Domingo 4 de enero.- Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una carta conjunta en la que manifestaron su profunda preocupación por la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela, reiterando su apego a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional.
En el pronunciamiento, los países firmantes rechazaron las acciones militares ejecutadas de manera unilateral en territorio venezolano, al considerar que contravienen principios fundamentales como la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados. Advirtieron que este tipo de acciones representan un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional, además de poner en riesgo a la población civil.
Asimismo, reafirmaron que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo y la negociación, respetando la voluntad del pueblo venezolano y sin injerencias externas. Subrayaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.
Los gobiernos también reiteraron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, basada en la solución pacífica de las controversias y la no intervención, por lo que hicieron un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad de la región. En ese sentido, exhortaron al Secretario General de la ONU y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.
Finalmente, manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, al señalar que dichas acciones son incompatibles con el derecho internacional y representan una amenaza para la estabilidad política, económica y social de la región.
El posicionamiento fue suscrito por los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay.
