El siguiente es un trabajo colectivo ─primera de tres entregas─ realizado por un grupo de medios independientes de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Guerrero, que son algunas de las entidades más violentas del país en lo que va del año.

Se acaba de cumplir un año de que Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país. Ningún presidente de la época moderna lo había hecho con tantos instrumentos de poder en sus manos, empezando porque ganó con un porcentaje de votos que nadie había tenido en las últimas décadas desde que empezó la alternancia en México y porque su partido obtuvo, además de la presidencia de la república, las dos cámaras legislativas.

Ha sido un Presidente de claroscuros. Prácticamente sin oposición, ha impuesto en estos doce meses sus criterios en materia económica; no se presentaron las convulsiones económicas que muchos vaticinaban, pero tampoco hubo crecimiento; promovió una reforma laboral sin precedentes, pero la creación de nuevos empleos fue mínima y no alcanzan para reponer los que se han perdido; canceló la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, pero sin licitar entregó la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía al Ejército Mexicano.

Como parte de su lucha contra la corrupción, promovió reformas para establecer ésta como delito grave; con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como punta de lanza, ha enfocado sus baterías contra viejos enemigos políticos algunos de ellos ya en la cárcel, lo cual mancha acciones que son legítimas con el tufo de la venganza; a pesar de sus discurso “pacifista” de “abrazos no balazos”, modificó la constitución para darle más poder a las fuerzas armadas y, a través de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, ha limitado los recursos para los organismos autónomos, entre ellos la CNDH, la FGR y el INE.

El de Andrés Manuel López Obrador ha sido un gobierno que, como ninguno desde la administración del general Lázaro Cárdenas, ha orientado sus acciones al beneficio de los sectores tradicionalmente marginados, a través de programas sociales para apoyar a las madres solteras, a estudiantes y jóvenes sin empleo y a personas de la tercera edad.

Pero hay un problema que el presidente no ha sabido cómo enfrentar en lo inmediato o la forma en que lo está haciendo ha resultado un fracaso al menos en este primer año: el narcotráfico. Generador de la mayor parte de los homicidios que se cometen en el país, el fenómeno sigue allí, igual de enraizado en la sociedad, a pesar de los programas sociales emprendidos por su administración, con niveles de violencia incontenibles. De acuerdo a las cifras oficiales disponibles, de enero a octubre del presente año se cometieron 28 mil 741 homicidios, 2.4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, 2018.

La incidencia delictiva, sobre todo los delitos de alto impacto, la mayoría de éstos ligados al crimen organizado como son los secuestros, el robo de vehículos, la trata de personas, la extorsión, también han ido a la alza en estos diez meses.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, también se observan incrementos en los rubros de feminicidios, pues en estos diez meses se han cometido 833 contra 744 que se cometieron en el mismo periodo del año anterior; la extorsión creció 36 por ciento según los registros y el secuestro 8.5 por ciento.

En los doce meses de su administración, de acuerdo a un recuento realizado por el semanario ZETA de Tijuana, han ocurrido más de 50 homicidios múltiples —enfrentamientos entre bandas delictivas como la ejecución 19 personas en Uruapan, Michoacán; entre bandas y fuerzas del gobierno, como el asesinato de 14 policías municipales en Aguililla, Michoacán y la  aprehensión fallida de Ovidio Guzmán López, en Culiacán; o masacres contra la población como la ocurrida en Sonora contra la familia LeBarón. Todos ellos hechos de alto impacto en las zonas donde han ocurrido y algunos de trascendencia nacional e internacional.

Chihuahua, que ocupa de nuevo los primeros lugares en homicidios, vio cómo la violencia se volvió a apoderar de sus pueblos y ciudades; Guanajuato, que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se colocó en el estado más violento en medio de la guerra entre el CJNG y el de Santa Rosa de Lima, se convirtió bajo esta administración en la número uno en crímenes relacionados con el narcotráfico, con 2 mil 856 casos registrados en diez meses, por encima de Baja California, donde un repunte de la violencia ha contabilizado 2 mil 425 casos en el mismo periodo.

A pesar de este trágico marco, el discurso del Presidente se mantiene inalterado, aunque no desprovisto de contradicciones cuando de acciones se trata. Desde la campaña electoral dijo que no usaría la violencia contra la violencia y esgrimió en sus mítines y entrevistas, su frase favorita: “abrazos no balazos”.

Sin embargo, desde el inicio de su Gobierno se propuso, entre otras medidas para combatir la violencia, crear la Guardia Nacional. Fue aprobada en febrero con rango constitucional e integrada principalmente por elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México. Todos sus mandos son militares. El acuerdo legislativo le dio al presidente la posibilidad de emplear a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado hasta el 2023.

Pero esto no ha ocurrido hasta ahora, al menos no con éxito. Ante las presiones de los Estados Unidos para controlar los flujos migratorios que provenían sobre todo de Centroamérica, la recién creada Guardia Nacional se convirtió en muros de contención de las familias migrantes en las fronteras sur y norte, mientras los grupos criminales bañaban de sangre al país.

Para mediados de agosto habían sido desplegados en 30 estados de la república 58 mil 602 elementos de la Guardia Nacional,  sobre todo en los estados de Guanajuato, Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Jalisco, que registran alta incidencia delictiva.

Nada detuvo la violencia. Días antes de que se anunciara el despliegue de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones distribuidas en el país, un grupo de sicarios había asesinado a 19 personas en Uruapan, Michoacán dejando a algunos colgados de los puentes vehiculares y a otros descuartizados. 20 días después del anuncio, fue incendiado un table dance en Coatzacoalcos, Veracruz, causando la muerte de más de 30 personas. El 14 de octubre, 13 policías estatales de Michoacán fueron asesinados en Aguililla, cuando apoyaban la ejecución de una orden de aprehensión. Y se desgranaron enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y delincuentes en  Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato…

No pasaba el impacto de la matanza de policías en Aguililla, cuando un intento fallido de detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, desató la furia del cártel de Sinaloa, cuyos gatilleros tomaron la ciudad en minutos y doblegaron a las fuerzas de los tres niveles del Gobierno, obligando a éste a entregar al hijo del capo preso en los Estados Unidos.

