Por razones aparentemente inexplicables, pero explicables en el fondo como para no dar lugar a alusiones personales, a sospechas de que pudiera venir algún día la rasurada por acá, los medios informativos locales le dedicaron, algunos nada y otros un poco de tiempo y espacio, a la aprehensión, el lunes 31 de agosto, de Gerardo Sosa Castelán, Sosa Nostra.

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y presidente, ad infinitum, del patronato de la propia casa de estudios desde hace más de tres décadas y presumiblemente involucrado en la famosa “Estafa Maestra”, al lado de la prisionera Rosario Robles, exintegrante del gabinete de Enrique Peña Nieto, es acusado por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de peculado, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de una red de empresas falsas o de fachada, el cacique universitario de Hidalgo se habría dedicado al lavado de dinero –que bien pudo salir del erario público–, que debió destinarse a fines sociales, o que salían directamente de la institución educativa.

La información oficial señala que Sosa Castelán no pudo comprobar el origen de 151 millones de dólares depositados en tres cuentas en el banco HSBC a nombre de la UAEH, pero que el susodicho manejaba a su antojo.

En referencia al todo poderoso Gerardo Sosa en el estado de Hidalgo, el periodista Alfredo Rivera Pérez publicó en 2004 el libro La Sosa Nostra –en referencia a la mafiosa Cosa Nostra italiana– en el que da cuenta del porrismo universitario, aliado o coludido con el gobierno estatal en Hidalgo, para hacer y deshacer lo que le venga en gana.

A la publicación de esta obra, Sosa Castelán, antes priista y de poco tiempo a la fecha miembro de Morena en busca de una tabla de salvación, arremetió en contra del periodista Rivera Flores al demandarlo judicialmente por daño moral, y transcurridos ya más de 15 años, el demandado fue sentenciado a pagar alrededor de 130 mil pesos, de los diez millones que pretendía el demandante. En 2011 el Poder Judicial de la Federación le negó un amparo y quedó a la espera de que se fijara el pago de la indemnización.

El juez 29 de lo Civil del Distrito Federal, Miguel Ángel Robles, ordenó el pago de cerca de 740 mil pesos por gastos del juicio. Como el autor carecía de recursos, y en vista de la injusticia cometida, que en realidad era, además, un atentado en contra de la libertad de expresión, el pago lo hicieron la Fundación para la Libertad de Expresión  (Fundalex)  y Todo por el Derecho a la Información (TDI).

Ahora las cosas se le han revertido al imperio del cacique Gerardo Sosa Castelán, cabeza del citado patronato universitario.

Este hecho da pie para preguntar si es el principio, el primer gran paso para hacer una exhaustiva revisión general a todas y cada una de las instituciones de educación superior en el país que reciben enormes recursos públicos y que, amparándose en la inexpugnable autonomía universitaria, algunos exrectores se han convertido en los tótem y sin cuya intervención nada se mueve.

Bajo ese cobijo amasan fortunas para sí y los suyos; además, al tiempo que

se enriquecen acaparan influencias, poder económico y político. De estos casos tenemos variados ejemplos.

Aquí cerca están la Universidad de Colima y, localmente, la Universidad de Guadalajara. En ésta, desde hace 31 un años, el único que manda, el único que quita, pone y dispone de recursos humanos, y sobre todo financieros, es Raúl Padilla López, sin cuyo mandato o anuencia no se mueve ni una hoja.

El Licenciado, como se le conoce entre los suyos, manda, hasta ahora, del Consejo General Universitario hacia abajo. Es el señor del dedazo en la designación del rector general y hasta los rectores de cada centro universitario.

 En la UdeG hay, o había hasta hace relativamente poco, una diferencia con lo que había venido sucediendo en Hidalgo, donde que existe un solo patronato universitario. Aquí son muchos más, prácticamente uno por cada centro universitario, aparte de patronatos de corte cultural, que no son sino negocios que no rinden cuentas, al menos amplias y transparentes para que las vea todo mundo, como el Centro Cultural Universitario, en donde se ubica el auditorio Telmex, de cuyas ganancias casi nadie sabe; el Centro Cultural Santander, el Festival Internacional de Cine, la Feria Internacional del Libro y varias empresas más, conocidas como parauniversitarias, de cuyos manejos poco o nada trasciende.

 En suma, la UdeG, mejor dicho, quien o quienes la dirigen, operan, con opacidad, anualmente un presupuesto de más de 14 mil millones de pesos, que es el de este año.

 A este hay que agregar alrededor de tres mil millones de pesos más que se destinan a los dos hospitales civiles que, a pesar de ser instituciones de beneficencia, cobran, aún a la gente más menesterosa, desde exámenes médicos hasta hospitalización que ronda, por día, más de 600 pesos.

Lo que se debe saber es a dónde va a dar o cómo opera el presupuesto que, como el de la propia Universidad, provienen al 50 por ciento tanto del gobierno federal como del estatal.

 ¿Qué sucederá si llega el día en que se haga una auditoría a fondo tanto en la UdeG como en los hospitales civiles Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca? Hace años se descubrió ahí el manejo de dobles facturas y facturas falsas.

De todo esto hay todavía mucho que averiguar, y si el presidente López Obrador quiere reivindicarse con Jalisco, deberá enfocar sus baterías hacia estas instituciones.

 Moraleja para la UdeG y su jeque, Padilla López: “Cuando veas las barbas de tu vecino –y espejo fiel– cortar, pon las tuyas a remojar”.