Puntos y Contrapuntos

Criterios

 

El perdón y el respeto se les niega porque ni unos ni otros merecen consideración, porque durante los más recientes 23 años ninguna autoridad, y mucho menos el gremio de camioneros privados, ha hecho lo suficiente para atemperar las muertes causadas por un sistema de transporte ineficiente, sucio, mayoritariamente anacrónico, proverbialmente contaminante, además de singularmente peligroso.

Un transporte que, además, en los meses por venir, se irá convirtiendo, paulatinamente ─por decisión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez─ en un servicio caro, agresivamente lesivo para la maltrecha economía de aproximadamente 1 millón 600 mil usuarios, según estimación del del Instituto de Movilidad de Jalisco.

El transporte será más caro, pero no será más seguro, ni más amable para los usuarios.

Una larga estela de cruces ha dejado el transporte urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, como símbolo de la negligencia o incapacidad del gobierno y de la incuria y el desprecio que la mayoría de los camioneros tienen por los usuarios, por los reglamentos y por el respeto a los demás, transeúntes, ciclistas o automovilistas.

Una recopilación detallada, que aglutina datos proporcionados por autoridades, organizaciones de la sociedad civil independiente y apoyada primordialmente en publicaciones en medios de comunicación, concluye que en los más recientes 23 años los camioneros urbanos han participado en accidentes en los que han muerto mil 382 personas, con cifras actualizadas hasta el pasado domingo 28 de julio del 2019, incluyendo las muertes de 19 personas en los primeros siete meses de este año.

El balance de los anteriores 22 años, que incluyen los cuatro últimos calendarios de la administración del panista Alberto Cárdenas Jiménez, a partir de 1997, cuando hizo crisis el problema de las muertes causadas por camioneros urbanos, hasta el cierre del sexenio del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en 2018, nos dice que los camioneros urbanos causaron mil 363 muertes en ese periodo.

El promedio fue de 61.95 muertes por año y de 5.16 atropellamientos por semana.

 

EL PRINCIPIO

La alternancia en Jalisco, con la llegada del PAN a la gubernatura, en 1995, generó grandes expectativas con respecto a cambios profundos en algunas actividades públicas, como la del transporte urbano, en particular. Sin embargo, de entonces a la fecha, no hay nada nuevo bajo el sol.

Las ideas, buenas o malas, solo se reciclan, pero no alcanzan a modificar de fondo un sistema de transporte público que privilegia la utilidad, la rentabilidad de los particulares, por encima del servicio, que poco ha cambiado en las últimas cuatro últimas décadas, porque finalmente los camioneros siempre imponen su voluntad.

El 22 de octubre de 1996, una nota publicada en el periódico Reforma de la Ciudad de México, advertía que el bisoño gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001) había instruido a la Secretaría de Vialidad para que analizara la instrumentación de un programa de reestructuración del transporte urbano, mediante la unificación de rutas de las tres principales empresas de transporte público que existían en ese entonces: Alianza de Camioneros (privada) y las estatales Servicios y Transportes, y Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome). El proyecto nunca prosperó, ante la oposición de los permisionarios privados, vinculados entonces muy estrechamente con el PRI.

Pasaron dos años. Una nota de Reforma Jalisco, publicada el 29 de diciembre de 1998 y firmada por el reportero Francisco Rentería, describía una situación muy grave: “Ante la ola de accidentes que en los últimos 13 días han dejado seis muertos y casi una decena de heridos, la Secretaría de Vialidad y Transporte estudia crear un grupo especial o escuadrón de patrullas y motocicletas que vigile expresamente a los camiones urbanos”.

Explicaba: “La semana pasada, el Gobernador Alberto Cárdenas citó al titular de esta secretaría, Leopoldo Montelongo Castellanos, en Casa Jalisco, donde conversaron sobre las últimas muertes provocadas por minibuses. Al término de la reunión, los directivos de la Secretaría de Vialidad y Transporte decidieron reunirse para estudiar nuevas medidas operativas que detengan el alto índice de decesos en las calles. Del 21 de julio al 30 de noviembre (de 1998) fueron detectados 265 de los cerca de nueve mil conductores que reincidieron en distintas infracciones, y a 58 choferes -cuyo examen antidoping resultó positivo- se les canceló la licencia”.

 

PRIMERA RECOMENDACIÓN

Ante la gravedad del problema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, encabezada entonces por María Guadalupe Morfín Otero, formuló la recomendación 9/99, del 5 de noviembre de 1999.

La CEDH hizo un riguroso diagnóstico del problema, del que se desprendían las principales causas que ocasionaban los accidentes del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara y las muertes de personas causadas por camiones urbanos de pasajeros.

