Guadalajara, Jalisco.-Un fallo judicial reciente ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) devolver dos residencias y 14 vehículos, incluidos un Lamborghini Aventador y un Porsche, que habían sido incautados tras la recaptura de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La incautación de estos bienes se realizó en noviembre de 2021, cuando González Valencia fue detenida en Zapopan, Jalisco, en el marco de una investigación relacionada con el secuestro de dos marinos. Según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), este secuestro fue una represalia por la detención de la esposa del líder del CJNG.
Los bienes asegurados incluían dos residencias que, según las investigaciones, eran utilizadas como casas de seguridad por el CJNG. Una de las propiedades estaba registrada a nombre de Laisha Oseguera González, hija de “El Mencho”. La FGR argumentó que tanto las propiedades como los vehículos estaban vinculados a actividades ilícitas, en particular, la privación ilegal de la libertad de personas.
Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que la FGR no cumplió con los procedimientos legales adecuados al incautar estos bienes. El tribunal señaló que no se obtuvo la autorización previa de un juez de control, como lo establece el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo requiere que cualquier medida que afecte derechos fundamentales, como la incautación de propiedades, cuente con la autorización judicial correspondiente.
El tribunal dejó sin efecto el aseguramiento de los inmuebles y vehículos, subrayando la importancia de respetar los derechos fundamentales en el proceso penal. Además, criticó la falta de justificación por parte de la FEMDO en su actuación, lo que llevó a los propietarios de los bienes a interponer un juicio de amparo. En primera instancia, este amparo les fue negado, pero la revisión del caso por el Tribunal Colegiado resultó en un fallo favorable para los quejosos, quienes argumentaron que sus derechos habían sido violados.
Este fallo plantea dudas sobre la legalidad de las incautaciones relacionadas con el crimen organizado, destacando la necesidad de cumplir estrictamente con los procedimientos legales para evitar que estas acciones sean revertidas en tribunales. La devolución de estos bienes al CJNG representa un revés para la FGR y subraya la importancia del debido proceso en la lucha contra la delincuencia organizada.
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