Este hecho, de resonancia internacional en tiempo real, puso en crisis la “estrategia” de la llamada Cuarta Transformación en materia de seguridad. El mes anterior, durante un acto público en Tamaulipas, donde ya se vivía un recrudecimiento de la violencia, el Presidente mandó al carajo a la delincuencia y ratificó que el “modelo del garrotazo que convirtió al país en un cementerio” no se repetiría bajo su gobierno. “La violencia no se enfrenta con violencia —refrendó—, tenemos que atender las causas”.

Y lanzó lo que se convertiría en parte de la picaresca 4Teísta en materia de seguridad: “En Nuevo Laredo —dijo— hay un grupo que está ahí muy beligerante y lo estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien, ya, al carajo la delincuencia”. En medio de aplausos que lo interrumpieron, remató: “¡fuchi, guácala!”.

Cuando ocurrió lo de Culiacán, los chistes y los dogmas del Presidente se convirtieron en pesadillas para el país entero, que empezó a cuestionar si continuaría con su “estrategia” de seguridad, de no combatir frontalmente a las organizaciones del crimen organizado.

Luis Astorga Almanza, catedrático de la UNAN y coordinador de la cátedra UNESCO “Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas”, va más allá y afirma que López Obrador no tiene siquiera una estrategia, pues “no hay un plan claro ni objetivos, no hay metas, no hay mecanismos de evaluación de lo que se está haciendo, no hay absolutamente nada; lo que sí hemos visto es que reacciona a las presiones del gobierno de los Estados Unidos”.

Lo dice porque justo antes de la fallida Operación Ovidio, tres delegaciones estuvieron en México y en Sinaloa, interactuando con funcionarios federales de alto nivel y con el gobierno de la entidad. Una de ellas fue del estado de Alabama, otra de Nueva Orleans y la tercera de la DEA (Drug Enforcement Administration). Entre otras cosas, afirma, vinieron a pedir la cabeza de Ovidio.

El Presidente ha esgrimido siempre la soberanía de México cuando habla del tema, pero esto es muy cuestionable al menos para Guillermo Valdés Castellanos, quien fue director del  Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa:

“El gobierno de Donald Trump no logra ponerse de acuerdo en materia de seguridad con el gobierno de López Obrador, pero si necesita imponerse en un tema, lo único que hace es presionar a México y ahí López Obrador tiene que ceder. Es el gobierno más poderoso del mundo, y a México no le queda de otra que cuadrarse con Estados Unidos”.

Cuando Estados Unidos obligó a México —con la amenaza de los aranceles— a reforzar sus acciones en las fronteras para disminuir los flujos migratorios, le advirtieron: ahora estamos hablando de migración, pero el otro tema es el narcotráfico.

Lo dijo el mismísimo Donald Trum en un tuit del 30 de mayo: “México debe vencer a los capos y los carteles del narcotráfico. El arancel tiene que ver con detener las drogas, así como a los ilegales”.

Valdés Castellanos abunda: “La realidad es que López Obrador no tiene una estrategia real de seguridad, como no la tiene su secretario de seguridad, ni su secretario de defensa. Su política de abrazos y no balazos no está funcionando, y la realidad es que tarde o temprano deberá enfrentar al narco con toda la fuerza del Estado.

“Busca erradicar la pobreza y la corrupción, y combatir la violencia y la inseguridad con la prédica moral y el buen ejemplo, pero en el corto plazo no solucionará el problema con su retórica, y lo grave es que, gracias a esas creencias, está impidiendo a las fuerzas públicas actuar como lo que son. La estrategia de seguridad no puede ir más allá de la presencia disuasiva de soldados y policías, ya que prácticamente tienen prohibido usar la fuerza.

“Si López Obrador fuera un predicador no habría problema que pusiera en práctica esas recetas para reducir la inseguridad, pero no es el caso y por lo tanto está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto de las leyes”, observó.

Para Astorga, lo que el Presidente tiene que hacer en el corto plazo “es lo que no se ha hecho nunca, es la creación de una política de seguridad de Estado y ésta pasa por compromisos políticos con todas las fuerzas políticas existentes y la sociedad civil organizada que tiene planteamientos y estudios muy razonables y propuestas que se han hecho en distintos sexenios.

“(Pero) hay un empecinamiento en no querer ceder e insistir en que la realidad no es la realidad y los que estamos equivocados somos el resto del país y no ellos…”.

Y no es que se vaya a proponer lo mismo, sino discutir qué se  podría hacer con las herramientas que se tienen actualmente; ese desprecio a Sicilia demuestra que no hay una mínima voluntad política para escuchar a los demás ya no digas hacerles caso, simple y sencillamente para sentarse a la mesa y entablar un diálogo civilizado. Entonces, el panorama es bastante negativo.

Sinaloa

Por Andrés Villarreal/Ríodoce

Cuando Ovidio Guzmán salió con las manos en alto sin soltar su cachucha negra como las que usaba su padre el Chapo, aquel 17 de octubre de 2019, rodeado de militares apuntándole, el rendido no era él sino el gobierno entero. Son las 14:30 en Culiacán. A partir de ese momento, la Operación federal dependía de que el detenido pidiera a su hermano Iván Archivaldo que detuviera todo. Lo hizo pero no aceptó. Y apretó. Jaló gatillos, reclutó más pistoleros. Encapsuló a los captores y ahogó la operación hasta que abortaron.

Los sucesos de Culiacán con las columnas de humo en todos los puntos cardinales, los militares en retirada, el gobierno local arrinconado, y miles de ciudadanos refugiados en comercios o enclaustrados en sus casas, marcaron un antes y un después en el gobierno de López Obrador y la política de pacificación.

El Operativo Fallido —como se tituló en el mundo entero— para detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán, revelaba inconsistencias en la estrategia, yerros, inexperiencia.

Un año atrás, el 14 de octubre de 2018, Andrés Manuel López Obrador expuso el esperado Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. En los meses previos se organizaron unos atropellados foros que dejaron fuera zonas del país, y muchos terminaron en reclamos. Su propio análisis es implacable:

“A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas, los miles de millones de dólares invertidos…y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la `guerra contra las drogas´, el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable”, dice el documento.

