Felipe Cobián Rosales
20 de octubre de 2022.- El 10 de noviembre del año pasado, elementos de la Guardia Nacional (GN) mataron por la espalda a una menor de edad embarazada al disparar a la camioneta que conducía su pareja quien no atendió, o no entendió, la orden de parar cuando en el kilómetro 146 circulaba por la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara.
En su descargo, los tres guardias nacionales que iban en su patrulla, argumentaron que fueron rebasados a exceso de velocidad por tal vehículo, sin placas y que, al marcarles el “alto” no hicieron caso y tuvieron que disparar a las llantas de la unidad, sin que se tengan mayores detalles y únicamente se cuenta con la versión de los oficiales.
Negada hasta hace poco a emitir cualquier recomendación que pudiera tocar la susceptibilidad de cualquier ente federal, y no se diga de quien la colocó en el puesto y manda en este país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a cargo de la morenista Rosario Piedra Ibarra, la semana pasada sorprendió a propios y extraños cuando, en referencia a ese asesinato cometido por miembros de la GN, admitió abuso de autoridad:
“El uso de la fuerza aplicado por los elementos de la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer embarazada, no fue gradual, ni se intentó reducir al mínimo los daños. Tampoco se advirtió que hubieran intentado realizar maniobras menos letales, ni pudieron acreditar que el uso de las armas haya sido estrictamente inevitable, como lo establece la legislación aplicable”, por lo que emitió la recomendación respectiva que tuvo su origen en la queja CNDH/2/2021/10770/VG, que exige conocer el reglamento y los protocolos respectivos.
Para abonar en contra de la militarización, y particularmente en contra de diputados y senadores que irresponsablemente -por un plato de lentejas: el perdón, para no ir a la cárcel, de las sinvergüenzadas del mandamás del PRI, “Alito” Moreno y las fechorías de otros diputados y senadores de la oposición- aprobaron, inconstitucionalmente, que la Guardia Nacional deje de ser una corporación civil, al menos hasta el 2028 -quién sabe con qué aviezos, absolutistas propósitos, hace escasos diez días circuló profusamente un video en que un uniformado de la GN, a bordo de un auto particular disparaba indiscriminadamente de noche una metralleta. Nada se sabe que haya sido sancionado o destituido y menos, de quién se trata.
Y sigue a mata dando: once meses después de la muerte de aquella jovencita de 16 años, en Ocotlán, Jalisco, el domingo pasado (16 de octubre) un incidente de tránsito en el que habrían intervenido un particular y una patrulla de la GN y en el que los integrantes de ésta abusaron de su autoridad sin que tampoco se tengan más detalles, ocasionó una manifestación pública por las calles de dicha ciudad. La marcha concluyó a las puertas del cuartel de la misma Guardia Nacional, fue disuelta por ésta con bombas de humo, gas lacrimógeno y disparos “al aire” que ocasionaron heridas de bala o esquirlas en dos personas.
Los hechos quedaron consignados en al menos dos videos en que se escucha cerca de medio centenar de detonaciones de armas de alto poder.
Si este tipo de incidentes, que para nada son menores, ocurren cuando aún falta que la sociedad -“el pueblo” no uniformado- acepte o rechace abiertamente tan sospechosa militarización que antes, y ahora, en sus interminables campañas políticas que tanto criticó el Presidente a sus predecesores, en particular a su peor enemigo, Felipe Calderón, ¿qué no podrá ocurrir en lo que resta de su gobierno?
Y si a todo esto le añadimos que el titular de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, se niega a comparecer ante los legisladores para dar cuenta de todo esto y, en particular, de la falla que dio origen la extracción, al menos, de 24 millones de archivos o documentos de un promedio de mil palabras cada uno -dicen los que saben y han hecho cálculos, como Raúl Trejo Delarbre (Crónica de Hoy, 5-10-22) hackeados por el grupo Guacamaya, nos preguntamos si no estamos ya en camino de un gobierno militarista y más que autoritario.
Y eso, sin contar que hoy todo lo manejan el Ejército y la Marina que aparecen por todas partes, desde el manejo de aduanas, constructoras y aeropuertos hasta la voluntad del Poder Legislativo.
No en balde dos que tres articulistas han coincidido en los últimos días que detrás, e incluso arriba del Ejecutivo, están las Fuerzas Armadas. Ojalá estén equivocados, pero… Falta mucho por ver. Y que ¡Dios nos guarde de La Guardia Nacional!
