¡No a la militarización! II

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Román Munguía Huato

El pasado 21 de septiembre el Senado abrió una pausa ante la falta de mayoría calificada para avalar la reforma constitucional sobre la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército. Morena y sus aliados devolvieron a comisiones el dictamen de reformas para ampliar el uso del Ejército en tareas de seguridad pública.

Mientras tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende aparecer ilusoriamente como un estadista mundial al proponer un plan de pacificación de la guerra entre Rusia y Ucrania. El canciller Marcelo Ebrard criticó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha podido prevenir ni poner un alto a la invasión rusa a Ucrania durante su intervención en el Consejo de Seguridad del organismo. Sin embargo, una cosa es una intención megalómana demagógica presidencial y otra cosa es la realidad de una voz estridente local pero sin altos decibeles políticos en el mundo: “Farolito de la calle, oscuridad de su casa”.

Pero así como la ONU no puede o no quiere pacificar esta guerra, el gobierno mexicano tampoco quiere hacer ningún caso a las reiteradas recomendaciones de la ONU sobre no militarizar la política de seguridad pública. “ONU no puede con conflicto entre Rusia y Ucrania”, afirmó Ebrard. De la misma manera el gobierno de AMLO no puede con la hiperviolencia social y la creciente criminalización del País con decenas de miles de muertes de ciudadanos. México ha recibido más de 40 recomendaciones internacionales en contra la militarización. Organismos internacionales han advertido desde hace 30 años acerca de los peligros de militarizar la seguridad pública en el país. “El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., ha documentado alrededor de 30 años la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía de la que han gozado, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la persecución contrainsurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.” https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/09/mexico-ha-recibido-mas-de-40-recomendaciones-internacionales-en-contra-la-militarizacion/

Al estar la Guardia Nacional bajo el control del Ejército se llega a la consolidación de la militarización en México, de acuerdo con un estudio de la consultora Integralia que denominó “La Militarización en México, hacia la consolidación de una política de Estado 2006-2022”, los riesgos son: 1. Desbalance en la relación cívico-militar; 2. Pérdida de capacidades de instituciones civiles del Estado; 3. Estrategia de seguridad deficiente; 4. Debilitamiento del pacto federal; 5. Policías municipales y estatales han sido relegadas a un segundo plano; 6. Se mantienen violaciones a los derechos humanos; 7. Incentiva la corrupción y la opacidad; 8. Gradual politización del Ejército; 9. Problemática participación de los militares como agentes económicos. Paralelamente a su expansión se les otorgó mayores recursos públicos: desde 2007 a 2022 el presupuesto asignado a las fuerzas

armadas se incrementó 60.5% en términos reales. En el último año recibieron 142 mil millones de pesos.

Con respecto al punto 6 (el riesgo de mantener y aumentar las violaciones de los derechos humanos), es totalmente absurdo que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya avalado que la Guardia Nacional se subordine al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para combatir el crimen organizado, con el pretexto de que “la emergencia merece una respuesta contundente”. Se supone que la CNDH es autónoma, pero ahora es notorio la absoluta sumisión al Poder Ejecutivo. La historia de las violaciones de los derechos humanos y las masacres a manos de las tropas miliares es interminable, y de continuar el Ejército en las calles el riesgo se acrecienta. El 17 de septiembre, un colectivo de feministas denunciaron la militarización en Paseo de la Reforma. Las feministas pintaron con tinta blanca los nombres de mujeres y hombres que han sido asesinados o desaparecidos presuntamente por militares con la consigna: “El Estado militarizado es un crimen de Estado”. Nos preguntamos: ¿Es la militarización la respuesta al Estado fallido de la 4T?

En plena polémica por la creciente militarización de México, el martes 13 el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Crescencio Sandoval, consideró como “comentarios tendenciosos” aquellos que critican la labor de los militares: “Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretender apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía”. Por cierto, el general cuestionó las críticas de la ONU a la medida que calificó como un “retroceso” para México.

https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-09-14/ejercito-mexicano-ve-tendencioso-criticar-a-los-militares

Por supuesto, hay de intereses a intereses políticos, y de ambiciones a ambiciones personales, pero el punto a discusión no es “apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía”. Toda declaración provenga de quien provenga es tendenciosa por tener su sesgo ideológico–político. La cuestión importante es sí realmente la política del actual gobierno, incluida la de las instituciones castrenses, contribuye a resolver de fondo el gravísimo problema de la inseguridad del pueblo mexicano. No se trata de hacer ninguna “consulta popular” propuesta por AMLO sobre la permanencia o no del Ejército en las calles hasta el 2028. “De esta manera, dijo, el asunto no quedaría en manos de la ‘cúpula’ y los ciudadanos emitirían su opinión, la cual, adelantó, es positiva.” O sea, cuando me conviene uso la decisión de la “cúpula” y cuando no, pues no. Entonces, ¿Cuáles son los intereses nacionales? ¿Quién tiene el derecho a hablar en nombre de la Patria? ¿Quién tiene el derecho a hablar en nombre de la Nación mexicana? Una cosa es la voz de las instituciones gubernamentales y otra distinta es la voz del pueblo mexicano anhelando la paz social: Vox populi, vox Dei.

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