Refiere también las consecuencias de las “políticas de persecución”, como capturas, muertes de capos o decomisos, que derivan “en la descomposición creciente de las corporaciones públicas involucradas y de dependencias de los tres niveles de gobierno, y en una imparable erosión en la confianza y la credibilidad de las instituciones ante la sociedad”.

A pesar de todo lo dicho, de la insistencia en la política que se resume en una frase afortunada en campaña, la de abrazos no balazos, pero desafortunada en el poder. Aun así se armó la operación en Culiacán para capturar al hijo del Chapo, y fallaron.

Contar la historia

Lo peor estaba por venir. En los días siguientes al también llamado jueves negro de Culiacán, la crisis de seguridad había pasado del país entero al gabinete de López Obrador. De ahí se fue en caída libre: El Presidente defendiendo que evitó una masacre y las críticas en el sentido de que su gobierno se rindió.

Se comprometieron a contar la historia, minuto a minuto. Lo hicieron medio mes después.

El Presidente dijo: “Estamos hablando de casi el inicio de una guerra… ya no hay guerra… Es una nueva estrategia… un nuevo paradigma”.

Alfonso Durazo dijo: “Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad… ninguna organización delictiva […] es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos”.

El general Luis Crescencio Sandoval asumió responsabilidades: “El éxito de la operación se fundó en una rápida evacuación del presunto delincuente hacia el aeropuerto a través de una ruta terrestre que ya la observamos; sin embargo, la rápida reacción de los delincuentes, las agresiones hacia el personal militar y sus familias, la intención del grupo criminal de causar daños en la población, el riesgo de pérdida de vidas al generalizarse las agresiones, la falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas sin el presunto delincuente y sin culminar obviamente el proceso de detención”.

Cuando el gabinete de seguridad de AMLO integró los detalles en la línea del tiempo por la Operación Ovidio, desde abril de 2018 cuando emiten en Estados Unidos la orden contra el hijo del Chapo y el 17 de octubre pasado, la carga ya era pesada sobre la situación de violencia en México: 18 estados del país tenían más asesinatos que en el mismo periodo del año anterior, la sumatoria de homicidios mantenía tendencia al alza para superar los cometidos en 2018 y convertirse en el año más violento de la historia reciente de México. Hasta el mes de octubre de este año ya se habían cometido el 98 por ciento de los asesinatos del 2018, y aún falta sumarles los meses de noviembre y diciembre, con lo que cerraría 2019 con uno 35 mil o 36 mil homicidios.

Sinaloa, en cambio, la tierra donde armaron la operación, estaba entre las 14 entidades con una reducción en los crímenes en 2019. Sinaloa concluyó el mes de octubre con 742 asesinatos, contra 934 del mismo periodo del año anterior. Pasó al lugar 15, a la mitad de la tabla en la estadística nacional, inédito para un estado que históricamente está entre los primeros diez por el número total de homicidios (2016 lugar 5; 2017 sitio 8; 2018 en el 11). Más allá de la aritmética, los números solo establecen el asentamiento de una pax narca, en la tierra donde surgieron los cabecillas principales del narcotráfico de las últimas cuatro décadas.

Con estos resultados, se dijo por el gabinete de seguridad de Sinaloa, autoridades de otros países visitaban el estado para conocer las estrategias que se seguían para reducir el número de asesinatos. Así se justificó la visita de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, que estuvo en Sinaloa en visita oficial a mediados de septiembre. Un mes antes, casi exacto, de la Operación Ovidio.

La DEA, narcotour en Sinaloa

La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos —DEA por sus siglas en inglés— llegó con el mayor sigilo a Sinaloa. Debió ser en la primera quincena de septiembre. El día 16 el semanario Ríodoce publicaba la primicia. La razón de que el mismo director de la DEA, Uttam Dhillon estuviera en Culiacán, junto con el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, John S. Creamer, la explicó el Subsecretario de Seguridad Estatal, Carlos Hernández Leyva: “Se quiere proyectar todas aquellas actividades que en materia de Seguridad Pública se han logrado, cómo se ha logrado la incidencia delictiva, cómo va todo el proceso de recuperación y destrucción de los laboratorios clandestinos que se han ubicado en el Estado…[y]…Poder platicar sobre unos temas que hay en relación con la capacitación del personal, algunos acuerdos que se están llegando para quitar el warning que tiene el Estado”, dijo aquel día.

También se les mencionó como un logro la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, especialmente metanfetaminas y fentanilo.

Solo que la historia no estaba completa. Se racionó. Los indiscretos visitantes habían contado todo en sus respectivos lugares de origen, subieron fotos a sus redes sociales y hablaron con la prensa de su viaje al vientre de la bestia —así titularon a Sinaloa. La visita no solo fue al complejo de seguridad de Culiacán, donde escucharon una presentación, el tour incluía una visita en sitio, a plena sierra madre.

Y hablaron hasta por los codos:

“He visto y hecho muchas cosas importantes en todo el mundo y ver eso… te deja con una impresión y renueva tu lucha. Es asombroso”, dijo Clay Morris, Agente Especial Asistente a Cargo de la Administración de Control de Drogas en Birmingham.

“Fue peligroso. Tuvimos que usar aplicaciones encriptadas en nuestros teléfonos para comunicarnos, incluso porque sabíamos que los cárteles sabían que estábamos en la ciudad. La gente sabía que estábamos en la ciudad y sabían por qué estábamos allí y no les gustó”, dijo el fiscal federal para el distrito norte de Alabama, Jay E. Town.

Tenía razón el Fiscal americano, sí se sabía de su visita. En la última edición de octubre, Ríodoce publicó cómo se divulgó el mensaje al interior de la organización, ‘Llegaron los de la DEA’, el mensaje que alertó al Cártel de Sinaloa en junio: “Un boletín criminal empezó a circular en las redes del Cártel de Sinaloa; era un mensaje de voz alertando sobre la llegada de más de 150 elementos de la DEA al aeropuerto de Culiacán, que habrían aterrizado en aviones del ejército y de la Armada de México, supuestamente para investigar la producción de fentanilo”.

Recomponer el Plan

La DEA y los funcionarios de justicia de los Estados Unidos llegaron y se fueron, pero el país quedó revuelto. La decisión de confrontar o rendirse polarizó de nuevo a la población, los apoyos y rechazos son casi a una mitad exacta.

