Ciudad de México-. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) tacharon de riesgosa la decisión de la Cámara de Diputados para eliminar el Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Señalaron que los defensores de los derechos humanos, así como los comunicadores en el país corren riesgo debido a la violencia y amenazas que reciben. Además, el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) expuso que México es el segundo país con más periodistas asesinados a nivel mundial, solo por detrás de Irak.
En 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 periodistas asesinados registrados por la UNESCO en dicho periodo. En 2019, la ONU-DH documentó 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de siete de ellos.
Debido a lo anterior, 27 organismos e instituciones de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano le han emitido 425 recomendaciones al país al respecto. También, ha sido foco de atención de la comunidad internacional.
En 2018, los países miembros del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizaron 21 recomendaciones dirigidas a México sobre el Mecanismo de Protección, de las cuales 17 son acerca de otorgarle a dicho los recursos necesarios para asegurar su eficacia.
En medio de este contexto, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada junto con la sociedad civil, ha fungido como la principal respuesta frente a dicha situación, así como un marco normativo para que el Estado cumpla con sus debidas responsabilidades al respecto.
Otro aspecto que las instituciones critican sobre la decisión de los diputados, es que no ofrecen alternativas. También, la FMOPDH, CNDH y ONU-DH detallar en cuanto al del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas previsto en la Ley General de Víctimas, que cualquier reforma hecha al mismo, debe hacerse con la participación efectiva de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección que pudieran padecer.
Para concluir, las tres instituciones piden al Senado de la República hacer el respectivo análisis sobre la decisión de la Cámara de Diputados.
