Por: Eduardo Esquivel Torres
Bloques opositores en el Congreso de Jalisco criticaron al Gobierno del Estado y a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), exigiéndoles dejar atrás la disputa partidista para construir un plan hídrico colectivo que resuelva de raíz la severa crisis de desabasto y mala calidad del agua que azota al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
A través de un pronunciamiento conjunto, diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT), Futuro y Hagamos acusaron a la administración estatal de insensibilidad, de mentir sobre el presupuesto federal y de intentar impulsar una “privatización silenciosa” del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).
Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de la bancada de Morena, afirmó que su partido y sus aliados están dispuestos a sumar esfuerzos en un esquema intergubernamental y plural. Sin embargo, sentenció que “privilegiar la politiquería sería insensible y mezquino” frente a un problema que afecta la salud de miles de ciudadanos.
El legislador morenista desmontó la urgencia de adquirir nueva deuda pública o de recurrir a la inversión privada. En su lugar, propuso una ruta clara de saneamiento financiero para el Siapa:
Eficientar la recuperación de adeudos.
Combatir frontalmente las tomas clandestinas.
Erradicar la corrupción interna del organismo operador.
Establecer un esquema presupuestal multianual estatal para capitalizar al Siapa.
De la Rosa Figueroa calificó como “mentira” los constantes reclamos del gobernador sobre un supuesto abandono presupuestal de la Federación. El diputado desglosó las inversiones federales vigentes en Jalisco:
609 millones de pesos destinados a la construcción de tres plantas de tratamiento en la cuenca del río Santiago, la rehabilitación de otras tres existentes y la instalación de sistemas de monitoreo y saneamiento en la cuenca del río Lerma.
8 mil 868 millones de pesos para la presa El Zapotillo, su sistema de bombeo y los canales de conducción.
Respecto a El Zapotillo, la oposición reveló que el megaproyecto opera actualmente de forma limitada por una omisión del propio Gobierno del Estado, el cual no ha resuelto la liberación de los derechos de vía pendientes.
La crisis no es solo de infraestructura, sino también de salud pública. La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, alertó que desde 2020 se han acumulado más de nueve mil quejas ciudadanas por agua contaminada. Muestreos realizados por colectivos y especialistas han evidenciado graves fallas en la cloración y, de manera alarmante, la presencia de metales pesados en el líquido que llega a los hogares.
Cárdenas Méndez criticó que el plan presentado por el Poder Ejecutivo estatal no garantiza el carácter público del agua, pues duplica funciones del Siapa y contempla la contratación de empresas privadas para cobrar la cartera vencida.
Por su parte, el diputado Leonardo Almaguer Castañeda (PT) denunció abiertamente que el Ejecutivo busca privatizar el servicio mediante el esquema CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación). Este modelo funciona como una Asociación Público-Privada (APP), en la que se entrega el control de la infraestructura a particulares a cambio de contraprestaciones económicas.
Finalmente, Tonatiuh Bravo Padilla, legislador del partido Hagamos, recordó que el agua es una atribución constitucional de los municipios y que la ineficacia del Siapa ha agravado el colapso.
Bravo Padilla exhibió la contradicción financiera del organismo: mientras el Gobierno del Estado afirma que se necesitan 20 mil millones de pesos para nuevos proyectos, el Siapa tiene una cartera vencida de 18 mil millones de pesos que no ha sido capaz de recuperar.
El legislador reiteró el rechazo absoluto a la “privatización silenciosa” que, afirmó, pretende concesionar los servicios públicos esenciales a manos privadas.
