Puntos y Contrapuntos

Criterios

Si se repiten las mismas fórmulas y se reiteran las mismas rutinas, sin agregar algún ingrediente extra que muestre la preocupación y el interés por avanzar para resolver los más graves problemas que afectan la vida pública de Jalisco, es inevitable asumir que los malos resultados tendrían que ser la norma que profundice la frustración y el desencanto de la gente.

Si los recursos materiales y humanos destinados a tareas urgentes y delicadas siguen siendo prácticamente los mismos con los que se cerró el gobierno anterior (2013-2018) que encabezó el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pocas esperanzas habría de que con el nuevo mandatario (2018-2024) Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano, las cosas pudieran cambiar, para mejorar.

Aun cuando la buena voluntad y las buenas intenciones sean echadas por delante y se pretenda hacer válida la bravata de que al nuevo gobernador no se le debe ni se le puede comparar con sus antecesores -según sus propias palabras-, de poco valdrán las reformas constitucionales, la modificación de la estructura administrativa del gobierno, el diseño de nuevas instituciones y alucinantes programas, y el pretencioso cambio del lenguaje, si en el fondo, nada cambia y todo permanece anquilosado en las tareas más urgentes.

Al infierno también se llega por un camino empedrado con buenas intenciones.

Entre una y otra administración, cuyo tránsito se dio a partir del jueves 6 de diciembre del 2018, la asignación de recursos y de personal no muestran que haya habido alguna reorientación presupuestal para hacer frente a los problemas más urgentes, en los ámbitos de seguridad pública y de procuración de justicia. Insumos fundamentales para garantizar la seguridad de bienes y vidas de las personas, para la vigencia y preservación de un sano y genuino Estado de Derecho, y para garantizar el impulso productivo que requiere y exige una sociedad que tiene derecho a vivir tranquila, segura y en paz.

En el Presupuesto de Egresos 2019 del gobierno de Jalisco hay pocos signos del cambio.

Por ejemplo, en el cierre de la administración del gobierno de Sandoval Díaz, durante 2018, la Fiscalía General de Jalisco, que incluía a las policías preventiva e investigadora y al Ministerio Público, tuvo un presupuesto de 6 mil 606 millones 767 mil 337 pesos. La suma de todo su personal era de 11 mil 253 empleados.

En 2019 el gobierno de Alfaro Ramírez destinó 2 mil 248 millones 839 mil 100 pesos a la Fiscalía Estatal y otros 4 mil 613 millones 153 mil 170 pesos a la Secretaría de Seguridad Pública. La procuración de justicia (Fiscalía) fue separada de la seguridad preventiva.

Ambas dependencias suman presupuestalmente en 2019 un total de 6 mil 861 millones 992 mil 270 pesos. Son 255 millones 224 mil 933 pesos más que lo que recibió la Fiscalía General en 2018 para realizar tareas de procuración de justicia y seguridad preventiva. Un aumento del 3.86%. Ni siquiera se subsanó presupuestalmente el impacto de la inflación que durante 2018 fue del 4.28% en México, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En 2018 la Fiscalía General de Jalisco tuvo 11 mil 253 trabajadores, y este año, entre la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad, tienen un total de 11 mil 641 trabajadores. Un incremento de 388 personas, el 3.44%.

Alfaro Ramírez no podría argumentar que le falten recursos porque le haya sido recortado el presupuesto. Durante el último año de su administración como gobernador de Jalisco (2018) el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz gastó 108 mil 309 millones 7 mil pesos.

El incremento presupuestal al actual gobierno de Jalisco asciende a 8 mil 637 millones 227 mil 556 pesos, porque a la administración del emecista le fue autorizado un presupuesto de egresos de 116 mil 946 millones 234 mil 556 pesos para 2019, un incremento en el gasto del 7.97% con respecto al 2018. Aumento muy razonable, cuando la inflación entre enero y diciembre del 2018 fue del 4.28%, según el INEGI.

Todos los datos referidos fueron tomados del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, del jueves 28 de diciembre del 2017 y del sábado 22 de diciembre del 2018, donde se publicaron los presupuestos de egresos de 2018 y 2019, respectivamente.

MISERIAS

Hay datos que ilustran las precariedades con las que el gobierno de Jalisco pretende combatir una de las enfermedades más graves que corroen el tejido de las instituciones públicas estatales.

El gobernador Enrique Alfaro emplazó el pasado lunes 19 de marzo del 2019 al fiscal anticorrupción del estado, Gerardo de la Cruz Tovar, para que hiciera a un lado los pretextos y brindara ya resultados, según refiere nota publicada por Mural el martes 20 de marzo del 2019.

El exhorto del mandatario surgió luego que informó que la contralora de Jalisco, Teresa Brito Serrano, había presentado el día anterior una denuncia contra el exsecretario de Salud, Antonio Cruces Mada, quien desempeñó ese cargo en la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018).

Según el actual mandatario, hasta esa fecha sumaban 17 denuncias formuladas contra funcionarios de la pasada administración, aunque ninguna había sido consignada por la Fiscalía Anticorrupción.

“Este es un asunto de responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción, no hay pretextos (…). Necesitamos dar resultados todos, yo confío en que el fiscal va a hacer lo propio, entonces estamos en una nueva etapa de gobierno en el estado, en el país y todos tenemos que entender bien el mensaje de los ciudadanos”.

