Al llegar a los primeros 100 días de gobierno, Joe Biden sigue reculando para echar por tierra algunas medidas puestas en marcha al inicio de su mandato con la intención de favorecer a las personas migrantes; asimismo, algunas promesas de campaña para aligerar la carga de los exiliados económicos que tratan de llegar a Estados Unidos están durmiendo el sueño de los justos.
No solo eso, sino que esta misma semana en medio de los festejos por el centenar de días durmiendo en la Casa Blanca, Biden lanzó la operación Centinela con el objetivo, asegura su administración, de identificar a los traficantes de personas migrantes y actuar contra sus actividades mediante la revocación de documentos de viaje, la suspensión de entidades comerciales y la congelación de activos financieros.
Como ha sucedido en gobiernos anteriores, cuando lanzan una nueva operación para detener traficantes de personas o asegurar la frontera, en los hechos termina siendo una operación para sellar la entrada “sin documentos” de personas migrantes. Esto trae como consecuencia una mayor violencia en la frontera, mayores peligros para los migrantes a consecuencia de las rutas que se ven obligados a tomar para evitar ser detenidos y un incremento considerable en los cobros que realizan los coyotespara cruzar a las personas.
Históricamente todas las operaciones solo hancomplicado la entrada a la Unión Americana, sin lograr disminuir la violencia contra las personas, además deno hacer lo necesario para desmantelar las bandas de polleros.
En esta nueva operación están implicadas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y El Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Junto a la operación Centinela se estableció que la entrada no autorizada de extranjeros a Estados Unidos se castigará hasta con 180 días de cárcel federal por la primera condena, y hasta dos años por condenas posteriores. El reingreso no autorizado se castigará con sentencias desde los dos años, hasta 20 años, si el personal tiene condenas penales anteriores.
En tanto esto sucede, la frontera sur de la Unión Americana se desborda. La CBP reportó que entre enero y marzo fueron interceptadas 351 mil 803 personas en movilidad irregular, de los cuales 34 mil 173 eran menores no acompañados. Solo en marzo fueron detenidas 172 mil 331 personas, de las que 18,890 eran menores de edad solos, el recuento mensual más alto desde marzo de 2001.
Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha hecho uso indebido durante más de un año de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para expulsar del país a familias, adultos y niños no acompañados que buscan refugio, con el supuesto propósito de combatir la propagación del Covid-19, lo que ocasiona la expulsión de migrantes que buscan obtener el asilo.
Así, entre el rechazo al asilo, la reforma migratoria que no avanza y la operación Centinela, el panorama de las personas migrantes continúa nublándose al paso del gobierno de Joe Biden y el desinterés de los gobiernos en sus naciones de origen.
@contodoytriques
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