1.- El exceso de velocidad con que conducen los choferes, por razones propias o ajenas a su voluntad, consistentes en: a).- Alto grado de tensión, estrés y cansancio, debido a las largas jornadas de trabajo; b).- El poco tiempo asignado a cada unidad para cubrir la ruta (itinerarios), denominado “horario de muerte”; c).- Saturación de autobuses en las rutas, que ocasiona que los conductores se apresuren para ganar pasaje (para incrementar sus ingresos).

2.- Fallas mecánicas ocasionadas por la falta de mantenimiento; 3.- Consumo de drogas o bebidas embriagantes.

4.- Falta de preparación o educación vial por parte de los conductores, lo que propicia que no obedezcan la señalización, las zonas peatonales y las preferencias de paso, además de no acatar las normas generales de operación del transporte público que les prohíben: a).- Subir y bajar pasaje en otro lugar que no sea el carril de su extrema derecha; b).- Mantener las puertas abiertas de sus unidades cuando el vehículo está en movimiento; c).- Llevar pasajeros sobre los peldaños o fuera de las puertas del vehículo, o realizar actos que pongan en riesgo la seguridad del usuario o de otras personas; d).- Apagar las luces interiores de la unidad por la noche; e).- Ser descortés, agresivo o grosero con el pasaje o con terceros; f).- No enterar a las autoridades competentes sobre los hechos delictuosos de los que hayan tenido conocimiento; g).- No entregar al usuario el boleto correspondiente.

5.- Inexistencia de educación vial por parte de los ciudadanos y usuarios del transporte público; 6.- Condiciones laborales injustas y desventajosas para los conductores; 7.- Falta de voluntad y compromiso para corregir desde su raíz el problema a través de condiciones justas de empleo y de un diseño estructural del sistema de transporte público con el que todos salgan ganando en seguridad, eficacia y estabilidad.

8.- La impunidad de que gozan los choferes responsables de los accidentes viales y lentitud de los agentes del Ministerio Público para investigar los asuntos y brindar un trato digno a las víctimas del transporte.

Estas observaciones se le hicieron llegar al Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, quien hizo muy poco para resolver el problema.

Durante la administración de Cárdenas Jiménez los camioneros causaron, en tan sólo cuatro años, cuando el problema salió totalmente de control, de 1997 al 2000, un total de 424 muertes en accidentes viales. En promedio, 106 muertes por año, 8.83 por mes. Era Secretario de Movilidad Leopoldo Montelongo. Fueron 91 muertes en 1997; 141 muertes en 1998; 105 fallecimientos en 1999 y 87 desenlaces fatales en el 2000.

 

17 CONDICIONES

Al amparo de la promesa de mejorar el transporte, los camioneros urbanos han promovido siempre sus peticiones de aumento de tarifa.

Durante la administración del también panista Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2007) continuaron las graves deficiencias del transporte urbano y los accidentes viales continuaron. El jueves 9 de agosto de 2001 el mandatario estableció 17 condiciones a los camioneros del transporte urbano de pasajeros, cuyo cumplimiento era obligatorio para autorizar el alza en la tarifa.

Empezó la administración como secretario de Vialidad el panista José Manuel Verdín Díaz, quien fue relevado en el cargo el martes 11 de febrero de 2003 por Alfonso Rejón Cervantes.

Las condiciones impuestas a los camioneros fueron las siguientes: 1.- Buena presentación de los operadores; 2.- Buen trato de los choferes al pasaje; 3.- Unidades con presentación impecable; 4.- Espejos frontales para eliminar el punto ciego y evitar atropellamientos; 5.- Sanitarios en las terminales para los choferes; 6.- Exámenes antidoping cada cuatro meses a los conductores.

También se les exigió: 7.- Ajustar jornada de trabajo para que los choferes estuvieran en mejores condiciones físicas y sicológicas; 8.- Cambiar el sistema de pago por sueldo fijo y atractivo, para que los choferes no corrieran tratando de ganar pasaje; 9.- Asientos preferenciales para ancianos, discapacitados y mujeres embarazadas.

Otras condiciones: 10.- Capacitación permanente a operadores; 11.- Uso del regulador de velocidad; 12.- Información sobre la ruta a la vista de los usuarios; 13.- Respeto a la tarifa de estudiantes, discapacitados y ancianos; 14.- Respeto a la tarifa de menores de edad; 15.- Depósitos para guardar las unidades (muchas se siguen quedando en las calles); 16.- Cumplir con los horarios del servicio; 17.- Sistema de bloqueo de puertas para que no transitaran con ellas abiertas.