Alfaro Ramírez ofreció apoyar al fiscal anticorrupción en todo lo que fuera necesario y lo emplazó: “Le toca a él cumplir, también necesitamos dejar en claro que hoy este asunto está en la cancha de la Fiscalía Anticorrupción”.

Sin embargo, el panorama no es tan claro y la tarea tampoco es tan simple como la planteó el gobernador de Jalisco.

Es poco el apoyo que recibe la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco para realizar su importante y delicada tarea, a juicio de la asociación México SOS Capítulo Jalisco, pues consideró que no se le había dotado de los recursos necesarios y tampoco se le habían asignado suficientes agentes ministeriales, según advertía en nota publicada por Mural una semana después, el pasado martes 27 de marzo del 2019, el presidente de esa organización en la entidad Anuar García Gutiérrez.

El directivo de México SOS señaló también que la Fiscalía Anticorrupción estuvo a un paso de reclutar 7 policías investigadores, pero se extraviaron los expedientes que demostraban que estaban capacitados para investigar esos temas y ya no ingresaron a esa importante área.

Resumió Anuar García: “Intentan integrar más de mil 400 carpetas de investigación (sobre presuntos casos de corrupción pública); sin embargo, requieren contratar 8 ministerios públicos más y también quieren contratar una gran cantidad de policías (sin precisar cuántos)”.

EN LOS HUESOS

La morgue saturada de cadáveres sin identificar es sólo una parte de la crisis que vive el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), pues sus carencias llegan a traducirse en impunidad.

El viernes 21 de septiembre del 2018 el periódico Mural dio a conocer un diagnóstico que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) le envió a la organización no gubernamental SOS México Capítulo Jalisco, en el que lamentaba sus precariedades.

1.- El IJCF debería duplicar su presupuesto y tener 52% más de personal.

2.- El IJCF debería tener 170 peritos adicionales a los 323 con los que contaba y al área que más le urgía era a Criminalística de Campo, donde había 12, pero deberían ser 42. Ellos levantan cadáveres, recolectan indicios y reconstruyen hechos criminales en una escena, y luego deben comparecer a defender los casos ante un juez, lo que a veces hacen en su día de descanso.

3.- Al Servicio Médico Forense del IJCF le faltaban 15 médicos, pues contaba con 12 en Guadalajara y 12 fuera de la zona metropolitana, a los que se recurre cuando hay una sobrecarga de trabajo en la capital tapatía. Sin personal suficiente, los médicos trabajan horas extra y la lista de espera para realizar autopsias se alarga, igual que la espera de familiares, que puede ser de hasta cuatro días.

4.- En psicología forense había 12 especialistas, pero deberían ser 32 para evitar revictimizar a los usuarios que acuden, principalmente a recibir terapias, a quienes dan citas hasta para 8 meses después.

5.- Para atemperar sus precariedades el IJCF solicitó para 2018 un presupuesto de egresos de 364.7 millones, pero sólo recibió 178.8 millones.

GRANDES MALES

El pasado miércoles 27 de marzo del 2019 la reportera de Mural Katia Diéguez publicó que, en Jalisco, hacen falta las voces de 928 mujeres. Lo anterior de acuerdo con datos del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), actualizados hasta el 8 de marzo del 2019, y que desde el lunes 25 de marzo del 2019 se pueden consultar en el sitio de Internet https://sisovid.jalisco.gob.mx/.

En total, el sistema contabiliza a 7 mil 117 personas desaparecidas en Jalisco, de las cuales 6 mil 166 son hombres y hay 23 sin género especificado porque el informe policial homologado está incompleto.

El jueves 24 de enero del 2019 Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Bien abrigada, Trujillo Cuevas fue presentada por el comité de selección, compuesto por los colectivos de familiares de personas desaparecidas Por Amor a Ellxs y Familias Unidas Por Nuestros Desaparecidos (Fundej), así como por el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, y la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra Díaz Rivera.

Desde entonces han transcurrido 78 días. Luego de realizar una búsqueda cerrada en los archivos y banco de datos del periódico Mural y luego de una exploración abierta en el motor de internet Google, no se encontró alguna referencia pública de ella en fecha reciente. Está desaparecida. Aunque también podría ser que no le hubiesen asignado un lugar digno para realizar su trabajo o no tuviese personal y presupuesto suficientes, para atender tan difícil y grande problema.

El cierre del 2018 fue violento en Jalisco, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este es el recuento de los tres últimos meses, con respecto a los homicidios dolosos: se cometieron 192 en octubre; 191 en noviembre y 183 en diciembre.

El inicio del 2019, documentado hasta el cierre del primer bimestre, es preocupante: en enero se cometieron en Jalisco 232 homicidios dolosos y otros 262 en febrero, las cifras mensuales más altas de los últimos 22 años de los cuales se tiene registro desde 1997.

El pasado jueves 14 de marzo del 2019 el Congreso de Jalisco autorizó que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez contratara un crédito por hasta 5 mil 250 millones de pesos. De ese dinero, nada está destinado para atender alguna necesidad en las áreas de seguridad o procuración de justicia.

Para atender adecuadamente los graves problemas que aquejan a Jalisco: violencia, inseguridad, desaparecidos, corrupción e impunidad, por graves fallas en las tareas preventivas de seguridad y en la procuración de justicia, el gobernador Alfaro Ramírez tendría que analizar prioridades y reorientar algunas partidas del gasto de 2019. De otra manera los males podrían profundizarse.

Nota:Por asueto de Semana Santa, esta columna reanudará su publicación a partir del lunes 22 de abril.