Extradiciones y capturas, ejes de la cooperación
Durante la reunión, el gobierno estadounidense reconoció a México por la transferencia, el pasado 20 de enero, de 37 personas identificadas como criminales, así como por la colaboración entre autoridades de ambos países que derivó en la captura de Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
“Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral”, destacó el Departamento de Estado, al subrayar que este tipo de acciones forman parte de una estrategia compartida para debilitar las estructuras operativas y financieras de las organizaciones criminales.
