Entre 1990 y 2016 se registraron a nivel nacional 32 mil 284 muertes maternas, de las cuales 2 mil 418 estuvieron relacionadas con abortos; 305 fallecimientos fueron de niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años de las cuales el 70% había sido víctima de violación, según cifras del Observatorio de Muerte Materna.
En contraste, desde que el aborto se legalizó en la Ciudad de México, de abril de 2007 a diciembre de 2018, la Secretaría de Salud local reportó que 205 mil 580 mujeres accedieron al servicio en las clínicas públicas y la tasa de mortalidad se redujo a cero.
El camino por la despenalización y legalización del aborto ha estado lleno de obstáculos. En Jalisco, como respuesta al avance progresivo de los derechos humanos de las mujeres en la capital del país en 2007, acá tuvimos una respuesta en contrario, es decir, hubo una regresión de los derechos de las mujeres, al reformar la constitución local en 2008 y “proteger la vida desde la concepción”.
Hubo que pasar 17 años para que, de nuevo, por la vía legal, se consiguiera lo que la vía política no pudo en el congreso estatal. Gracias a la estrategia jurídica seguida por GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), organización feminista que ha interpuesto y ganado diversos Amparos en el país y gracias a las y los juzgadores del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que de manera unánime ordenan la derogación de los artículos del código penal de la entidad que penalizan la interrupción del embarazo.
La decisión judicial actúa en la práctica como una orden al Congreso local, que tendrá que derogar las penas por abortar. Jalisco se convierte así en el decimotercer Estado de México en despenalizar el aborto.
Desde septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias para garantizar el derecho a decidir y no criminalizar a quien decide interrumpir un embarazo, sin embargo, fue hasta el 6 de septiembre del 2023 que la Corte anuló del Código Penal Federal la penalización del aborto, por considerarlo ‘inconstitucional’, es decir, las mujeres ya no irán a la cárcel por la decisión de abortar.
La Suprema Corte, de manera garantista y en atención a la progresividad de los derechos humanos de las mujeres, ha sentado las bases jurisprudenciales para garantizar el derecho a decidir de las mujeres. Sin embargo, en Jalisco, el Congreso del Estado ha sido omiso en su obligación de legislar la progresividad de derechos humanos de las mujeres y peor aún, las instituciones de salud cometen violaciones graves a los derechos humanos, como en el caso de la niña de 12 años de una comunidad indígena que fue violada sexualmente por su padre y a consecuencia de esa agresión sexual quedó embarazada.
El 12 de abril de 2024 una niña de 12 años, perteneciente a una comunidad indígena del estado, con un embarazo por violación de 23 semanas, solicitó un procedimiento de interrupción de embarazo a los servicios especializados de salud en el Estado de Jalisco. De manera injustificada, se retrasó la atención inmediata para la interrupción legal del embarazo, obligando a la niña a continuar con ese embarazo forzado por 11 días más. Lo que, de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, constituye una forma de tortura. El 22 de abril, la niña fue trasladada a la Ciudad de México para realizarle el procedimiento con un registro de embarazo de 27 semanas. (apenas el 30 de abril, justamente en el día que se conmemora a las niñas y niños de este país; la pequeña fue dada de alta médica).
Este no es un caso aislado, así lo demuestran los partos llevados a término de 380 niñas, tan solo en 2023 y lo que va de 2024, las cuales cuentan con un registro porque atendieron sus partos en la Secretaría de Salud Jalisco.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se practican aproximadamente 22 millones de abortos inseguros, el 98% de los cuales tienen lugar en los países en desarrollo. Globalmente, el aborto inseguro causa la muerte de aproximadamente 47,000 mujeres y la discapacidad de 5 millones más. Esto representa alrededor del 13% de las muertes maternas, lo que convierte el aborto inseguro en la tercera causa de mortalidad derivada de la maternidad en el mundo.
Antes de que termine la presente legislatura, las y los legisladores deben atender la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que ordena la despenalización del aborto en Jalisco. Pasaron 17 años y muchas muertes maternas para que les quede claro a las y los legisladores del Congreso de Jalisco que la interrupción del embarazo no es un delito, es un derecho.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
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