Partidiario
Criterios
Podremos estar en desacuerdo con el presidente AMLO por cambiar la legislación para hacer la “Ley Taibo II” y poder incluir en su equipo al escritor nacido en España, pese a su exabrupto en la FIL, o por imponerse para que no haya Fiscalía General independiente su poder, el Poder Ejecutivo.
Podremos estar en desacuerdo o llanamente en contra del mandatario por perdonar con anticipación a exfuncionarios sinvergüenzas, o por hacer senador desde su exilio en Canadá al líder minero Napoleón Gómez, Napito, o por facilitarles el acceso a las cámaras a legisladores de dudoso proceder, o también por propiciar el regreso de Elba Esther Gordillo al SNTE.
Además, podremos estar en contra de López Obrador por haber dado cargos a gente cuestionada, como Manuel Bartlett,quien fuera culpable de la “caída” del sistema electoral -y la consecuente caída de Cuauhtémoc Cárdenas para llevar a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari-, o por echar abajo un aeropuerto ya muy avanzado en Texcoco que al final pagarán los usuarios aéreos con el TUA elevándolo un 27%, o pagaremos todos los cautivos con impuestos nuevos o más altos.
Finalmente, podremos estar en desacuerdo con el presidente Andrés Manuel hasta por hacer consultas populares manipulables que justifiquen acciones de gobierno como éstas, atinadas o desatinadas.
Sin embargo, pese a esas y a otras inconformidades de algunos o de muchos, todos estamos muy de acuerdo con la promesa de acabar con la inseguridad y la corrupción y, además, que diputados, senadores, gobernadores, miembros del gabinete, jueces, magistrados y, sobre todo, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ganen sólo lo justo, para vivir con dignidad, no para enriquecerse en menos que canta un gallo.
De esta forma, los avariciosos togados se han convertido en una élite de oro que, por los resultados vistos y sufridos hasta ahora, con menos del 2% de castigo a los criminales, sólo comprometen la justicia y propician la impunidad que genera más y más delincuentes, violencia e inseguridad casi hasta el infinito.
Cuando en la administración de Vicente Fox se le incrementó sustancialmente el presupuesto a la SCJN, los ministros empezaron a adjudicarse, sin pudor ni recto, altos salarios y una serie de beneficios adicionales, supuestamente para hacer más eficiente su trabajo y evitar la corrupción. Al parecer, ninguno de esos objetivos se ha conseguido y sí, en cambio, lograron más que duplicar el salario presidencial, al grado de que en la actualidad recibe cada ministro al mes cerca de 600 mil pesos.
Esta escandalosa cifra, que es más de cinco veces el salario que cobrará mes a mes López Obrador (108 mil pesos), movió al presidente a enviar la iniciativa para reformar la Ley de Percepciones de Servidores Públicos en donde se reafirma que ningún funcionario debe ganar más que el titular del Poder Ejecutivo, como inicialmente se había establecido en el sexenio antepasado.
Para mantener los privilegios de esa casta, por un lado, y por el otro, para hacer ruido político, senadores del PAN, PRI y MC, acicateados por un sector del STJN, promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la disposición legal que rebaja los sueldos y, ni tardo ni perezoso, el ministro Alberto Pérez Dayán, en un “acto suicida”, como le llaman algunos (podrían desaparecer la Corte y nombrar un Tribunal Constituyente), ordenó la suspensión de la ley y, en automático se inició una guerra contra Ejecutivo y Legislativo.
De acuerdo con distintos columnistas, entre ellos Raúl Rodríguez y Mario Maldonado, de El Universal y Raymundo Riva Palacios, de El Financiero, atrás de la trama del pleito entre AMLO y la SCJN, habría estado la secretaria de Gobernación. En síntesis, estuvo así:
La exministra Olga Sánchez Cordero, para monopolizar para ella la relación del presidente con la Suprema Corte por intereses que tiene ella ahí (laboran dos de sus hijas y es titular de una notaría), les había prometido a sus excolegas que sus elevados salarios permanecerían intactos.
Entonces se formaron dos bloques de ministros, uno integrado por el propio Pérez Dayán, instrumento del ministro presidente Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Pardo. Todos estos responden a las intenciones de Sánchez Cordero, quien además dijo que la vacante que deja José Ramón Cossío, la ocuparía la presidenta del Tribunal Electoral, Janini Otálora.
Pero todos ellos no contaban que a esa propuesta se opondría Julio Scherer Ibarra, asesor jurídico de AMLO, quien propuso a Juan Luis González Alcántara para suplir a Cossío y, además, estaría de parte del resto de los letrados: Arturo Zaldívar (inscrito para presidente del Poder Judicial en la elección del 2 de enero y no Gutiérrez Ortiz Mena del grupo de Olga), Eduardo Medina Mora, Javier Laynez, José Fernando Franco, Margarita Luna Ramos y Norma García Piña.
Entonces, el revés de la trama, o intriga, está dentro del mismo equipo de López Obrador, concretamente en Gobernación.