Mientras, México tiene un Plan Nacional de Paz y Seguridad, que rige la actual estrategia en el país, donde dice que las acciones directas contra los cabecillas principales del narco, “se traducen en un recrudecimiento de la violencia, en violaciones a los derechos humanos y, a la postre, en procesos de fragmentación de las organizaciones criminales que multiplican la inseguridad y los padecimientos de las poblaciones”.

Y aun así, se decidió proseguir con la operación. Al final de aquella tarde de fuego y truenos en Culiacán, el jueves 17 de octubre, todavía le permitieron a Ovidio Guzmán que se volviera a poner la cachucha negra. No perdió el porte. Ni un rasguño. Ni un empujón.

Jalisco

Alberto Osorio Méndez / Partidero

En medio del brutal enfrentamiento al interior del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, El Mencho y la banda o cártel La Nueva Plaza, de Carlos Enrique Sánchez, El Cholo, quien pretende destronar a su actual líder -de acuerdo con las autoridades locales, el estado padece una grave crisis de muertes violentas, fosas clandestinas, tiradero de cadáveres embolsados y cercenados, morgues saturadas e impunidad.

Hasta el último día de octubre de 2019, se tenían contabilizados oficialmente 2 mil 428 asesinatos dolosos, según el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con este número de crímenes intencionales, se cometieron 8 cada 24 horas en el estado. Esta cifra superó, con 410 casos, a las muertes dolosas ocurridas en los doce meses del año pasado cuando se registraron 2 mil 18 asesinatos.

Vista las cifras oficiales, en casi seis años -de 2013 a octubre de 2019-, los homicidios en la entidad aumentaron 120%.  En ese lapso hubo sólo mil 99 crímenes dolosos, según el sistema de Monitoreo de Indicadores para el Desarrollo de Jalisco (MIDE). Este año la suma es de más del doble en sólo diez meses.

Aunque no están en el anterior recuento (se incluirán en el de noviembre) los asesinatos del juez segundo en materia civil, en Tlajomulco, Mario Sergio Zúñiga Luján, el de su secretario de juzgado y el de un recién exsecretario de un juzgado de lo familiar, ocurridos la noche del domingo 24 de noviembre en la colonia Heliodoro Hernández Loza, de esta ciudad, marcan un hecho sobresaliente en Jalisco, en donde la delincuencia opera  impunemente.

El cuestionado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ), Ricardo Suro Esteves, cuestionado por abogados y por el mismo gobernador Enrique Alfaro de presidir un Poder Judicial corrupto, dijo que ese triple homicidio es el referente de un crimen de carácter histórico para la entidad.

En contra del juez había muchas quejas y supuestamente el Consejo de la Judicatura lo investigaba desde hacía semanas. Antes, en 2002, se había registrado aquí el homicidio de otro juzgador.

Narcofosas

La crisis que se sufre empezó viene de años atrás, pero más reciente, de 2018 cuando estaba a por terminar el gobernó, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, cuando en septiembre  nació el escándalo los tráileres refrigerados que deambulaban con 444 cadáveres amontonados que estaban bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque ubicados al inicio en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El gobernador culpó al director de este organismo, Luis Octavio Cotero.

Al año de ese problema, en septiembre pasado, la FGE localizó 119 bolsas de plástico con restos humanos en una finca de bosque de La Primavera, en Zapopan, 200 metros atrás del destacamento de la Policía Federal de Caminos. Se identificaron al menos 44 cadáveres descuartizados.

Su descubrimiento fue por denuncias de vecinos debido a fétidos olores, aunque el fiscal Gerardo Octavio Solís, afirma que es porque se han aplicado en la búsqueda de desaparecidos. Las fuertes lluvias descubrieron la fosa clandestina, al poniente la ciudad, abierta y cubierta luego con maquinaria pesada.

En noviembre, fosas similares fueron descubiertas en El Zapote, en Tlaquepaque. Total, 52 restos humanos. Hallazgo similar ocurrió en Toluquilla donde se localizaron 15 bolsas y dos cadáveres. Esto sucedió tras la detención de sujetos que tenían secuestradas a 8 personas.

A lo largo del año se ha encontrado un gran número de personas embolsadas sin vida y con señales de tortura. En agosto, las autoridades descubrieron una fosa clandestina en el fraccionamiento Chulavista, Tlajomulco. A principios de noviembre, en El Zapote, mismo municipio, otra narcofosa. Total, 31 cuerpos.

De acuerdo con El Informador (24-11-19) se habían encontrado, hasta el sábado 23, 183 cadáveres enterrados clandestinamente en 16 fosas en Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Guadalajara y Tlajomulco (Zona Metropolitana).

No obstante, se contabilizan aparte alrededor 200 personas asesinadas encontradas en tales condiciones en el estado de febrero a la fecha.

Varios hallazgos dieron por personas que estaban en peligro de morir igual, pues habían sido secuestradas y al escapar o ser rescatadas dieron cuenta a otras personas o las autoridades. Este año 69 gentes, entre, ellas menores de edad han sido liberadas de casas de seguridad en donde se ubicaban cementerios ilegales.

Por otra parte, en contabilidad periodística, la semana pasada, encontraron 16 cadáveres en una fosa en Lagos de Moreno. El 24 de octubre se había hallado, aparte, 19 cuerpos.

Francisco Jiménez Reynoso, abogado constitucionalista, dice que hay una serie de interrogantes sobre lo que ocurre con las narcofosas:

“¿La falta de respuestas contundentes por parte de la autoridad y el silencio nos obliga a reflexionar y a preguntar, en el caso de la fosa acuática de La Primavera, quiénes pudieron meter maquinaria pesada para hacer un pozo de esa magnitud, para depositar cientos de bolsas? ¿Acaso ninguna autoridad vio o sospechó que algo muy raro estaba sucediendo o no vio cuando se estaba haciendo? ¿Cómo fue que trasladaron ciento de bolsas negras con personas descuartizadas en su interior sin que la Policía Estatal, Federal o Municipal (de Zapopan) se hayan dado cuentan?, cuestiona.

“Algunos pensamos que quizás autoridades quisieron borrar evidencia de restos mortales en forma muy distinta a lo ocurrido con los tráileres de la muerte del año pasado”, sostiene.

