Guadalajara, Jalisco.-El empresario Arturo Cámara Millán, contraviniendo la ley estatal y el reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones municipal, a través de tres compañías relacionadas con él, consiguió contratos con Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque para la venta de uniformes escolares y para el personal operativo, que desde 2014 a la fecha suman un total de casi 511 millones de pesos.

Una de las empresas es Uniformes Atlántico, S.A. de C.V., cuyos accionistas son Francisco Sonora Aguirre, con el 30% del capital, y Marlene Alejandra Urzúa Velasco, esposa de Arturo Cámara, con el 70%. En el último movimiento de Uniformes Atlántico reportado ante el Registro Público de Comercio, con fecha 10 de octubre de 2018, Alejandra Urzúa le otorgó un poder a su marido.

En Uniformes a la Medida, S.A. de C.V. aparecen como socios Luis Roberto Espino Sepúlveda y Cristina Hernández Banderas. Ésta fue dada de alta ante el Seguro Social por la empresa Todo en Uniformes Industriales, propiedad de Arturo Cámara, y se le asignó el número de IMSS 75927301830. Sin embargo, es la jefa de producción en Uniformes Atlántico.

El 12 de enero de 2016, Luis Espino otorgó a Arturo Cámara un poder legal de Uniformes a la Medida, como consta en el folio mercantil 90991 del Registro Público de Comercio.

En la única empresa que aparece Arturo Cámara como socio es Todo en Uniformes Industriales, S.A. de C.V., donde es el accionista mayoritario. El resto de los dueños de la compañía son Rodrigo Arriola Tamez y Sara Eugenia González Méndez.

De acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones de Jalisco, en su artículo 19 se establece que “no podrán presentar propuesta o cotizaciones, ni celebrar contratos o pedido alguno, las personas físicas o jurídicas (…) ligadas o relacionadas con sus accionistas, representante legal, domicilio para el suministro o prestación de servicios de productos o servicios iguales o semejantes”.

En tanto que el Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones Guadalajara coindice con esa disposición al mencionar, en su artículo 6, que no podrán presentar propuestas o cotizaciones, ni celebrar contratos o pedido alguno, las personas que “presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, previo al fallo de adjudicación respectivo, vinculadas entre sí por algún socio o asociado común (…). Se entenderá que es socio o asociado común aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas”.

Esas estipulaciones legales no fueron impedimento para que Arturo Cámara pudiera participar al mismo tiempo con al menos dos de las empresas relacionadas con él, en varias licitaciones y concursos.

Por ejemplo, en el acta de presentación y apertura de proposiciones de Zapopan, con fecha 13 de marzo de 2019, consta que participaron las empresas Uniformes Atlántico y Uniformes a la Medida en la licitación pública correspondiente a la requisición 2001900410, invitación 15, de la Dirección de Programas Sociales Municipales, la cual solicita “Pants, embalaje y flete”.

El 29 de marzo pasado se adjudicó la compra de los pants a Uniformes a la Medida por un monto máximo de 62 millones de pesos.

En la licitación LTL04/2013 que lanzó el municipio de Tlaquepaque, Arturo Cámara participó con las empresas Todo en Uniformes Industriales y Uniformes Atlántico, y ambas resultaron adjudicadas. La primera, con la compra de 35 mil 970 pantalones escolares, a un costo de 4 millones 589 mil 772 pesos. Con la segunda se adquirieron 14 mil 673 faldas escolares, por un monto de 2 millones 200 mil 950 pesos.

En la licitación LTL 02/2015, con fecha 17 de julio de 2015, para la adquisición de uniformes para el personal operativo de la Comisaría de Tlaquepaque participaron Uniformes Atlántico y Todo en Uniformes Industriales; esta última fue descalificada por inasistencia.

Le pagan embalaje, flete y renta

Dentro de los contratos que firmó Arturo Cámara con las administraciones encabezadas por Movimiento Ciudadano, primero se le comenzó a pagar al empresario el embalaje, después el flete y ahora hasta la renta de bodega.

El 23 de febrero de 2018, durante la administración del presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, actual gobernador, el Comité de Adquisiciones acordó asignarle a Uniformes Atlántico la compra de hasta 39 mil 350 faldas escolares con pechera, por la cantidad de 7 millones 52 mil pesos, así como un máximo de 12 mil 791 jumpers clásicos, en 2 millones 160 mil 121 pesos. Sin embargo, por 70 mil “servicios de embalaje” se cobró casi 4.8 millones de pesos. Esto significa que se pagó más por el embalaje que por los jumpers.

Por otro lado, el 11 de abril de 2016, en el oficio 0900/1/14/438, firmado por el verificador de Zapopan Adán Gobea Ulloa cuando hizo una revisión a las instalaciones de la empresas Uniformes Todo a la Medida, con el fin de elaborar un reporte sobre el proveedor, mencionó que “en caso de ganar la licitación en las partidas que participa, no tienen un lugar para almacenar las prendas terminadas, además, la calidad en cuanto a la producción varía de una máquina a otra”.

Otra observación que hizo es que la empresa “no produce ningún tipo de prenda; manifiestan que se mantiene por los diversos negocios que se dedican a la maquila, y que los extintores tienen fecha de caducidad vencida (agosto de 2015)”.

A raíz de ese reporte del verificador del municipio, el empresario rentó otro sitio, a partir del 7 de noviembre de 2017, por la cantidad de 15 mil pesos al mes. El contrato de arrendamiento lo firmaron, en su calidad de representante legal Arturo Cámara, y Alejandra Urzúa como fiador, cuando se supone que los dueños son Roberto Espino y Cristina Hernández.

La renta del inmueble la paga el municipio de Zapopan, al menos así quedó establecido en el contrato CO-218/218 con fecha 19 de abril de 2018.

En ese contrato se le compró a Uniformes a la Medida pants por la cantidad de 43 millones 875 mil pesos. Además, el municipio se comprometió a pagarle “embalaje de paquetes escolares (arrendamiento de bodega industrial, seguro, fianza, mano de obra e insumos)” a un precio de 9 millones 685 mil 650 pesos, y los fletes y maniobras en 1 millón 665 mil 300 pesos.

El total que se le pagó a la empresa fue de 63 millones 865 mil 308 pesos.