El 5 de septiembre del 2001, sin comprometerse con alguna fecha concreta, el Gobernador Ramírez Acuña garantizó que en su mandato sería ampliada la Línea 2 del Tren Eléctrico hasta Tonalá y que también concluiría una Línea 3, en la que pretendía incluir la participación de la Iniciativa Privada.

 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN

El 14 de diciembre del 2005, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidida entonces por Carlos Manuel Barba García, emitió la Recomendación 13/2005 sobre “Violación a la integridad personal e inadecuada prestación del servicio público de transporte de pasajeros”.

En seguida, textual la parte medular del documento.

“Recomendaciones: A Francisco Javier Ramírez Acuña, gobernador constitucional del estado:

“Primera: Se modifique el artículo 4° de las Disposiciones Generales que Norman la Actividad del Consejo para la Atención de las Víctimas del Transporte Público, con la finalidad de que se incorpore a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dentro de la Junta de Gobierno de ese órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

“Segunda: Gire instrucciones al director general del OCOIT (Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado) para que practique los estudios de ingeniería y evaluación de proyectos, transporte, vialidad e impacto vial y de justificarse, se realice la reestructuración de las rutas del transporte público de pasajeros en la zona metropolitana”.

En seguida, las recomendaciones a Alfonso Rejón Cervantes, secretario de Vialidad y Transporte del Estado:

“Primera: Que continúe en forma permanente, el operativo que puso en marcha con un grupo de abogados y elementos operativos para vigilar y obligar a los conductores del servicio público de transporte de pasajeros a: 1.- Mantener instalado y en buen funcionamiento el regulador de velocidad; 2.- No exceder los límites de velocidad; 3.- Transitar por el carril de la extrema derecha; 4.- No circular con las puertas abiertas; 5.- No conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga; 6.- Dejar y tomar pasaje sólo en paradas autorizadas; 7.- No llevar pasajeros sobre peldaños; 8.- Entregar el boleto del pasaje; 9.- Respetar las zonas peatonales; 10.- Acatar las preferencias”.

También: “11.- Llevar puesto el cinturón de seguridad; 12.- Mantener distancia suficiente en relación con otros vehículos; 13.- Respetar el pago con transvale; 14.- Respetar el Reglamento de Tránsito; 15.- Portar el gafete vigente”.

Segunda recomendación a Rejón Cervantes: “Gire instrucciones a quien corresponda para que diseñe e instrumente en forma permanente, programas y campañas de información vial y de cortesía urbana a través de los medios de comunicación y se instalen carteles en lugares estratégicos con mensajes que motiven los hábitos de respeto hacia las personas con capacidades diferentes y de la tercera edad, y alusivos a un transporte seguro, eficiente y amable.

“Tercera: Continúe el establecimiento de vías y carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros e instalar paradas con cobertizos en los lugares que falten”.

Durante los seis años de gobierno de Ramírez Acuña los camioneros causaron la muerte a 370 personas; un promedio de 61.66 por año, y 5.1 por mes.

 

EPÍLOGO

Ideas y recomendaciones, para mejorar el transporte urbano ha habido, pero ha faltado firmeza y valor para obligar a los camioneros a cumplir leyes y reglamentos en beneficio de los usuarios.

Con Emilio González Márquez, de 2007 a 2012 hubo 287 muertes causadas por camioneros; 47.83 en promedio por año y 3.98 por mes.

Con Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de 2013 a 2018 los camioneros ultimaron a 282 personas, para un promedio anual de 47 defunciones y 3.91 por mes.

En el tiempo se ha perdido la estadística de los cientos de lesionados causados por accidentes en los que ha participado el transporte público y de las decenas de víctimas a las que debieron habérseles reparado daños y pagado incapacidades.

¿Es justo que la gente pague 9 pesos con 50 centavos por un transporte que sigue causando muertes y dolor, y cuyos dueños no han mostrado, en por lo menos las últimas cuatro décadas, algún interés por mejorarlo?

¿Acaso no habría sido más justo obligar primero a los camioneros a mejorar el servicio antes de subir la tarifa, como lo decidió el gobernador Alfaro Ramírez?

Si el gobierno está obligado a subsidiar el transporte urbano con dinero de los contribuyentes, ¿no resultaría acaso más adecuado que estatizara el servicio y se hiciera responsable de que funcionara en condiciones óptimas de eficiencia, seguridad, comodidad y limpieza, en beneficio de los usuarios?

Subsidiar el servicio en beneficio de los usuarios sería lo más razonable para resolver de fondo el problema, si el gobierno estatal se decidiera a asumir responsablemente su total operación.