Felipe Cobián Rosales
13 de mayo de 2022.- Con mucha frecuencia escuchamos de fuentes oficiales el envío de cientos de soldados o guardias -que para el caso son lo mismo- a distintos estados del país “para reforzar la seguridad”. Las más recientes designaciones, 450 elementos a Jalisco y otros tantos para Nuevo León.
La pregunta es: ¿y para qué si les atan las manos a los uniformados para obrar en contra de quienes realmente atentan contra la estabilidad social y la seguridad, ya sea de manera individual o en forma de bandas o crimen organizado con el sofisma de defender sus derechos humanos? ¿Para qué si previamente no hay atrás el apoyo de inteligencia y del número adecuado de oficiales y tropa para disuadir y, en caso ineludible hacer uso de la fuerza contra los malvados?
Ya son varias las ocasiones en este sexenio que, por decisiones, al menos erróneas, si no es que, por algún otro interés, incluso político, para ganar una elección, ponen en aprietos y hasta en grave riesgo a elementos del Ejército o de la Marina, frente a organizaciones criminales e, incluso, los desarman, los llenan de vituperios y los hacen quedar en ridículo por culpa las órdenes que tienen de arriba.
Frente a esto, no hay explicaciones o justificaciones que valgan, salvo que desde lo más alto se quiera minar el prestigio del que gozan las Fuerzas Armadas que, por cierto, tanto cuestionaba como candidato López Obrador y amenazaba con desaparecer al Ejército, pero jamás se pensó que pudiera ser por esta vía del desprestigio. No obstante, hoy lo utiliza para todo, lo distrae y, lo peor, permite que las ridiculicen como ya se anotó antes.
En La Huacana, Michoacán, un destacamento de soldados fue retenido o, para ser más claro, secuestrado meses después de que Andrés Manuel asumió el poder. En octubre de 2019, tras un operativo impecable de militares, fue detenido, sin un solo disparo, el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. Después de varias horas de su captura, que fue mucho tiempo para haber sido trasladado en helicóptero a un lugar seguro sin mayores riesgos, el Presidente ordenó su liberación so pretexto de evitar un enfrentamiento. Los aliados y sicariato de Ovidio gozaron de todo el tiempo para preparar un ataque. Así fue que pareció que no había de otra más que liberarlo.
Ya todo mundo es testigo del video en el que se ve a un grupo de camionetas repletas de civiles, unos armados y otros tal vez no, presumiblemente del Cártel Jalisco Nueva Generación, corretear por calles y carretera a un convoy militar de cuatro patrullas, en una para nada graciosa huida de Nueva Italia, municipio de Mújica, Michoacán.
Y el remate al tercer día, o sea, ayer jueves 12, cuando en la mañanera, el presidente López Obrador justificó recurriendo, cual su costumbre, al pasado “…cuando les decían: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’. “Eso cambió, además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”.
Antes de los derechos humanos de los criminales -¿derecho a delinquir, a la impunidad?- que no se tientan corazón para atacar a quien sea, para secuestrar o asaltar a ciudadanos comunes, pacíficos y respetuosos de la ley, están primero los derechos de éstos porque son respetuosos de la ley, porque son más humanos que aquellos. Además, el gobierno tiene la obligación, bajo mandato constitucional, de usar la fuerza cuando no queda otro camino y es no es faltar a los derechos de las personas. No existe entonces punto de comparación y menos de confusión.
Hoy, las cosas están al revés. Cuando la inseguridad y la violencia alcanza niveles alarmantes y se contabilizan más de 120 mil muertes violentas en el país, entre ellos de más de 35 periodistas en los últimos tres años, la desafortunada respuesta presidencial ante lo sucedido en Nueva Italia, será interpretado por los infractores de la ley, por decir lo menos, como una licencia para matar a quien les venga en gana, para hacer y deshacer, para delinquir sin consecuencias frente al orden, a ley y el respeto a la vida de quien sea.
La opinión del periódico La Jornada, aliado indiscutible de la 4T, lo dice todo en su acostumbrada Atalaya, a propósito de lo declarado por el Presidente:
“Cuando de causar daño se trata, se confunde la impunidad con los derechos humanos”.
Tan claro como el agua.