En septiembre pasado las autoridades jaliscenses recuperaron 138 bolsas, en cuyo interior había restos humanos que correspondían a cuerpos desmembrados de al menos 44 víctimas. Una semana después en el municipio de Tala encontradas otras 15 bolsas con restos humanos sin enterrar.

En todos los casos los peritos del Semefo, enfrentan serios problemas para  armar los cuerpos descuartizados que se encuentran.

Jalisco en rojo

El licenciado Alfonso Partida Caballero, afirma que aquí hay grupos criminales que operan como gavillas irregulares, hombres armados que aparecen cuando sus jefes los requieren para narcobloqueos o para sicarios en momentos de alta tensión, o  cometer crímenes aislados que requieren de uno o dos hombres.

En Jalisco, según cifras oficiales, hay 4 mil 800 hombres, acusados de homicidio que gozan de libertad a pesar de tener órdenes aprehensión, pero la Fiscalía no cumplimenta. La cadena de errores, omisiones o complicidades y fallas en la investigación, entre otros factores, dan como resultado el fracaso”. Esto, sin tomar en cuenta las que hay en el sistema penal adversarial”.

Para entender la violencia

En la práctica, El Mencho desplazó a Nacho Coronel, con una cuota de sangre nunca imaginada. En 2012 trascendió en medios que el panista Emilio González Márquez capturó al primero tras amagos de masacrar policías.

A la sombra de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y su derivación en Cártel de Guadalajara en la década de los 80, la clase empresarial y la élite política, habría dado la bienvenida a los varones del narco con sus fortunas y sus familias, lo que conformó una élite que sólo algunos.

En ciertas zonas de la ciudad en su límite con Zapopan, en ocasiones, los hijos de  empresarios, políticos y narcos, acuden a los mismos colegios o coinciden en algunas fiestas o festivales escolares.

Aquí, en menos de 10 años, el CJNG, se ha convertido en una empresa de orden nacional e internacional que mueve, según medios extranjeros, un capital de más de 20 mil millones de dólares.

Su emporio es producto de la guerra entre La Resistencia y Los Torcidos, líneas emanadas del Cártel de Sinaloa y la figura de Coronel, abatido por militares  Mexicano a finales del mes de agosto, justo en los límites de Zapopan y Guadalajara en el fraccionamiento Colinas de San Javier.

Apenas un año después de su muerte, poco antes del inicio de la edición 2011 de la Feria Internacional del Libro, sujetos desconocidos dejaron a unos cuantos metros de Expo Guadalajara (sede la FIL), tres camionetas con más de 26 cadáveres en los Arcos del Milenio.

En 2012 otros 16 cadáveres fueron abandonados al borde de la carretera a Chapala. En esa fecha una decena de personas secuestradas lograron escapar de una casa de seguridad en  Ahuisculco, Tala, municipio donde años atrás, Rafael Caro Quintero instaló en la delegación de Navajas, un emporio que ofrecía trabajo a decenas de hombres.

Caro Quintero, desde la década de los 80 sentó sus reales junto con varios de los varones de la droga y conformó el Cártel de Guadalajara, que era la migración del de Sinaloa tras la famosa Operación Cóndor.

Otro momento que habla del brinco sustantivo de criminales organizados, fue el asesinato del entonces recién designado secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, en 2013, cuando 8 de marzo fue acribillado en concurrida avenida de la ciudad a poco de haber salido de la residencia oficial del mandatario. Se le señalaban por presuntos nexos con el narco.

En 2017 el gobernador Aristóteles Sandoval, reconocía que el crimen organizado tenía en la nómina a más de 50 agentes policíacos y ahí empezó a crecer más la criminalidad que hace que nadie se sienta seguro, sobre todo en las ciudades grandes.

Baja California

 Rosario Mosso Castro/ ZETA

El primer año de gestión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será recordado como el de la mayor tasa de homicidios dolosos, feminicidios, robos a negocio, trata de personas y narcomenudeo, con fallas en un tema de seguridad en el que prevalece un recorte de presupuesto excepto para las Fuerzas Armadas, afirma Francisco Rivas Rodríguez, director de Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad.

“El homicidio sigue creciendo, ellos hablan de un punto de inflexión, nosotros corrimos modelos econométricos y lo que encontramos es que hubo un punto de inflexión hacia el final sexenio pasado, que fue la que hizo que el homicidio empezara a crecer menos. No fue en este sexenio, si lo cacarean, están cacareando algo de Enrique Peña Nieto y también están dando el dato falso de que ya está contenido, cuando no lo está”, enfatizó el titular del organismo.

Los factores para que este primer año no fuera exitoso en el tema de seguridad, consistieron en que la estrategia implementada no estuvo sustentada, además, los recortes presupuestales y el desmantelamiento institucional no fueron favorecedores. Sobre este último punto, Rivas señaló que no es solo un desmantelamiento con la desaparición de la Policía Federal, sino en referencia a la poca presencia y resultados de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, definió como “una brutalidad” la disminución que la Federación aplicó a estados y municipios, principalmente en recursos como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortaseg) a 33 por ciento, sobre todo ahora que las entidades federativas tendrán un costo extra con la presencia federal, toda vez que la Ley establece cuánto debe pagar cada una a la Guardia Nacional.

Más muertos por mes con AMLO

En Baja California, durante el primer año del sexenio de López Obrador, asesinaron a 245 personas por mes. A lo largo de toda la gestión de su antecesor, Enrique Peña Nieto, la media mensual fue de 127 homicidios. Mientras que con Felipe Calderón Hinojosa la mensualidad mortal promedió 59 víctimas.

Las 3 mil 160 muertes violentas registradas en BC durante 2018 quedaron plasmadas como la cifra récord en el conteo oficial que se ha realizado en la entidad durante 14 años: 836 asesinatos más que en 2017. Reducirla fue el reto que recibió la Presidencia de AMLO.

Para combatir la inseguridad y la violencia homicida, la primera semana de febrero, el gobierno morenista envió a Baja California a 200 elementos de la Guardia Nacional que se concentraron en Tijuana. Posteriormente, el 1 de noviembre llegaron otros 200 agentes federales comisionados a la Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia (GESI). Y de acuerdo a lo anunciado por el delegado federal único Alejando Ruiz Uribe, en Baja California se entregaron 504 millones de pesos mensuales en programas sociales.

