Felipe Cobián Rosales

21 de abril de 2022.- Mañana, 22 de abril, se cumplen tres décadas de la mayor tragedia ocurrida en Guadalajara en tiempos modernos: la explosión de los colectores de aguas negras en el Sector Reforma, debido a una criminal fuga de gasolina ocasionada, muy probablemente, por el incipiente huachicol -a menos de 400 metros de la planta de distribución de La Nogalera- que creció hasta proporciones insospechadas, ante el disimulo y, tal vez, el cobijo de Pemex.

Entonces, Francisco Ortiz Pinchetti y yo, escribimos en el número 808 de la revista Proceso a raíz de una investigación que habíamos hecho ambos y que las autoridades estatales y federales se negaron siempre en reconocer, pero nunca pudieron refutar; que el 14 de abril, martes santo, los técnicos al cuidado del departamento de ductos de la planta almacenadora de Pemex, se percataron de una constante pérdida de presión en los medidores del poliducto que la abastecía de gasolina.

El reportaje empieza: “Ocho días antes de la explosión que partió las entrañas de un amplio sector de esta ciudad, los técnicos de Petróleos Mexicanos empezaron a notar en sus manómetros, una descompresión en el flujo de gasolina a través del poliducto sur proveniente de la refinería de Salamanca.

“Fue el primer síntoma de una fuga de grandes proporciones”. (Posteriormente se calcularía hasta en 500 mil litros que hicieron represa en un sifón en tanto construían a línea 2 del Tren Eléctrico).

“Cinco días más tarde, el domingo 19 de abril era ya perceptible, en casi todo el Sector Reforma y en varias colonias del oriente y el sureste de la ciudad, un olor extraño a picoso, como a gas” que emanaba de las alcantarillas callejeras.

“El martes 21, las alarmas se habían generalizado y los habitantes del Sector Reforma denunciaban, a través de las radiodifusoras locales -e igualmente al otro día en algunos diarios-, la presencia del extraño e inquietante olor que ahora salía también de los caños y coladeras domésticas. Ninguna autoridad tomó una decisión al respecto.

“Y el miércoles 22, a las 10:09 de la mañana, ocurrió la primera de una decena de explosiones que destruyeron más de trece kilómetros de calles, causando destrozos indescriptibles en un área de 20 manzanas y provocaron más de 200 muertos y 1,800 heridos”…

La explosión ocasionó entonces la muerte instantánea de, al menos, 212 personas que oficialmente fueron reconocidas, aunque organismos independientes como la Coordinadora de Damnificados 22 de Abril, estimaron en cerca de mil los fallecidos por una negligencia que nunca recibió un castigo por las autoridades que gobernaban en su momento la ciudad y el estado, Enrique Guillermo Cosío Vidaurri, respectivamente y menos Pemex que, sin peritaje alguno, se apresuró a señalar como causante a una fuga de hexano de la fábrica de Aceites La Central, S.A.

La misma versión fue aceptada a nivel federal por el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Donaldo Colosio -asesinado 23 meses después en Tijuana ya como candidato presidencial- y por Cosío Vidaurri, de quien también escribimos Ortiz Pinchetti y este servidor en el mismo número de Proceso que “llegó tarde al cargo y fue incapaz de ejercer un liderazgo real que le permitiera al menos recuperar parte de la imagen perdida a lo largo de los tres primeros años de gobierno. Ahora, el clamor pide su renuncia al considerársele responsable principal de la negligencia de las autoridades frente a la emergencia previa a las explosiones…”.

Una semana después, Cosío Vidaurri pidió licencia, pero no antes de dejar en su lugar a un incondicional como interino por los tres años que le restaban, Carlos Rivera Aceves, a la sazón, líder de la fracción priista en el Congreso del Estado y fue quien hizo todo para librar a su predecesor y protector de cualquier amago de castigo.

Ya al frente del Poder Ejecutivo, Rivera Aceves hizo no lo suficiente para resarcir a los deudos de los fallecidos e igual sucedió con sus sucesores panistas, Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez y la deuda con los damnificados aún permanece, pese a tantas promesas, aún de la misma sociedad que prometió no olvidar tamaña catástrofe, cuya herida, 30 años después, no acaba de sanar y ya muchos tapatíos, en particular jóvenes, parecen ni saber de ella.