Pensiones, derecho pisoteado
Juan M. Negrete
Meterle la mano al conflicto que vivimos los trabajadores mexicanos con el tema de las pensiones, es ingresar a un laberinto demasiado confuso. De tales enredos, la claridad nos queda demasiado alejada. Pero habrá que hacerle la lucha a alcanzarla y no rendirnos en el intento. La semana anterior en este mismo espacio dimos los primeros pasos para hundirnos en lo que calificamos como un pantano o un erizo inasible. Se impone entonces aportar algunos datos necesarios para su mejor comprensión. Sigamos con nuestro ensayo.
La semana anterior afirmamos que haber trasladado los fondos de las pensiones de un modelo solidario a otro de cuentas bancarias individualizadas vino a ser una desnaturalización, por no calificarlo como un atraco en despoblado. Ha generado mucho descontento entre los afectados, que somos todos los trabajadores del país. Hay que decir que no hemos sabido coordinarnos con la necesaria energía para conseguir que las autoridades competentes pongan fin a su desorden.
Visto de forma atingente a su normativa constitucional, a este desfalco global habría que tacharle de violación, de delito pues, que lo es. Viene a ser un cambio de mira lesivo a los intereses de la nación, entendiendo que la nación somos todos los que sostenemos este edificio complejo que llamamos México. Está al mismo nivel de descomposición, al que nos someten cuando se proponen convertir en mercancía nuestros derechos fundamentales a la salud y a la educación.
Las pensiones se inscriben dentro del inviolable derecho al desarrollo colectivo. Saltar las pensiones de los renglones de la solidaridad a los de las cuentas financieras individualizadas, viene a transformar estos fondos en meras mercancías, sometidas al riesgo de su extracción o atraco. Y esto es conseguido con la bendición de la legalidad operante. Se trata en el fondo pues de una seria derrota más del modelo estatal frente a su demolición, para regirlo todo mediante las leyes del mercado.
Habrá que dar pasos firmes para entender el desplome de este derecho funtamental vapuleado. Encierra demasiadas variables complejas. Un primer paso ilustrativo nos lleva a diferenciar los grupos de beneficiarios, derivados de nuestra legalidad constitucional aún vigente, aunque esté siendo reducida cada vez más a líneas demasiado adelgazadas.
El artículo que se ocupa de esta materia es el 123° de nuestra ley fundamental, que posee dos apartados: el A y el B. En el apartado A se norma a los trabajadores ligados a las empresas o patrones privados. En el apartado B se atiende a los trabajadores cuyo patrón es el estado. La diferencia de fondo entre ambos rubros consiste en que en el apartado A está consagrada la bilateralidad, mientras que en el B el patrón es el que lleva la batuta e impone solo las decisiones que se toman en este renglón.
En los hechos, para cuestión del renglón pensionario, a los trabajadores inscritos en el apartado A los ampara el IMSS; mientras que es el ISSSTE el que atiende a los del B. Hay aquí una enorme laguna para los trabajadores, a los que contemplamos como ubicados o inscritos en la economía informal. Pero de esta orfandad nos ocuparemos en otro momento, para no distraernos hoy.
La traslación de los fondos solidarios a las cuentas individualizadas fue, como ya lo afirmamos antes, una conversión de un derecho básico laboral a una mercancía. Desaparecieron nuestras viejas bolsas solidarias y se las llevaron a las famosas Afores. Hay algunos números reveladores en esta sustitución. Las Afores administran hoy en día un total de 69. 7 millones de cuentas y tienen 52 millones de trabajadores registrados. Las comisiones que cobra el SAR por el manejo de estas cuentas descendieron del 1.87% del 2008, al 0.55% en 2025. Pero aún así, los ingresos de las Afores y del SAR fueron de 15 mil millones de pesos en 2008. Ahora, en el 2025 fueron de 40, 105 millones en el 2025. La magia del mercado, como se ve, es para los genios financieros. ¿Cómo le hacen?
Hay que señalar algunas variables más, que complican la continuación solidaria de los fondos pensionarios, propios de un estado de bienestar. Se daba por hecho que la pirámide poblacional era uno de sus pilares no derruíbles. Pero en los días que corren estamos constatando que esta verdad antediluviana no era tal. Lo que palpamos de este renglón, por los días que corren, es un serio decremento en los índices demográficos.
Por los años sesentas, nuestra población crecía a una tasa anual del 3.5%. Según los datos de la Conapo, este número se ha desplomado a la tasa del 0.84%. El censo de 1960 nos señalaba un total de 34.9 millones de habitantes, mientras que al día de hoy el espectro nacional arroja la cifra de 133 millones de paisanos. La media, en cuestiones de edad, que en los sesenta era de 20 años, ahora nos dice que fluctúa en los 31 años. Estamos envejeciendo más, visto el tronco poblacional general. Pero la tasa preocupante viene a ser la del reemplazo generacional, señalada atrás.
Si la tasa de los nacimientos baja o se desploma, como lo estamos registrando aquí, la fuerza de trabajo disponible se contrae. Y ya no hablemos de la expulsión de la mano de obra del país por el fenómeno de la emigración. Aquí mismo, con nosotros, en lo que hay de fuerza laboral, la proporción de trabajadores es decreciente. La producción global que viene de las manos activas de nuestros trabajadores se ha ido reduciendo. Y sus cifras reflejan por fuerza su reducción tanto en los números del PIB por habitante, como en los bienes que nos compartimos entre todos.
Esta variable es pretexto socorrido para justificar la conversión, que los gobiernos neoliberales hicieron con nuestros fondos pensionarios solidarios. La 4T tiene que encontrarle una solución seria y no limitarse a tan sólo estarle parchando algunos agujeros. Luego le seguimos.
