22 de abril de 2022.- A 30 años de distancia, no ha habido reparación integral del daño para los afectados del 22 de abril de 1992, así lo considera la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, quien lanzó un llamado a las autoridades para que se atienda a las víctimas.

“Este organismo constitucional autónomo considera altamente relevante que se refuerce la atención y reparación integral del daño a las personas afectadas por el caso 22 de abril. Más aún cuando, a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011, el Estado mexicano tiene las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.

Las explosiones de 8 kilómetros de colector del sector Reforma, que significaron un antes y un después en Jalisco, dejó cifras oficiales, para muchos poco creíbles, de 212 muertos, 69 desparecidos, mil 142 viviendas y 450 comercios afectados y 600 vehículos dañados.

Tres décadas después de estos hechos, “viven en la incertidumbre de saber lo que realmente sucedió, quiénes fueron las autoridades involucradas y cuál fue el deslinde de responsabilidades, incluyendo a las autoridades de todos los niveles y ámbitos de gobierno; por lo que, en consecuencia, no se ha cumplido con la reparación integral de los daños bajo los estándares del derecho internacional ante situaciones de graves afectaciones a los derechos humanos, como fue esta tragedia que llenó de luto y dolor a cientos de familias que, a 30 años, continúan sufriendo ante la insuficiencia de acciones por parte de los gobiernos”, señala la CEDHJ.

Las autoridades legislativas y del gobierno estatal, deben alienarse al “Informe Especial Caso 22 de abril”, publicado por este organismo en 2020, porque les debe a los afectados el derecho de acceso a la verdad, como una deuda histórica, indicó la Comisión.

En diciembre de 2000, la CEDHJ emitió la Recomendación 16/2000 a las autoridades por las violaciones del derecho a la verdad, a la protección de la salud y a la impartición de justicia.