El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) es un pozo profundo, de aguas oscuras, espesas, gelatinosas, en las que difícilmente penetra la luz, por lo que es imposible ver con claridad. Esas aguas despiden un olor agrio y pestilente, porque algo se pudre en el fondo.
El martes 31 de julio del 2018, en protesta por presumibles irregularidades en el manejo de fondos del IPEJAL, jubilados y pensionados realizaron una marcha desde la glorieta de La Minerva, hasta Casa Jalisco, hogar del mandatario priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El pasado lunes 15 de octubre del 2018 trabajadores y extrabajadores públicos colocaron cruces y ataúdes en la fachada del IPEJAL, en protesta por las irregularidades que presumen se han cometido en el manejo de los fondos de retiro de los burócratas del estado.
Simultáneamente otro pequeño grupo se manifestó ese mismo día, por las mismas razones, frente a Casa Jalisco.
Este jueves 8 de noviembre del 2018, pensionados y jubilados del “Colectivo 19 de abril” se manifestaron al mediodía frente a Palacio de Gobierno, en Guadalajara, para exigir cuentas claras en las finanzas del IPEJAL, debido a la incertidumbre que genera el cambio de gobierno a partir de diciembre.
Estuvieron presentes extrabajadores de la Secretaría de Finanzas, de Educación, de la Fiscalía, de la Secretaría de Movilidad, del SIAPA, del Ayuntamiento de Guadalajara y del Departamento de Bomberos.
Sus protestas y sus dudas son justificadas. En el servicio público hay culpas que se tienen que asumir como consecuencia de las acciones u omisiones que se cometen en el cumplimiento de las responsabilidades que les corresponden a los presuntos servidores públicos, en los cargos que les han sido confiados.
La negligencia de los presuntos servidores públicos también lubrica las complicidades, cuando se presumen o se conocen las irregularidades y no se investigan para deslindar culpas.
Una tarea ineludible, determinada por imperativos jurídicos y éticos, que tendrá que emprender el gobierno que iniciará funciones el próximo jueves 6 de diciembre, encabezado por el emecista Enrique Alfaro Ramírez, es concluir las investigaciones que están pendientes, con respecto a por lo menos 12 denuncias que presentó el contralor de Jalisco (2013-2016) Juan José Bañuelos Guardado, ante la Fiscalía General del estado, por presumibles irregularidades y potenciales delitos cometidos en la administración del mandatario panista Emilio González Márquez, por un monto de 7 mil 573 millones de pesos.
Pero de igual manera, la nueva administración tendría que ser muy rigurosa en investigar e incluir en el mismo paquete, las inversiones que el gobierno de González Márquez hizo con recursos del IPEJAL y de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público de la entidad.
PENSIONES EN RIESGO
El gobierno de Alfaro Ramírez tendría que investigar las condiciones en las cuales la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público de Jalisco (Iprovipe) realizó una inversión de 587 millones de pesos en la construcción de la Villa Panamericana 2011, que según estimaciones del Gobierno Estatal tuvo un costo final de mil 452 millones de pesos.
Esa inversión está en riesgo porque los departamentos de la Villa Panamericana 2011 no pueden ser comercializados debido a que se construyeron en condiciones irregulares, con la participación de la promotora privada Grupo Corey que aportó 350 millones de pesos.
En este mismo delicado y riesgoso negocio también estaría involucrado el IPEJAL, que hizo una inversión de por lo menos 515 millones de pesos en la Villa Panamericana 2011.
Entre las inversiones riesgosas habría que sumar los 89 millones de dólares que IPEJAL aportó para el proyecto turístico de Chalacatepec en la costa de Jalisco, que ascendería a mil 780 millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar.
Ese proyecto fue anunciado el martes 26 de enero del 2010 por González Márquez y por el entonces presidente del Consejo Directivo del IPEJAL, Óscar García Manzano y Pérez Mújica.
Se informó entonces que el gasto en la compra de terrenos y en la primera fase de urbanización del proyecto ascendería a 183 millones de dólares. Pensiones del Estado aportaría 89 millones de dólares y los restantes 94 millones de dólares serían de la iniciativa privada.
El 10 de mayo del 2016 Mural publicó que el IPEJAL habría invertido 604 millones de pesos en el proyecto del acueducto de la Presa El Zapotillo, en Los Altos, para surtir de agua a la ciudad de León, Guanajuato, concesionado a la empresa Abengoa. Esta última inversión se habría realizado en octubre del 2015.
¿QUIÉNES DECIDIERON?
¿Quiénes estarían involucrados y tendrían que ser llamados a rendir cuentas?
El 8 de septiembre del 2010 González Márquez removió de la presidencia del IPEJAL a Oscar García Manzano y Pérez Mújica quien había estado en el cargo desde el 1 de marzo del 2007, y dejó en su lugar a Eduardo Mar de la Paz, quien fungía como su Coordinador de Asesores.
García Manzano, quien falleció el pasado domingo 4 de febrero del 2018, inició el sexenio de González Márquez como Secretario de Finanzas, cargo al que renunció el 16 de mayo del 2008, pero conservó la presidencia del IPEJAL. Él operó la inversión en Chalacatepec.
El 13 de abril del 2011 Mar de la Paz fue relevado de la presidencia del consejo de administración del IPEJAL y en su lugar quedó José Ricardo Serrano Leyzaola, quien al mismo tiempo cerró el sexenio panista como Secretario de Administración y operó la inversión en la Villa Panamericana.
En el Gobierno actual de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), ha sido presidente del IPEJAL Francisco de Jesús Ayón López.
Quien sea nombrado Fiscal General de Jalisco, de la terna que integran Salvador González de los Santos, Rodrigo Lazo Corvera y Gerardo Octavio Solís Gómez, deberá ser acuciosamente profesional, serio y honrado en el seguimiento de las investigaciones sobre el manejo financiero de Pensiones del Estado. Por sus obras los conoceremos, a alguno de ellos y a su jefe, el próximo gobernador.
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