La vulnerabilidad financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es reciente, sin embargo, actualmente se agudiza después que el gobierno estadounidense decidiera suspender la ayuda internacional para las organizaciones humanitarias y de cooperación que eran financiadas a través de la USAID, la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, en este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que Estados Unidos congeló todos los fondos que cubrían el salario de sus funcionarios.
40 consultores ya fueron despedidos, se les quitaron sus visas, y las operaciones se encuentran suspendidas.
La desfinanciación de la Comisión por parte de los Estados Unidos tendría unos impactos graves para el estudio de los cientos de casos que lleva el órgano judicial actualmente. La CIDH es la encargada de recibir y estudiar las demandas de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Algunos de estos casos, son remitidos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el juzgado internacional más importante para la protección de los derechos humanos en el continente.
Más allá de la actual crisis financiera, la Comisión Interamericana sufre una situación estructural y sistémica de financiamiento inadecuado que es indispensable atender y resolver. Existe una profunda discrepancia entre el mandato que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le han asignado a la CIDH, y los recursos financieros que le otorgan. La Comisión ha realizado gestiones permanentes a lo largo de las últimas dos décadas ante los Estados miembros de la OEA para asegurar un presupuesto que permitiera trabajar de manera eficaz en el cumplimiento de su mandato. Como resultado de esas gestiones, la Asamblea General de la OEA ha aprobado varias resoluciones comprometiéndose a atender la situación, pero las mismas no se han visto reflejadas en un aumento significativo de recursos. Mientras que el Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos, la OEA destina el 6% de su presupuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ante el recorte de financiamiento y la congelación de fondos que realiza Estados Unidos, es indispensable, imperativo y urgente que los Estados efectivamente adopten una solución sustentable a este grave y crónico problema y demuestren su compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos con hechos y no sólo palabras.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia.
La crisis financiera actual, tendrá graves consecuencias en la capacidad de la CIDH para cumplir con su mandato y funciones básicas. La mayor afectación la sufrirán las víctimas, las y los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil que participan en audiencias, reuniones de trabajo y otros espacios previstos para las sesiones de la CIDH que se verán afectadas ante este recorte.
Esta situación incrementa el estado de indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el continente y llegue a un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
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Canal de Youtoube Dra. Lupita Ramos.
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