Como resultado, los homicidios durante 2019 han registrado una reducción marginal de apenas el 7.6 por ciento al comparar con el año pasado, de 2 mil 890 a 2 mil 668 muertos (estadísticas del 1 de enero al 30 de noviembre).

“La tasa mundial de homicidios es de 6 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, pero en Baja California actualmente asesinan a 85 personas por cada 100 mil ciudadanos”, expuso Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo.

“Siguen siendo demasiados muertos, además el mismo número representa un incremento del 30 por ciento si se compara contra la media histórica de los últimos tres años. Por ello es la segunda entidad con mayor incidencia homicida en México, solo por debajo de Colima”, enfatizó el analista.

Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California (CCSP), Juan Manuel Hernández Niebla, consideró que hablar de una tendencia marginal a la baja, “es meramente consecuencial”.

Y complementó:

“Realmente no ha habido una estrategia relacionada al tema de los homicidios por parte de la Federación, y generar 150 o 180 muertos mensuales es una incidencia extremadamente alta, comparada con cualquier estándar”.

Adicionalmente, durante el presente año los homicidios culposos en Baja California aumentaron un 20 por ciento, de 317 en los primeros diez meses de 2018, a 399 en el mismo lapso de 2019.

“Que de repente te incrementen los homicidios culposos, que tienden a ser muy consistentes, no se ve natural, no se explica, porque rara vez los accidentes aumentan o disminuyen dramáticamente. Esto provoca sospecha de la existencia de un sub-registro”, manifestó Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad.

Alta incidencia en tres de cinco municipios

Para analizar el movimiento de la incidencia municipal, ZETA comparó 2018 y 2019 en el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre:

* En Tijuana, considerada la ciudad más violenta del mundo el año pasado —de acuerdo a un estudio de 50 ciudades realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal—, se siguen perpetrando la mayoría de los crímenes en BC. Entre el 72 y 77 por ciento de los homicidios durante 2019, dependiendo del mes.

En esta ciudad los asesinatos bajaron de 2 mil 296 a 2 mil 047, es decir, 249 muertes menos, lo que significa una reducción del 11 por ciento. Aun así, en el municipio asesinan a 132 personas por cada 100 mil habitantes. Mientras que los homicidios culposos crecieron 30 por ciento, de 114 en 2018, a 164 en 2019.

* En Rosarito aumentaron las muertes violentas de 113 a 149; esos 36 cadáveres adicionales significaron un aumento del 32 por ciento, y, por su menor densidad geográfica, el municipio contabiliza 163 homicidios por cada 100 mil habitantes. Las muertes culposas se mantuvieron estables.

* En Ensenada los homicidios crecieron de 240 a 253 cuerpos (5 por ciento), los culposos de 98 a 111 víctimas (13 por ciento) y registra una tasa de 52 ejecuciones por cada 100 mil habitantes.

* En Tecate ha habido ocho muertos menos que el año pasado, al reducir su incidencia en 8 por ciento y, dada su poca población, registra 84 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

* Por último, Mexicali sería la ciudad más segura en Baja California, ya que las muertes bajaron 10 por ciento, de 146 a 132 víctimas, cuenta apenas 15 homicidios cada 100 mil habitantes. Pero tratándose de muertes culposas, cuenta el más extraño y gran aumento de un año a otro: de 41 durante 2018, subió a 74 en 2019, lo que significa un 45 por ciento más que significaría un sub-registro.

La Guardia Nacional y la estadística

Más de  diez meses tienen en Baja California los primeros 200 elementos de la Guardia Nacional enviados por la Federación, la inmensa mayoría concentrados en Tijuana, donde su presencia solo ha destacado por la intervención para controlar a los grupos de migrantes, y esporádicamente, brindando apoyo acordonando zona donde otras corporaciones realizan operativos.

Su colaboración en la ejecución de órdenes de aprehensión ha sido tan marginal que el número de órdenes concretadas no subió entre febrero y octubre, sino que se mantuvo entre 100 y 120 mensuales (ver gráfica).

En lo especifico, Tijuana registró un leve decremento los primeros dos meses del arribo de estas fuerzas federales: de 220 muertos en enero, bajó a 145 y 152  en febrero y marzo, pero volvió a los 217 en junio, cuando la Guardia Nacional se ocupó de la retención de las caravanas de migrantes y no volvió a tener una reducción significativa hasta octubre, cuando llegaron nuevos mandos de seguridad con los gobiernos municipales y sumaron 156 muertos.

La incidencia homicida de los otros cuatro municipios no se vio impactada por la presencia de la Guardia Nacional. Sin embargo, sí tuvieron leves reducciones en los homicidios, primero en octubre con el cambio de gobiernos municipales, y después con el de Gobierno del Estado.

En el caso de Ensenada, de 45 muertos en octubre bajó a 24 en noviembre; Rosarito disminuyó de 24 homicidios en agosto a 11 en octubre; Tecate registró seis en agosto y la misma cantidad en  noviembre; y Mexicali tuvo 18 en octubre para bajar a siete en noviembre. Pero las estadísticas mortales en Baja California continúan siendo muy inestables.

Aun sin resultados tangibles, el 14 de noviembre, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció que en diciembre llegarían más elementos de la mencionada Guardia, y el 29 de noviembre, el Cabildo de Tijuana aprobó la desincorporación del terreno de 10 mil metros cuadrados en el que se construirá  la estación de la Guardia Nacional en el fraccionamiento El Laurel, en la delegación Presa Este.

Narcotráfico y narcomenudeo 

Las actividades de los operadores de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) Arellano Félix (CAF) y De Sinaloa (CDS) no han sido mermadas con la presencia de la Guardia Nacional, dedicada en esta primera fase a labores socialización y apoyo a otras corporaciones

Pablo Huerta y Roque García, del CAF; Israel Alejandro Vázquez “Cabo 50”, David López Jiménez “Cabo 20”, Jesús Alfonso Trapero y Alejandro Estrada, del CJNG; Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega”, Vicente Martínez González “El Güilo”, Luis Alfredo Garibay Félix, Víctor Hugo Mejía “El Griego”, José Luis Mendoza Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, Alfonso y René Arzate, del CDS, han sido identificados como operadores del crimen organizado en Baja California en diferentes niveles.

