Por Jorge Meléndez Preciado
21 de febrero de 2022.- Desde Masacre en Columbine (2002), el gran documental de Michael Moore, sabemos que las matanzas en los colegios estadounidenses son frecuentes.
Según la organización estadounidense Pew Research Center, en 2021 hubo 693 tiroteos masivos. Y entre 2010 y 2020 aumentaron en 75 por ciento, lo cual muestra que la venta indiscriminada de utensilios bélicos es grave para los mismos yanquis, no digamos para América Latina, donde la inmensa mayoría de las armas provienen del Imperio del Norte (David Brooks, La Jornada, 16 de febrero).
124 ciudadanos estadounidenses mueren por la acción de las pistolas y rifles cada 24 horas.
Según el Centro de Control de Enfermedades, anualmente hay 43 por ciento de homicidios y más de 50 por ciento de suicidios por esos instrumentos que no están regulados y son vendidos en ferias que parecen espectáculos de lo macabro.
Afortunadamente, Remington Arms, fue obligado a pagar 73 millones de dólares (Milenio, 16 de febrero) por una demanda legal de parte de las familias de 20 niños y seis educadores, que fueron asesinados en un tiroteo realizado en la escuela Sandy Hook, en el poblado de Newton, en Connecticut, ocurrido en diciembre de 2012.
El caso lo llevó el abogado Josh Koskoff, desde 2014, y aparte de esta sanción a los armeros de la Remington, se logró que tengan la necesidad de abrir cientos de archivos donde se explica de qué manera hacen estos objetos del mal y como los expenden.
La madre de uno de los chicos asesinados, Nicole Hockley, dijo que su hijo Dylan ya no estará con ella por esas malas prácticas, aunque este triunfo contra los hombres del mal podrá lograr que muchos jóvenes e incluso niños puedan estar más seguros en sus hogares y en los centros de instrucción, a donde acuden para obtener conocimientos y no estar en peligro de muerte.
Amén que una buena cantidad de individuos, organizaciones civiles y abogados harán otras demandas para insistir que debe ponerse freno a la mencionada industria tan poderosa en los Congresos estadounidenses, la cual da centenas de millones de dólares al año para que no se legisle en su contra.
Por cierto, el tipo de rifle causante de la grave tragedia en el colegio Sandy Hook lleva como nombre Bushmaster, lo que recuerda a la familia que gobernó Estados Unidos por un buen tiempo y utilizó la guerra contra varias naciones, incluso con argumentos falsos, para desarrollar armas sofisticadas al por mayor.
La importante decisión judicial tiene gran importancia para México, ya que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país ha presentado una demanda contra ocho armeros por la introducción de dichos artefactos indiscriminadamente a nuestro país.
Cada año entran a México 700 mil armas (La Crónica, 16 de febrero), de las que se tiene conocimiento. Aunque en otras operaciones como la que supimos de Rápido y Furioso y otras desconocidas, están fuera del radar hasta que se destapan.
La petición mexicana, inusitadamente, ha sido apoyada por varios procuradores generales estatales, fiscales municipales y organizaciones ciudadanas, entre otras, la importante Newton Action Alliance.
Todas ellas han cuestionado la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, algo que posibilita el comercio sin límites de estas herramientas de muerte y destrucción.
Ojalá haya sinergias entre muchos estadounidenses y de otros países con el fin de evitar episodios muy reiterados y siempre condenados, pero jamás evitados mediante la regulación.
Por otro lado, el gran periodista Juan Velediaz (El Sol de México, 17 de febrero), informó que en el sexenio de Vicente Fox se produjo un fusil por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, llamado Xiuhcoatl, que en realidad era un copia de algo producido en Alemania por la empresa Hockler and Koch.
Ello trajo un reclamo germano y se tuvieron que destruir, con Felipe Calderón, donde empezaron a utilizarse, 50 mil armas de ese tipo.
El asunto se desempolvó porque el año pasado, se mandó a Consejo de Guerra a varios militares, del sexagésimo Batallón de Infantería, con sede en Cajeme, Sonora, por la sustracción de 10 lanzacohetes de granadas por parte de uniformados, que los iban a entregar al narcotráfico.
Del total se recuperaron ocho y dos siguen, presuntamente, en manos criminales.
Errores gubernamentales y uniformados con nexos criminales.
Es indispensable la vigilancia estricta en estos asuntos.
@jamelendez44