A casi mes y medio de haber sido designado como titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), Fernando Quesada Gómez no ha culminado el proceso formal de toma de posesión debido a que los trámites de entrega-recepción continúan inconclusos, según denunció la asociación civil Jubilados Libres.
Durante un encuentro realizado con motivo del Día del Jubilado, la representante de la organización, Vicky Alcántar Martín, sostuvo que la estructura administrativa saliente mantiene injerencia en las decisiones del organismo patrimonial de los trabajadores del Estado, lo que ha obstaculizado una transición efectiva.
Según la dirigente de la agrupación, existen anomalías en la asignación de prestaciones médicas y en el manejo de personal dentro de la dependencia. Entre los sealamientos recabados por la organización, se acusa el otorgamiento irregular de servicios de salud institucionales a personas con cobertura previa en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representaría un uso indebido de los recursos destinados a los derechohabientes.
Alcántar también hizo referencia a presuntas presiones laborales dentro de áreas operativas, citando casos específicos como la Dirección de Atención a Derechohabientes, a cargo de Israel Flores Torruco, a quien atribuyen sanciones contra personal operativo por asistir a adultos mayores en la realización de trámites tecnológicos, así como incrementos salariales discrecionales al interior de su equipo cercano.
La organización contrapuso las percepciones salariales vigentes entre los trabajadores del instituto. Mientras que a los empleados en activo se les otorgó un incremento salarial del 6%, las pensiones de los jubilados registraron un ajuste del 4%, situación que contrasta —según la agrupación— con aumentos discrecionales aplicados en gestiones anteriores, como la de Juan Partida Morales, los cuales habrían alcanzado hasta un 67% en puestos clave.
Ante este panorama, Jubilados Libres solicitó al director general, Fernando Quesada Gómez, que acelere la conclusión del proceso de entrega-recepción, ordene una auditoría integral a la estructura administrativa saliente y deslinde las responsabilidades legales o administrativas que correspondan por los posibles perjuicios al patrimonio de los pensionados.