El problema es precisamente que al igual que sus antecesores, en el primer año de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador ni el Gobierno Federal ni el local, han sido capaces de iniciarles expedientes. Únicamente los Arzate tienen órdenes de aprehensión en su contra por tráfico de drogas… pero en California, Estados Unidos.

“En los homicidios estamos frente a la Ley Pareto” expresó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del CCS. “El 20 por ciento de los criminales generan el 80 por ciento de la delincuencia, estamos hablando de los líderes de cárteles, que son los que están ordenando estos homicidios y prácticamente todas las actividades de narcomenudeo. Pero mientras no exista inteligencia, carpetas de investigación y las consecuentes órdenes de aprehensión de estas personas, el tema de los homicidios ahí va estar”.

Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, remató:

“En Baja California, Tijuana y todo el país, los homicidios tienen su raíz en el pleito de las bandas por el control territorial para vender drogas, narcomenudistas y narcotraficantes. En los municipios bajacalifornianos la situación se agudiza porque el pleito es también por el control territorial del mercado de exportación, aunque este último es menos violento que el narcomenudeo. La única manera (de reducir los homicidios) es regulando las drogas, lo propuso Andrés Manuel López Obrador, está en su Plan de Paz y Seguridad, pero no ha hecho nada, no hay ninguna iniciativa para regular el cannabis, ya deberían estar regulando hasta el cultivo de la amapola. Aunque no necesariamente bajaría la violencia en Tijuana como en otros lados, porque esta ciudad tiene un pleito de control territorial por el mercado de exportación”.

Acorde con Hernández Niebla, los homicidios no son tema de policías preventivas, “se necesita una estrategia más armada, estamos hablando de fiscalías, la General si hablamos de narcotráfico, y Estatal tratándose de narcomenudeo y homicidio; es muy claro que el tema está relacionado a eso, y, por más policías que tengamos en el Estado, difícilmente ellos van a poder disminuir el número de homicidios”

Por su parte, José Antonio Ortega Sánchez, de la asociación civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, argumentó:

“La política de ‘Abrazos no balazos’ no tiene resultados ni un impacto significativo en los homicidios, porque no está combatiendo la impunidad ni contribuyendo a elevar los índices de justicia”.

Homicidio, extorsión y narcomenudeo, lo preocupante

“El problema es que esta autoridad sigue pensando que está dando resultados en temas donde no hay evidencias de que los esté dando. Y no estamos seguros que esta mejora marginal en homicidios sea sostenibles” enfatizó Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano.

“Los que suben son extorsión un 73 por ciento, narcomenudeo  29 por ciento. Baja California sigue ocupando el primer lugar nacional en robo de vehículo aunque tiene una reducción del 13 por ciento. Además, el Estado está en los primeros lugares nacionales por violaciones, y este año las denuncias registraron un aumento del 5 por ciento”,  expresó Santiago Roel, de Semáforo Delictivo.

“Los programas sociales que supuestamente es la gran apuesta de López Obrador no sirven en la reducción de  incidencia,  porque la violencia no está correlacionada con la violencia homicida o de narcomenudeo. La relación de la violencia es con el desempleo, cuando aumenta crecen los robos nada más. No suben los delitos de alto impacto. Se lo dijimos a la 4T pero no escuchan”, aseguró el analista.

“La pobreza hay que combatirla porque es un tema social, pero no está correlacionada porque hay estados ricos y pobres con violencia. O casos como el de Yucatán, que está ubicado en la tabla media de la riqueza y es tranquilo”.

Roel reclamó el tema clientelar de los programas: “Tienen un carácter más electoral que social, porque todo se lo deben a López Obrador, además, no tenemos contabilidad ni indicadores que nos digan si se están aplicando bien o no, y no se ha observado que tengan algún impacto en la inseguridad”.

La inseguridad y el presupuesto

Los analistas y consejeros consultados señalaron que el panorama en el tema de inseguridad para 2020 es muy adverso no solo para Baja California, sino para el resto del país, principalmente por los recortes presupuestales, que tendrán un efecto negativo en la capacidad que tiene los estados y municipios para enfrentar a narcotraficantes y narcomenudistas.

Durante 2019, el plan de egresos mostró una reducción en prevención del delito en 27 por ciento; en temas antisecuestro se redujo 33 por ciento; en procuración de justicia 17 por ciento; búsqueda de personas 50 por ciento; y en derechos humanos un 10 por ciento. En contraparte, quien está recibiendo mayor recurso es el Ejército por sobre la Guardia Nacional.

La falta de dinero se agrava con la ausencia de una estrategia en el marco de un debilitamiento institucional, con el incipiente proceso de formación de la Guardia Nacional, a la que le están pidiendo cosas que no va a poder hacer, porque no está lista.

Juan Manuel Hernández Niebla, del CCSP, destacó que en Baja California no se ha visto mejoría y, pese al compromiso hecho por el gobernador Jaime Bonilla, sin dinero no se puede.

Agregó que el organismo que dirige ya tuvo oportunidad de presentar sus propuestas para mejorar las condiciones de seguridad en el Estado al recién estrenado mandatario, “estamos hablando primero de un esquema de métricas del desempeño, porque la manera

cómo están estructurados ahorita, no tienen ni la infraestructura ni material, humana o la funcionalidad para poder dar cabida y solución a los altos números de incidencia criminal en el Estado”, declaró Hernández Niebla.

“Los análisis por fiscalías estatales en el país ubican a Baja California en los últimos lugares, el Poder Judicial no está mejor, hacen falta jueces, salas de audiencia, ministerios públicos, lo que no se puede obtener sin recursos”.

Explicó que cuando Bonilla los escuchó, se comprometió a gestionar los recursos necesarios para mejorar los servicios y  empatar Fiscalía con Poder Judicial para evitar los cuellos de botella y fomentar la justicia expedita.

“Pero entiendo ahora que los presupuestos no se están dando, incluso vienen recortados. Y ese va a ser el gran problema. La Federación nos promete seguridad y no vemos que los dineros vayan a fluir, y las autoridades locales no van a poder hacer milagros”, advirtió, considerando que en los índices de inseguridad, la estrategia financiera no tiene lógica. “Entre 2018 y 2019 se redujo la inversión en este tema en un 10 por ciento, este año aún más, y destacan las disminuciones en áreas prioritarias como Poder Judicial y  la Fiscalía General, eso explica por qué México ocupa el nada digno último lugar entre los países integrados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde el promedio de inversión es de 1.7 por ciento del recurso, mientras en México es apenas del 0.9 por ciento.

Cuestionado respecto a si el CCSP ha manifestado su inquietud ante el Gobierno Federal, Juan Manuel Hernández Niebla indicó:

“Todavía anda muy sesgado, para ellos la participación ciudadana, de las organizaciones de la sociedad civil en cualquiera de los temas, no la consideran necesaria, ha sido muy poco el juego que nos ha dado. En lo particular, invité dos veces al delegado Ruiz Uribe para explicarle nuestra opinión de la problemática, presentarle nuestra propuesta, pero ni siquiera tuvo la cortesía de contestarnos. Diferente a la apertura del gobernador, que siempre nos ha recibido”.

Entre los días 18 y 19 de diciembre, el CCSP presentará al fiscal estatal, Guillermo Ruiz Hernández, las propuestas que ya le entregaron a Jaime Bonilla, no obstante, Hernández Niebla planteó: “¿Pero cómo le vamos hacer, si no estamos asignando los dineros suficiente? El panorama es desalentador”. (Colaboración con Uriel Saucedo Ramírez)

Engarzada… 

A tres semanas de que culmine el año, en Tijuana se han perpetrado 2 mil 062 homicidios.

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado, del total de las víctimas 213 eran mujeres. En los primeros cinco días de diciembre se registraron 25 ejecuciones, cinco de estas contra féminas.

De acuerdo a un investigador, el móvil del crimen de Rubí Esmeralda López López fue pasional. Los familiares de la mujer de 32 años de edad, la reportaron como desaparecida el 25 de noviembre. Siete días después, su cadáver apareció en la cajuela de su vehículo en la colonia Obrera segunda sección. Médicos legistas señalaron que la causa de muerte fue anoxemia por estrangulamiento.

Según testigos, el vehículo de la mujer —un Volkswagen Jetta 2007— tenía por lo menos nueve días estacionado sobre la calle María Díaz y de la unidad despedían olores fétidos, por lo que residentes de la zona denunciaron, pero no les hicieron caso. Fue hasta el lunes 2 de diciembre que se descubrió el cuerpo sin vida.

Una fuente confió a ZETA, que la mujer vivía en el fraccionamiento Ke Casas y se dedicaba a la venta de seguros. Según pesquisas, Rubí Esmeralda mantenía una relación sentimental con dos hombres.

El lunes 2, Guadalupe Arroyo González fue asesinada junto a Silvestre Santa Cruz Sánchez “El Chivo”, de 53 años, a bordo de una camioneta Mercedes Benz  en el fraccionamiento Las Huertas cuarta sección.

Al día siguiente, en el interior de una mochila negra se localizó la cabeza cercenada de una mujer de entre 50 y 55 años, así como dos piernas y dos manos. El hallazgo tuvo lugar en un tramo de terracería en la Ruiz Cortines. El mismo martes 3 de diciembre, en la calle Guadalupe Victoria, frente al número 6030 de la colonia Altamira, se encontró el cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años dentro de la cajuela de un vehículo Honda color negro; presentaba lesiones por arma de fuego en cuello y espalda.

Más tarde, en la Zona Norte, fue asesinada Magaly Guadalupe Bush Flores, de 19 años. Recibió dos tiros en la cabeza.

Solo en el crimen de esta última se detuvo a un presunto responsable, identificado como José Pedro Tadeo Zamora, de 37 años.

Los crímenes de la primera semana

Domingo 1 de diciembre. Envuelto en una sábana y una lona, fue encontrado el cadáver de un hombre. En Natura se localizó el cuerpo calcinado de otro masculino. Omar Alejandro Barrera Jiménez, de 42 años, pereció en el Hospital General tras ser baleado y golpeado. En Valle Redondo se hallaron restos humanos calcinados (cabeza, pierna y dorso) dentro de una maleta color rojo. En Mariano Matamoros Sur fue encontrado muerto Juan Alfonso Ruiz Morales, de 46 años.

Lunes 2. En Los Altos fue hallado el cadáver de un masculino de 45 años, con doce lesiones por proyectil de arma de fuego en rostro, espalda y pectoral; en la escena se localizaron ocho casquillos calibre 40 milímetros, una bala y una gorra. Un joven de 20 años fue ultimado a tiros en un predio baldío en Rancho Santa Cruz. Manuel López González, de 47 años, fue asesinado en Infonavit Lomas del Porvenir. En el negocio Ciber House de Villas del Sol III, fue ejecutado Jesús Salvador Rodríguez Rosas, de 40 años. En la colonia Guadalajara fue privado de la vida un masculino de 35 años.

Martes 3.  En un terreno en construcción en Las Torres parte baja, murió un hombre de entre 50 y 55 años por seis tiros en pectoral y espalda. En la canalización del Río, a la altura del Puente México, fue encontrado el cuerpo de un hombre de alrededor de 50 años. En un auto Honda color negro se hallaron los cadáveres calcinados de dos hombres en la colonia Chihuahua.

Miércoles 4. Envuelto en una cobija fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 20 años en la Zona Centro.  En el Hospital General falleció Juan José Zambrano Rodríguez, de 52 años, quien recibió un tiro en el abdomen dos días antes. En la recámara de un domicilio en el Ejido Maclovio Rojas, Cristián Mendoza Salgado, de 35 años, fue apuñalado en siete ocasiones. Melquíades Gómez Alarcón, de 36 años, fue ultimado a balazos en Lomas de San Martín.

Jueves 5. En el Hospital General perdió la vida José Manuel Mata Gómez, de 44 años. Fue baleado en el abdomen en la colonia Lázaro Cárdenas.

Hasta el cierre de esta edición, jueves 5 de diciembre, Baja California contabilizó 2 mil 702 homicidios dolosos en el transcurso de 2019.

Numeralia de robo y secuestro